Mala fe

Por Claudio Rossell Arce

Vivimos un tiempo de pauperización de la política. Las decisiones y acciones de oficialistas y opositores no hacen más que profundizar este proceso en el que son pocos los que ganan algo y muchos los que, cuando menos, se hallan en medio de una creciente incertidumbre.
Desde determinado punto de vista, es posible afirmar que este proceso de pauperización está íntimamente ligado con la crisis de Estado en la que el país está inmerso desde hace ya varios años, y en esa medida es previsible que la salida sólo se halle cuando el proceso constituyente sea desbloqueado y se inicie la reconstrucción institucional, cosa que no podemos esperar que ocurra en el corto plazo debido a que el país entero, ya no sólo el Estado, es víctima de la mala fe con la que los políticos y líderes opositores están jugando sus cartas.
Para que no quede duda de la intención con la que se emplea aquí la expresión “mala fe”, transcribimos las definiciones que el diccionario de la Real Academia Española da para la misma: 1) “Doblez, alevosía.” y 2) “Malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien.” Puestas así las cosas, podemos ejemplificar lo afirmado con la aprobación en el Senado de la Ley 1280, De Referéndum Revocatorio de Mandato Popular.
Como es bien sabido, el instituto del Referéndum es considerado como un paso histórico en la transformación de la democracia en Bolivia. El propio Tribunal Constitucional en su momento desestimó los recursos contra el primer Referéndum celebrado en los últimos años (el de 2004) señalando que ninguna falencia legal podía superponerse al derecho de la ciudadanía a manifestar su posición de manera democrática.
Sin embargo, en el caso de la señalada Ley —que hoy es atacada con una rudeza que bien pudo haber sido empleada también para cuestionar el referéndum cruceño del 4 de mayo—, lo que los propios senadores que aprobaron la norma “entre gallos y medianoche” (o medio día, más bien) revelaron luego del acto en cuestión es que no se trata tanto de poner en manos del soberano la decisión necesaria para resolver el conflicto que hoy se vive, cuanto de impedir la aprobación del proyecto de Constitución Política de Estado aprobado en diciembre pasado, pues se supone que la Ley del Referéndum prohíbe realizar dos consultas nacionales en un mismo año. En pocas, nos llevan a las urnas no para ratificar o no al Presidente, el Vicepresidente y los prefectos, sino para seguir entorpeciendo el proceso constituyente; o sea: mala fe.
Es tanta la alevosía, malicia o temeridad que los parlamentarios de Podemos emplearon el jueves 8 de mayo, que sus propios correligionarios han echado el grito al cielo, pues el objetivo de corto plazo perseguido, aseguran, puede amenazar, en el mediano plazo, la existencia misma de esa espuria agrupación ciudadana: más de uno tiene problemas para esconder sus ganas de irse y tirar un portazo. Por si eso fuera poco para sospechar de mala fe, el líder de Unidad Nacional ha sugerido que detrás de esa decisión política hay un acuerdo secreto con el oficialismo. O sea: se presume la mala fe de esos legisladores.
Abogados y “analistas” se han apurado en cuestionar las bases legales de la Ley explicando con detalle dónde están las inconsistencias e, incluso, inconstitucionalidades de la norma. Los medios de comunicación han ayudado recordando que ya en enero esos mismos senadores que aprobaron la Ley la habían observado. Por tanto, este desaguisado sólo se explica si se considera lo ya dicho: es fruto de la más pura mala fe.
En ese contexto, y sin necesidad de detenernos en los posibles efectos y resultados del Referéndum que se celebrará el 10 de agosto, podemos anticipar que la política boliviana seguirá empobreciéndose, y no tanto por causa de las debilidades inherentes a la actual gestión gubernamental cuanto por la comprobada y sistemática mala fe de quienes están haciendo todo lo posible por detener el proceso de cambio.