Teniendo tantos recursos económicos, por qué estamos como estamos…?

Marcelo Arandia Alarcón

Si partimos por reconocer que la municipalización del país y la creciente demanda por construir nuevos escenarios de concertación están permitiendo el acceso de la población local al poder público, sin embargo, no podemos pasar por alto que en Bolivia aún existen limitaciones en cuanto a la asignación y orientación de las inversiones públicas principalmente de los espacios sub nacionales (Prefecturas) hacia las regiones y/o provincias. Actualmente la distribución de regalías en algunos de los departamentos hacia sus provincias productoras tiene simplemente un carácter simbólico puesto que las cifras reales que les debieran asignar generalmente se diluyen en la burocracia administrativa de las entidades prefecturales.

En la gestión 2007 para el departamento de Santa Cruz la distribución de regalías departamentales alcanzo un monto equivalente a 369.547.121 Bs. de los cuales el 93,48% de estos fondos eran provenientes de las regalías hidrocarbúriferas, el 0,59% de patentes forestales y el 5,93% de regalías mineras, pero si contrastamos con lo que estipula la Resolución del Consejo Departamental Nº 71/2006 que establece la distribución de regalías (hidrocarburiferas, mineras y patentes) hacía sus provincias, bajo la modalidad del 50% para las provincias productoras, 40% para las no productoras y 10% para la administración prefectural, se puede advertir que en la practica este mandato no se cumple, puesto que solamente el 28,18% (104.145.546 Bs) del total de regalías son transferidas a las provincias, por lo que el centralismo prefectural administra y define sobre aproximadamente el 68,99% equivalentes a 254.960.287 Bs. Estos fondos básicamente se destinaron para gastos de funcionamiento, pago de deudas, pago a proyectos de continuidad e ítems de salud prefectural, por tanto la consigna sobre la distribución del 50 – 40 – 10 para la distribución de regalías, bandera actual de la administración prefectural de hacer Autonomía al andar, en la practica no había sido tal, ya que los recursos económicos provenientes de esta fuente aún siguen siendo centralizados bajo una lógica de priorizar inversiones en la capital cruceña, mucho más que en el resto de las provincias.

También es bueno precisar qué cantidad de recursos está llegando a las regiones, y para ello procedemos a realizar un análisis sobre la evolución de los recursos económicos por transferencias (Coparticipación Tributaria, IDH, HIPCII) a la Región Chaqueña[1]. En este sentido, es necesario evaluar en qué medida estos recursos están sirviendo para encarar verdaderamente programas y proyectos destinados a superar las condiciones de pobreza, siendo que en la actualidad el porcentaje de pobres en las provincias chaqueñas tiene los siguientes datos, Cordillera presenta un 63,12% de pobres del total de su población; Luís Calvo el 82,53%, Hernando Síles el 75,62% y el Gran Chaco el 49,93% respectivamente.

En este sentido, la Macroregión del Chaco desde el establecimiento de la Ley de Participación Popular en el año 1994, ha percibido recursos económicos provenientes de la coparticipación tributaria (única fuente principal en ese momento) por un monto equivalente a 10.578.046 Bs, de los cuales el Chaco Cruceño[2] recibió el 37,95% (4.014.880 Bs.), el Chaco Tarijeño[3] el 39,56% (4.184.630 Bs.) y el Chaco Chuquisaqueño[4] el 22.49 % (2.378.534) resultando para ese entonces una asignación per cápita de 45,30 Bs ( ingreso por persona según censo de población), al 2008 la asignación per cápita de esta misma fuente se encuentra en 354 bolivianos por persona.

Indudablemente este panorama de evolución de ingresos en los municipios Chaqueños se ve incrementado sustancialmente a partir de la gestión 2005, de aproximadamente 10 millones de Bs que percibieron en el año 1994 sus recursos se incrementaron a 90.449.500 Bs, debido que a partir de este año además de los recursos de coparticipación tributaria, los Gobiernos Municipales comienzan a percibir recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Diálogo 2000. Desagregando esta información por regiones, tenemos que los municipios del Chaco Cruceño para esta gestión percibieron 22.819.091 Bs. con un promedio per cápita de 224,88 Bs. por habitante; los municipios del Chaco Tarijeño recibieron 49.551.351 Bs estableciendo este monto un promedio per cápita de 366,56 Bs y finalmente los municipios que se encuentran en el Chaco Chuquisaqueño recibieron 18.079.057 Bs con un equivalente per cápita de 318.57 Bs. por habitante.

