Desacato

Por: Oscar Lascano Henry

En fecha 23 de febrero del 2007 los señores Víctor Sánchez Grandchant, Pablo Fabián Cossio Cortez (hermano del Prefecto) y Miguel O`connor D'arlach Taborga constituyen la Sociedad de Responsabilidad Limitada Translogic SRL.

Tres meses antes, el 24 de noviembre del 2006 la "asociación accidental ECOTAR asociados" representada por Sergio Alberto Donoso Trigo firma contrato con la Prefectura por cinco millones setecientos cuarenta y nueve 00/100 dólares americanos para la construcción de la Piscina Olímpica Departamental Tarija.

Según el listado de empresas afiliadas a la Cámara de la Construcción (CADECO) la empresa ECOTAR es del señor Víctor Sánchez S, quien seria padre del señor Víctor Sánchez Grandchant socio del hermano del Prefecto en la empresa Translogic SRL. Así mismo, según el mismo listado de la CADECO, la empresa UNISERVICE es del señor Miguel O`connor D'arlach Taborga, el otro socio del hermano del Prefecto en la empresa Translogic SRL. Tres meses después de la constitución de Translogic SRL, la "asociación accidental consorcio Tarija" representada por Miguel O`connor D'arlch Taborga firma contrato con la Prefectura por sesenta y dos millones setecientos noventa y seis mil novecientos trece 00/100 bolivianos para la construcción de la presa "El Molino".

Por otra parte, el diez de enero del año 2006, veinte días después de que ya se conoció oficialmente que Mario Cossio Cortez iba a ser Prefecto, Isabel Ximena Romero Castellanos, (esposa de Arturo Atilio Lema Molina, Secretario General de la Prefectura durante el primer año de gestión de Cossio), transfiere a otra persona sus acciones de la empresa "Arquitectura e Ingeniería del Sur" (ARINSUR) en la que era socia junto a Luís Gonzalo Cabezas Ortiz quien, a su vez, según el testimonio de la escritura de constitución Nro 324/2007, desde el 12 de marzo del 2007 junto a Miguel O`connor D'arlach Taborga son socios de "UNIMAX TV S.R.L.", empresa propietaria de medios de comunicación en Trinidad, Cobija y Tarija (FULL TV).

En la misma línea de relaciones comerciales, el 19 de julio de 2002, Gonzalo Romero Castellanos (cuñado de Arturo Atilio Lema Molina ) y Manuel Ignacio Vásquez Ruiz pasan las acciones de la empresa Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería SRL (CONALSI) a Maria Rene Lora Ortiz y Sergio Alberto Donoso Trigo, este ultimo, ya en la gestión de Cossio, firmó como representante del consorcio "asociación accidental ECOTAR asociados" en el contrato para la construcción de la piscina olímpica.

Sergio Alberto Donoso - esposo de Carolina Vázquez Ruiz, Directora del Proyecto San Jacinto de la Prefectura – también firma en fecha 24/10/06 contrato con la Prefectura por un monto de Bs. 23.755.737,66 para la construcción del Velódromo Departamental.

Por ultimo, Adrián Oliva Alcázar, Asesor General del Prefecto, es cuñado del señor Jorge Alejandro Guerra Camacho nada mas y nada menos que abogado de la empresa Uniservice, de Miguel O'conor D'arlach Taborga; asimismo mismo, la esposa de Adrián Oliva, la señora Maria Teresa Jesús Guerra Camacho trabaja en el Servicio Prefectural de Caminos, entidad que junto a ABC licito la construcción del camino Bermejo – San Antonio. El proceso de contratación de dicho tramo cominero fue cancelado por el Prefecto como consecuencia del escándalo publico que se genero por las denuncias de irregularidades en el proceso de contratación.

Lo expuesto hasta aquí, es solo una pequeña parte de un tejido de relaciones comerciales de una serie de personas que, si bien es cierto tienen todo el derecho de hacer empresa y negocios, no deben hacerlo a costa y riesgo del interés colectivo, utilizando influencias en el aparato político administrativo Estatal (prefectura).

El hecho que da a pensar que existe la intencionalidad de beneficiar ilegalmente a determinados círculos empresariales desde la Prefectura se refleja también de las observaciones que hace la Contraloría General de Republica en el informe Nº ET/EP18/L07-L1 que, sobre el tema dice: "Asimismo se observa que para la entrega del anticipo para la "Construcción de la Piscina Olímpica Departamental Tarija", no se cuenta con la solicitud expresa de la empresa contratista, (Asoc. Acc. ECOTAR & Asociados), de solicitud del mismo; al respecto; el comprobante de egreso adjunta nota STRIA.GRAL./ALM/cfa/Nº.393/06 del 28 de noviembre de 2006 (un día antes de la entrega del anticipo), mediante la cual el Ing. Arturo Lema Molina remite a la Lic. Elvira Guillen de Colodro fotocopias de contrato para la Construcción de la Piscina Olímpica Departamental Tarija." (pg. 32).

Llama la atención poderosamente que según el informe citado, el anticipo para este proyecto se dio: 1) sin que la empresa lo solicite expresamente, 2) al día siguiente de la nota que remite a la Secretaria Administrativa, el Secretario General de la Prefectura Arturo Lema adjuntando el contrato de la obra, 3) cuatro días desde la firma de contrato (24/11/06) 4) sin que exista orden de proceder.

En la misma línea de "omisiones" que demuestran la existencia de intencionalidad de beneficiar a empresas constructoras con la adjudicación de obras y la otorgación de anticipos, la Contraloría General de la Republica observó en el informe de referencia: "De la revisión efectuada a los procesos de contratación efectuados a través de las licitaciones publicas Nrs. 001/2005, 003/2006 y 016/2006, se ha establecido que la Prefectura del Departamento de Tarija ha otorgado anticipos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la ejecución de determinadas obras, las mismas que no cuentan con diseños, planos, costos totales readecuados ni terrenos saneados." (pgs. 31,32). Las obras observadas son Velódromo Olímpico Departamental, Piscina Olímpica Departamental y Presa Calderas.

La CGR concluye en relación a este punto que, "Las deficiencias descritas precedentemente han originado la firma de contratos que fueron utilizados para otorgar anticipos, sin que exista las condiciones necesarias para iniciar la ejecución de las obras, ocasionando que los recursos del estado se encuentren en poder de privados (contratistas) por periodos superiores a un año." (pg. 34).

Esto es lo que esta pasando en, con y a pesar de Tarija. A partir de los ejemplo mencionados (documentados) y otros que hablan de líneas aéreas y empresas en Salta, no solo se puede constatar una serie de vinculaciones político empresariales familiares en el proceso de contratación y ejecución de obras publicas, sino que es mas que evidente que, ante los incumplimientos de las empresas - que en muchos casos implica ilícitos penales - la administración prefectural no toma las decisiones ni realiza las acciones necesarias pertinentes y oportunas para preservar el interés colectivo. ¿Por que? ¿El interés de quien preserva?

Lea esto pero no comente por que puede ser acusado de desacato o victima de una campaña de injurias pues, desde la Prefectura existe gente que esta segura que los/as tarijeños/as no tienen derecho a conocer como y quienes manejan sus recursos. Es mas, la gente de la prefectura cree que todo aquel que informe sobre estas cosas a la poblacion, esta en contra de la autonomia. ¡Vaya la autonomia con la que ilusionaron a la gente¡