Bush, Lula y Evo

Por: Alejandro Guerrero

'La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid, sus siglas en inglés) está haciendo en Bolivia lo que ha estado haciendo en Venezuela', dijo el investigador y escritor norteamericano Jeremy Bigwood (IPS, 21/9). Esto es: promover la sedición de los opositores de derecha contra un gobierno al que Washington pretende derrocar.
Lula, en cambio, no quiere derrocar a Morales sino presionarlo - cosa que ha hecho desde mucho antes del estallido de la crisis- para que anude un acuerdo con la derecha.
La intención golpista de la Casa Blanca quedó de manifiesto cuando designó embajador en Bolivia a Philip Goldberg, ex operador del Departamento de Estado y de la CIA en Kosovo, nada menos. Pusieron a un experto en lo que querían hacer.
Lula, por su lado, necesita cualquier cosa menos una guerra 'kosovar' en Bolivia, donde, además, su representada Petrobras tiene fuertes intereses, sin hablar del gas boliviano que alimenta al parque industrial de San Pablo.
Por eso, el presidente brasileño formuló declaraciones muy duras contra la política norteamericana en Bolivia y respaldó explícitamente la expulsión de Goldberg ordenada por Evo Morales. Casi al mismo tiempo, Lula enviaba barcos de guerra a proteger el petróleo descubierto por Brasil en el Atlántico. ¿Protegerlo de quién?... de la IV Flota de los Estados Unidos, que navega en la zona.
En medio de su crisis, la camarilla de Bush parece buscar una salida de fuerza para que América latina vuelva a ser gobernada por el Consenso de Washington, como se dio en llamar a la reunión semi-clandestina de grandes bancos y corporaciones financieras con oficinas centrales en Manhattan.
Ése es un propósito de cumplimiento imposible, y Bush lo persigue en soledad. Por eso, en este punto -y no sólo en él-, el imperialismo mundial está con Lula, no con Bush. Nadie piense que Lula se ha vuelto 'progresista' de la noche a la mañana; por el contrario, él juega un papel contrarrevolucionario clave en Bolivia y en toda Latinoamérica.
La encrucijada boliviana
La profunda movilización popular que detuvo la sedición derechista y amenazaba con aplastarla ha sufrido ahora un retroceso impuesto no por sus enemigos 'autonomistas' sino por el gobierno de Evo Morales. Las presiones de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), en la que predomina el oficialismo, lograron que las masas campesinas levantaran el cerco que desde hace dos semanas mantenía aislada a Santa Cruz del resto del país.

La política vacilante del gobierno indigenista se manifiesta así peligrosamente en la práctica. El recule no le fue impuesto fácilmente a los campesinos y obreros combativos. Cabildos abiertos (asambleas populares) discutieron duramente en Boro Boro, a 51 kilómetros de Santa Cruz, y en las proximidades del puente que cruza el río Yapacaní, a 100 kilómetros de la capital cruceña. Ambos puntos fueron centros neurálgicos de los bloqueos carreteros que mantuvieron cercada a la capital cruceña, que ya sentía el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Allí se debatió la solicitud gubernamental de levantar los cortes para facilitar el diálogo con la derecha, comenzado el jueves 18 en Cochabamba. Finalmente, se decidió suspender el bloqueo carretero hasta el próximo 15 de octubre.

También el gobierno consiguió que los campesinos postergaran su marcha a Santa Cruz, cuando la derecha, después de mostrarse avasallante, ahora se aprestaba a defender el primer cordón de la ciudad, de modo que de antemano daba por perdido todo el resto. Esa derecha, a pesar del aire que le da el gobierno, comienza a sufrir en el plano organizativo las consecuencias de la derrota militar que le propinó la sublevación campesina:

'Los grupos de choque de la causa autonomista en Bolivia están en crisis. La ocupación violenta de oficinas públicas, sumada a los intentos fallidos por abrir las rutas bloqueadas por seguidores de Evo Morales, le costaron el puesto a David Cejas, presidente de la Unión Juvenil Cruceñista' (Crítica, 19/9).

No sólo fracasaron en las rutas. También en plena ciudad, donde los fascistas de la UJC fueron corridos a pedradas, aunque tenían armas de fuego, en el barrio Plan 3000, bastión de la izquierda.

Se ha entrado ahora en un equilibrio menos que precario. El límite preciso que el levantamiento campesino le puso a la prepotencia fascista obligó a la derecha a cambiar en mucho su tono de voz.

'Estamos esperanzados en conseguir un gran pacto social', declaró el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, al entrar en la reunión de Cochabamba. Ése es el que hasta hace poco hablaba de 'tiranía indigenista' y convocaba a desconocer la nueva Constitución e incluso a derrocar al 'indio de mierda', a quien ahora llama 'nuestro presidente'. A ojos vista, los tipos bajaron el copete aunque nada ha terminado de decirse aún.

