9 de julio de 2008

10 años de Ley Forestal: 300 mil hectáreas de bosque destruidos cada año

Artículo escrito por: Alicia Tejada Soruco, desde Guarayos

Julio de 2006

La semana pasada se han celebrado los diez años de implementación de la ley forestal en Bolivia y en octubre próximo la ley del Instituto de Reforma Agraria, INRA, cumplirá también un decenio de su aplicación.
En esta misma Bolivia, superando todos los índices históricos, se destruyeron trescientas mil hectáreas de bosque el último año y uno de los más altos índices de desmonte se llama Guarayos…
Se llama privilegio colegiado de ingenieros forestales expertos en copy-paste de planes de manejo y de desmontes con volúmenes falseados, con mara donde ya no existe y con la exclusividad legal en el blanqueo de madera ilegal.
Se llama pasmosa diplomacia de los proyectos de cooperación en medio ambiente y bosques, cuyos informes alarman en salones de seminarios y cuyo apoyo nunca llega a los que se atreven a dejar de decir para hacer fuera de éstos.
Se llama impunidad de funcionarios de la Superintendencia Forestal y del INRA a la cabeza de los interinatos que nos legó el congreso del Gonismo, (gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) quienes se pagaron salarios y beneficios sociales con las multas y coimas que cobraron por trescientas mil hectáreas desboscadas.
Y también se llama el negocio del siglo de los cruceños (élite de Santa Cruz) quebrados y endeudados quienes establecieron el mercado informal de la tierra con brasileros, rusos y menonitas, encubiertos en el manto sagrado de la defensa de la tierra de los cambas; cambas de pueblo a los que también burlaron convocándolos a firmar libros de solicitud de dotación de tierras fiscales que ellos ya estaban acaparando y destruyendo y que negociaban con extranjeros a precios extraordinarios.
Hace menos de diez años los propietarios legales en Guarayos no llegaban ni a trescientos, ahora superan los mil. De miles de hectáreas de tierras fiscales forestales a las que los concesionarios renunciaron, hoy no existe un metro en manos del Estado, aunque sí existen varios miles de hectáreas en manos de ex-funcionarios del INRA y de Honorables padres de la patria.
En “el proceso de saneamiento” desaparecieron al menos diez comunidades indígenas para dar paso a propiedades que continúan ampliándose en superficie, en desmontes y en destrucción de servidumbres ecológicas. Estos asaltos delincuenciales no fueron registrados por ninguna cámara de seguridad como el realizado al Banco Central pero sus autores, cuando no son los mismos, se calientan en el mismo brasero de protección oficial donde circulan los millones que los Bolivianos tenemos que pagar.
Como nunca en la historia de Bolivia y jamás en la de Guarayos, se ostentó descaradamente la destrucción de miles de años de vida en los bosques para demostrar mejor derecho, mejor posición y mejor liderazgo.
Recientemente el INRA, en una nueva “consulta participativa”, le está informando al pueblo Guarayo que la mitad de la superficie de la Comunidad Momené se esfumó, que la concesión forestal BERNA ha dado a luz dos propiedades ganaderas, que la Concesión Guapay es propiedad Menonita, que la Comunidad María de los Ángeles fue vendida por dirigentes indígenas a dirigentes cruceños…¿que pueden sentarse a conciliar nuevamente?
Recientemente la Superintendencia Forestal le está informando al pueblo Guarayo, con prolija información satelital, que, en el último año ha sido víctima del mayor índice de destrucción de bosques y que esta destrucción paga la seguridad jurídica de los nuevos propietarios…pero no informa del inicio de ningún proceso y continúan allí, todos juntos y revueltos.
La Diecisiete Quince y La Mil Setecientos: dos leyes, que casi nacieron juntas y que ahora son irreconocibles, no por viejas y feas, sino por las artes de iluminados cirujanos que, en una década, las unieron, con decretos y medidas administrativas, hasta crear las siamesas de alambicados órganos que mantienen agonizantes, para el regocijo de quienes se prestigian de esta ciencia.
Los responsables de las brutales amenazas que ahora enfrentan los pueblecitos de Guarayos no han sido denunciados por los expertos en el arte del mapeo y de los datos, ni por los irresponsables de UNITEL y ATB; dos medios de comunicación que siempre le cuentan a los Guarayos su historia en sentido contrario y que lamentablemente son los únicos que llegan.
La destrucción de curiches, meandros, lagunetas y lagunas, las anacondas luchando solitarias contra las aspas de las maquinarias operadas por barbas rojas soviéticos, los peces envenenados, los frágiles ecosistemas acuáticos destruidos con drenajes y exclusas, los millones de insectos blancos que huyeron del bosque hacia las luces de los pueblos una noche de asombro y que dejaron a su paso el hedor nauseabundo de la muerte, nunca convocaran a ministros ni a ayoreos, ni a gobiernos autónomos, ni a periodistas de chalecos y de cámaras de lujo.
Mejor están (o mejor pagan) el Curichón de Lucho del Río y la destrucción de la Reserva Forestal de Guarayos protegida por los seguidores de Pasión de Gavilanes, telenovela en la que nadie vistió sombrero de saó y abarcas, pero que tuvo la virtud de dar con la identidad de los “defensores de la tierra camba” y uniformarlos botas y sombrero de cuero unisex.
Ahora, cuando sé que en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra todos se reunirán en la Manzana Uno, en el cumpleaños de la Mil Setecientos, es mi penosa responsabilidad informarles que aquí, en Guarayos, no hay ninguna Ley que celebrar, que llevamos tres años de retrocesos, quizá irreversibles: en la gestión indígena, en el control de Certificados Forestales de Origen y de Programas de abastecimiento a los aserraderos, en la calidad de agentes auxiliares y de funcionarios públicos, en la actitud de las empresas forestales, en la conservación de la cobertura boscosa, en el concepto desvirtuado de manejo forestal con autorizaciones de mini-planes dispersos en toda la TCO para el blanqueo de la madera ilegal.
Ninguno de los funcionarios públicos ha rendido cuentas por el patrimonio natural y por las hectáreas de tierras que recibieron y que les correspondió proteger en su gestión los últimos tres años.
Los ciudadanos y ciudadanas de aquí y de allá han perdido el ejercicio de la ciudadanía; viven temerosos de decir lo correcto, de censurar lo que se debe censurar; no sea que los tilden de desleales, de enemigos, de collas o de resentidos, no sea que pierdan su metro cuadrado en el cóctel de las presentaciones de data show y de papelerío, o en la testera de los albi-verdes.
Por mi parte, no pienso acudir a ninguna celebración que ignore a los responsables de las trescientas mil hectáreas de destrucción de la vida; desastre que, por si fuera poco, también me cobró la cuenta, por la nimiedad de decir, cuando se debió decir, mientras otros callaron, otorgaron…y hasta concedieron, “en nombre del proceso”.

licytejada@gmail.com

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