En la actualidad este comportamiento ascendente en los ingresos que perciben los municipios del país en general y los de la Macroregión del Chaco en particular, se vieron incrementados de manera exponencial principalmente por los que provienen del IDH; solo la región Chaqueña para este año estima recibir por trasferencias de fondos públicos 226.637.760 Bs, de los cuales el 24,63% (55.823.651 Bs) están destinados a los municipios del Chaco Cruceño que tendrán como promedio per capita aproximadamente 550,13 Bs por habitante; un porcentaje mayor recibirán los municipios del Chaco Tarijeño con un equivalente a 57,61% (129.650.943 Bs), donde el promedio per cápita alcanza a 1.403,53 Bs. por persona, por lo que esta región es una de las que mayor beneficio percibe respecto al conjunto de trasferencias municipales, finalmente los municipios que se encuentran dentro del Chaco Chuquisaqueño percibirán el 18.16% (41.163.166 Bs) con un promedio per cápita de 725,34 Bs.
Esté análisis nos demuestra que en el último decenio el país y todas los municipios han visto incrementados de una manera sustancial la percepción de recursos económicos provenientes de fondos públicos, puesto que solo en los municipios de la región Chaqueña el promedio per cápita de 45,30 Bs. en el año 1994 se vío incrementado a 1.403 Bs. para la gestión 2008. Lo paradójico de este hecho es que muy poco o casi nada se ha avanzado en procura de lograr un verdadero mejoramiento de las condiciones de vida que nos permitan superar las actuales condiciones de pobreza en que vive gran parte de las comunidades indígenas y campesinas de las áreas rurales de estos espacios territoriales.

Lamentablemente hasta ahora no se puede evidenciar que la gran cantidad de recursos económicos que llegan a los municipios haya servido para acompañar la construcción de entornos favorables que faciliten procesos innovadores o provoquen mejoras de las dinámicas productivas en torno a la viabilidad de nuevos mercados, mucho peor que permitan el fortalecimiento de la base productiva local, en procura de incidir sobre mecanismos de transformación del sistema productivo, mejorando sus niveles de competitividad. Razón por la cual, el fomento a la diversificación productiva local con valor agregado y la sostenibilidad de las actividades locales se constituyen en una agenda pendiente en la dinámica municipal y regional.

Esto nos demuestra que en la mayoría de los municipios del Chaco en particular y del país en general, se hace evidente que no solo hay una débil inversión hacia los fines productivos, sino además que ésta contribuye poco a afectar realmente un desarrollo territorial. Como bien podemos destacar, las escasas inversiones públicas están “apoyando a la producción” antes que promoviendo económicamente el desarrollo territorial de sus municipios. Se percibe la ausencia del objetivo de la inversión productiva municipal, de la dimensión competitiva, de una visión sistémica del proceso productivo, de la articulación y cooperación entre los actores públicos y privados, de la ligazón del corto con el mediano plazo, como de lo local con sus ámbitos espaciales mayores.

La promoción económica reconoce la importancia de construir un entorno alentador en los espacios territoriales desde la acción municipal, pero que pasa con la competencia prefectural que poco o nada ha hecho por coadyuvar a promocionar el fortalecimiento de los sectores productivos en los municipios mediante el apalancamiento de recursos económicos tendientes a apoyar y dinamizar las principales actividades económicas de las regiones.

Finalmente podemos manifestar que cualquiera sea la explicación, el territorio es una dimensión viva, cambiante, social, política, real y como tal, debemos ser actores protagónicos de la construcción de nuestras visiones de desarrollo y para ello el proceso de control social de sus actores a los recursos que percibimos se constituye en una tarea fundamental, para que de esta manera sepamos orientar y optimizar los recursos públicos que nos llegan a los municipios y regiones, de tal suerte que podamos comenzar a construir verdaderos procesos de transformación social, económica y políticas desde los espacios más cercanos al ciudadano

[1] Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, Luís Calvo y Hernando Síles de Chuquisaca y Gran Chaco de Tarija
[2] Compuesto por los municipios de las siete secciones municipales de la Provincia Cordillera: Lagunillas, Charagua, Cabezas, Cuevo, Gutiérrez, Camiri y Boyuibe
[3] Comprende las tres secciones municipales de la provincia Gran Chaco: Yacuiba, Caraparí y Villamontes
[4] Corresponde a los municipios de Monteagudo y San Pablo de Huacareta de la Provincia Hernando Síles y los Municipios de Muyupampa, Villa de Huacaya y Machareti de la Provincia Luís Calvo