En principio, este estado de cosas viene a demostrar que hasta la reunión de la Unasur en Santiago de Chile fue un recurso obligado por el parate que la movilización popular le puso a la derecha. Ese cónclave tuvo el propósito de contener a las masas obreras y campesinas, antes que a los derechistas. El mismo sentido han tenido las presiones de Lula a Evo Morales, sabedor éste de que no podía conceder hasta más allá de determinado punto sin fracturar su propio movimiento. Ahora, sin embargo, Morales ha decidido asumir ese riesgo.

La 'paciencia' de Evo

En Santa Cruz, 'las cámaras de televisión mostraron en los bloqueos a grupos armados con machetes, palos y rifles. Y el grupo crecía con la llegada de activistas de occidente... centenares de seguidores de Evo Morales se dirigían ayer a reforzar el cerco a la ciudad de Santa Cruz... por sexto día consecutivo, pese a que el acuerdo preliminar exigía el levantamiento de toda medida de presión. Además..., campesinos y mineros llegaron el miércoles (17) a Cochabamba para garantizar que no va a cambiarse ni una coma del texto constitucional...' (El País, 19/9).

Paralelamente, 'cabildos simultáneos en los siete puntos de bloqueos y en los lugares donde se encuentran los marchistas de las organizaciones sociales afines al gobierno, definirán esta tarde si concretan o no en las próximas horas su ingreso al centro de la ciudad de Santa Cruz exigiendo la renuncia del prefecto Rubén Costas y la devolución de todas las instituciones públicas tomadas por los cívicos' (Erbol, 22/9).

Ese grado de movilización ha sido desarticulado por el gobierno, precisamente para que cambie el texto constitucional según le pide la derecha y aunque se opongan a tales cambios mineros y campesinos. Por eso hasta el ex presidente Carlos Mesa - echado por una insurrección en 2005- elogia 'la paciencia de Evo Morales' (ídem).

El oficialismo especula ahora con el hecho de que la 'suspensión' de los cortes y la marcha a Santa Cruz servirá de presión contra la derecha en la mesa de negociaciones, ante la amenaza de que se reanuden si los 'cívicos' exigen más de lo que el gobierno está dispuesto a darles. Es un razonamiento en extremo peligroso: los grandes movimientos de masas, cuando se los hace retroceder, no se ponen nuevamente en marcha por la simple voluntad de un dirigente.

Ningún 'empate'

La derecha intentó instalar en Bolivia un debate ficticio (hasta cierto punto acompañada por el gobierno), que ahora se revela en toda su falsedad: la disputa por la regalías petroleras. Lo que está en juego es más, mucho más que eso. En todo caso, se trata de una lucha por el reparto de la renta petrolera, no por un impuesto.

Pero, sobre todo, ahí se pelea por el régimen de tenencia de la tierra.

La Constitución aprobada en Oruro no puede resolver el problema campesino ni el de las nacionalidades ('el problema del indio es el problema de la tierra', explicaba José Carlos Mariátegui hace más de 80 años). El texto constitucional del MAS establece un marco legal difuso respecto de las propiedades mayores de 5 mil hectáreas, que podrían eventualmente estar sujetas a expropiación. Nada más.

Empero, la derecha necesita oponerse a ella radicalmente porque hasta el debate le resulta inadmisible. Las modificaciones a la Constitución que surgirán del acuerdo con la derecha implicarán, inevitablemente, la introducción de mecanismos por los cuales la oligarquía 'cívica' podrá impedir al gobierno cualquier avance en cualquier sentido. Por eso, razonablemente, los obreros y campesinos movilizados no quieren ni oír hablar de tales modificaciones.

Ahora bien: la crisis en curso muestra hasta qué punto carecía de todo sustento aquella extraña tesis sobre el 'empate catastrófico' que se habría producido entre el gobierno y la derecha, por el cual ninguno podía vencer al otro. Por el contrario, la derecha estuvo a punto de avasallar al gobierno y muy posiblemente lo habría logrado si no se topaba con la movilización popular, la cual, a su vez, pudo cambiar todo el cuadro de la situación y ha generado una crisis y hasta un principio de disgregación de las fuerzas derechistas.

Esa oposición de derecha avanzó sobre la base que le dieron las vacilaciones del gobierno, hasta que chocó contra la resistencia popular.

Hemos dicho otras veces que la mayor fuerza de una derecha en crisis, que tiende a la dispersión, radica en las vacilaciones del gobierno. Ahora eso se ve en la práctica; ahora habrá que remontar el retroceso impuesto por el oficialismo. Más que nunca, la movilización de masas encontrará su perspectiva histórica en la superación de las limitaciones insalvables del nacionalismo de contenido burgués.