Ignacio Mendoza Pizarro
Las reformas introducidas al texto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente por el Congreso Nacional a título de "ajustes y precisiones" se traducen en una segunda versión, corregida y aumentada. No tanto una cirugía plástica o reconstructiva al Frankestein que dicen emergió de Oruro, a través de una mesa técnica paralela, según Tuto Quiroga no tan clandestina como discreta... y ante tan democrático procedimiento anuncia que hará campaña por el sí. Sin embargo, su aliada doña Savina Cuellar, ex masista y ex constituyente Prefecta de Chuquisaca, está espantada por la Constitución parlamentaria calificada como venezolana y nunca entenderá cómo Podemos apoya hoy a su enemigo mortal Hugo Chávez.
La discusión en materia jurídica sobre el tema constituyente tiene un límite establecido por un acuerdo político que excede cualquier jurisdicción o pronunciamientos preñados de concupiscencia judicial, como ciertos colegios de abogados acostumbrados a ver el árbol y no el bosque. Antes otras leyes interpretativas operaron la viabilización de la candidatura de Jaime Paz Zamora luego del acortamiento de mandato de Hernán Siles Zuazo en 1985, o la inclusión de la Asamblea Constituyente en las enmiendas constitucionales tras la sublevación de octubre de 2003, sin haber figurado en la ley de necesidad de la reforma. Los ejemplos sobran acerca de la eficacia de las leyes interpretativas, pactadas políticamente.
De modo que la polémica en el marco del discurso de la legalidad se torna aún más inconducente si los adalides de la misma son quienes llevaron adelante, al margen de cualquier ley, los estatutos autonómicos y alentaron el golpe civil-prefectural con hechos de violencia que culminaron con la masacre de Pando. ¿Qué legalidad invocan ahora? ¿No convocaron a la resistencia sediciosa o llaman a votar por el no en próximo referéndum y así se oponen a su misma propuesta autonómica consensuada en Cochabamba? ¿Es posible dar crédito a las poses y discursos legalistas de quienes ya se aprestan a participar como candidatos de la media luna en las elecciones que dicen impugnar?
Hoy más bien ensayamos un comentario sobre los alcances del proyecto congresal de nueva Constitución Política del Estado. El tema es si se ha mejorado con las enmiendas en aspectos como el de las clases sociales al suprimirlas, o "disolver" su referencia ya reconocida (art. 3) pues así se ignora una realidad sociológica, retrocediendo a la visión culturalista y homogeneizante, para decir lo menos.
Las clases, fracciones o categorías sociales existen en Bolivia y el mundo y existirán tengan o no reconocimiento constitucional. Pero la "poda congresal" no hará desaparecer las contradicciones inevitables surgidas de diversos intereses materiales en la lucha por la justicia social. En palabras del viejo Engels, Bolivia sin clases sociales sería apenas una "comunidad ilusoria", un bello deseo de una sociedad sin diferencias socioeconómicas, de la igualdad plena al parecer.
Así se reiteren los términos de nación y pueblo sin identificar nacionalidades en el nuevo texto congresista, lo paradójico de la coyuntura es que fueron esas clases ignoradas las que marcharon juntas desde Caracollo, sentando las bases de un sólido bloque social, aunque los arreglos parlamentarios sobre la CPE las hayan "disuelto" en aras del Gran Acuerdo Nacional…
Las reformas introducidas al texto constitucional elaborado por la Asamblea Constituyente por el Congreso Nacional a título de "ajustes y precisiones" se traducen en una segunda versión, corregida y aumentada. No tanto una cirugía plástica o reconstructiva al Frankestein que dicen emergió de Oruro, a través de una mesa técnica paralela, según Tuto Quiroga no tan clandestina como discreta... y ante tan democrático procedimiento anuncia que hará campaña por el sí. Sin embargo, su aliada doña Savina Cuellar, ex masista y ex constituyente Prefecta de Chuquisaca, está espantada por la Constitución parlamentaria calificada como venezolana y nunca entenderá cómo Podemos apoya hoy a su enemigo mortal Hugo Chávez.
La discusión en materia jurídica sobre el tema constituyente tiene un límite establecido por un acuerdo político que excede cualquier jurisdicción o pronunciamientos preñados de concupiscencia judicial, como ciertos colegios de abogados acostumbrados a ver el árbol y no el bosque. Antes otras leyes interpretativas operaron la viabilización de la candidatura de Jaime Paz Zamora luego del acortamiento de mandato de Hernán Siles Zuazo en 1985, o la inclusión de la Asamblea Constituyente en las enmiendas constitucionales tras la sublevación de octubre de 2003, sin haber figurado en la ley de necesidad de la reforma. Los ejemplos sobran acerca de la eficacia de las leyes interpretativas, pactadas políticamente.
De modo que la polémica en el marco del discurso de la legalidad se torna aún más inconducente si los adalides de la misma son quienes llevaron adelante, al margen de cualquier ley, los estatutos autonómicos y alentaron el golpe civil-prefectural con hechos de violencia que culminaron con la masacre de Pando. ¿Qué legalidad invocan ahora? ¿No convocaron a la resistencia sediciosa o llaman a votar por el no en próximo referéndum y así se oponen a su misma propuesta autonómica consensuada en Cochabamba? ¿Es posible dar crédito a las poses y discursos legalistas de quienes ya se aprestan a participar como candidatos de la media luna en las elecciones que dicen impugnar?
Hoy más bien ensayamos un comentario sobre los alcances del proyecto congresal de nueva Constitución Política del Estado. El tema es si se ha mejorado con las enmiendas en aspectos como el de las clases sociales al suprimirlas, o "disolver" su referencia ya reconocida (art. 3) pues así se ignora una realidad sociológica, retrocediendo a la visión culturalista y homogeneizante, para decir lo menos.
Las clases, fracciones o categorías sociales existen en Bolivia y el mundo y existirán tengan o no reconocimiento constitucional. Pero la "poda congresal" no hará desaparecer las contradicciones inevitables surgidas de diversos intereses materiales en la lucha por la justicia social. En palabras del viejo Engels, Bolivia sin clases sociales sería apenas una "comunidad ilusoria", un bello deseo de una sociedad sin diferencias socioeconómicas, de la igualdad plena al parecer.
Así se reiteren los términos de nación y pueblo sin identificar nacionalidades en el nuevo texto congresista, lo paradójico de la coyuntura es que fueron esas clases ignoradas las que marcharon juntas desde Caracollo, sentando las bases de un sólido bloque social, aunque los arreglos parlamentarios sobre la CPE las hayan "disuelto" en aras del Gran Acuerdo Nacional…
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