Por: Jimena Mercado C.
“Sabemos quiénes son”, “tenemos las imágenes”, “contamos con los registros fotográficos”, “daremos con los autores”, “vamos a investigar”,“sancionaremos a los responsables”; son sólo frases que escuchamos casi a diario de parte de las autoridades del gobierno y policiales, tras hechos de violencia que se dan contra masistas, indígenas, periodistas o simplemente personas que se manifiestan contrarias a las acciones fascistas de los líderes cívicos, empresarios y prefectos, que se centran en administrar temerariamente la violencia.
Cabezas rotas, personas ultrajadas, indígenas humillados, periodistas agredidos, c´ollas pisoteados, mujeres chiteadas, dirigentes amenazados y golpeados, instalaciones zaqueadas son algunos saldos de la rabiosa ira de Costas, Marinkovic, Suárez, Dabdoud y otros líderes regionales que desfilan su violencia por calles, carreteras, zonas marginales, instituciones del Estado y hasta el área rural en busca de cualquier indicio de rebeldía contra sus políticas fascistas y totalitaristas.
En la otra vereda; policías “pacifistas”, que tiemblan al momento de reprimir a los terroristas de las calles, que escudados en la impunidad de protección que gozan de parte de su Prefectura, su Comité Cívico, su Ministerio Público y su Poder Judicial, castigan a diestra y siniestra a todo aquel que se cruza en su camino. Deben escarmentar a quienes se atreven a contrariar las decisiones de la elite opositora al gobierno.
Mala señal las que dan los ahora autodenominados gobernadores de la quebrantada “media luna” pues no son capaces de garantizar los derechos de los y las ciudadanas a circular libremente por las calles céntricas de esas ciudades, de marchar pacíficamente en apoyo a una u otra causa, de acatar o no a un paro cívico, de bloquear o no carreteras en demandas regionales y/o políticas. Su liderazgo es tan cuestionado, que sólo a chitotazos y palazos logran convocatoria.
Pero peor señal nos dan las instituciones destinadas a administrar la justicia y hacer cumplir la ley, pues ni siquiera aquellos bándalos que castigaron sin clemencia a jefes policiales en calles céntricas de Santa Cruz, fueron llevados ante una autoridad judicial, menos suerte corren dirigentes campesinos como el valiente beniano, Wálter Casanova, quien sufrió graves lesiones, tras el asalto violento a Seduca.
Mientras la Policía no sea capaz de capturar a los violentos que ostentan carta libre para agredir a quien se les antoje o aquellos terroristas que queman casas de campaña del MAS o sumergidos en la noche dejan dinamitas en puertas de sus enemigos políticos y la Fiscalía no tenga la voluntad de imputar con pruebas a todos aquellos que siembran terror y muerte en el país, la población no tardará en pensar que es mejor auto-defenderse, llevando así a un espiral de violencia que sólo nos va conducir al hundimiento del país.
Así, resulta irónico que aquellos que acusan a Evo Morales de dictador y dicen defender la democracia, practican la peor de las dictaduras: el odio racial, la violencia física y verbal y no dejan que alguien piensa diferente. ¿Es la democracia de las autonomías?...
23 de septiembre de 2008
Terrorismo impune
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