Por: Álvaro Infante de la torre*
El 13 de septiembre de 2007 se convirtió en un día de celebración y regocijo para todos los pueblos indígenas del mundo y principalmente para los de Bolivia। El reconocimiento mundial de sus derechos, aprobado por la Asamblea General de la ONU, convalida la justeza y la legitimidad de las demandas indígenas respecto a los derechos colectivos a la libre determinación, al autogobierno, al control de sus propias instituciones, a la restitución de sus territorios, al control territorial con acceso pleno a los recursos naturales, a la consulta, al respeto a sus autoridades, cultura, sistema jurídico, leyes, normas, procedimientos y costumbres, a la educación en sus propios idiomas, a mantener su identidad, al respeto a su visión de desarrollo, a la medicina tradicional, a la participación política, a la dignidad y los derechos laborales, a la no discriminación racial a denominarse como comunidades o naciones y, en definitiva, a determinar su estatuto político, es decir, a la ‘autonomía indígena’.
El 13 de septiembre de 2007 se convirtió en un día de celebración y regocijo para todos los pueblos indígenas del mundo y principalmente para los de Bolivia। El reconocimiento mundial de sus derechos, aprobado por la Asamblea General de la ONU, convalida la justeza y la legitimidad de las demandas indígenas respecto a los derechos colectivos a la libre determinación, al autogobierno, al control de sus propias instituciones, a la restitución de sus territorios, al control territorial con acceso pleno a los recursos naturales, a la consulta, al respeto a sus autoridades, cultura, sistema jurídico, leyes, normas, procedimientos y costumbres, a la educación en sus propios idiomas, a mantener su identidad, al respeto a su visión de desarrollo, a la medicina tradicional, a la participación política, a la dignidad y los derechos laborales, a la no discriminación racial a denominarse como comunidades o naciones y, en definitiva, a determinar su estatuto político, es decir, a la ‘autonomía indígena’.
La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no hace otra cosa que ratificar la plena vigencia de la plataforma histórico-reivindicativa que la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), en representación de los 34 pueblos del oriente, Chaco y la Amazonia, viene demandando desde 1982, apoyándose en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley de la República Nº 1257 de julio de 1991।
Frente a la negación sistemática y desconocimiento de sus derechos por los sucesivos gobiernos de turno en las dos últimas décadas, los pueblos indígenas de Bolivia demandaron la convocatoria de la Asamblea Constituyente, espacio soberano en el que confiaban que se reconocieran todos sus derechos, entre ellos a las autonomías indígenas। Pero resulta que este escenario democrático está siendo utilizado por los comités cívicos y los grupos de poder conservadores, a fin de negar estos derechos, desconocer el avance de los derechos humanos e indígenas a escala nacional e internacional y oponerse férreamente a esta demanda histórica fundamental, sin ningún argumento jurídico, político, histórico o fáctico. Pretenden confundir al país con la consigna falsa de que van a dividir el país, sin tomar en cuenta que el país ya se encuentra dividido política y administrativamente en departamentos, provincias, cantones, secciones y municipios, lo cual echa por tierra sus falsos argumentos.
Como para dejar claro cómo están las cosas a escala internacional, la Declaración establece, en su artículo 3°: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación। En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. El 4° dice: “Los pueblos indígenas en ejercicio de su derecho a la libre determinación tienen derecho a la ‘autonomía indígena’ o al ‘autogobierno’, en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”.
Los que hoy se reclaman públicamente defensores de la democracia y la libertad, pero niegan los derechos a los pueblos indígenas en el escenario Constituyente, quedaron desenmascarados ante el país y el mundo por la propia Declaración de la ONU, que les está devolviendo su propio discurso: no se puede hablar de libertad y democracia desconociendo los derechos de los pueblos indígenas y menos oponerse al reconocimiento de las autonomías indígenas।
Seamos consecuentes: o somos autonomistas de verdad o sólo queremos autonomía para unos cuantos y negar este derecho a los demás; estamos con la historia o a contrapelo de ella।
Ojalá que por estas verdades no se me ponga en la ‘lista negra’।
* Asesor de la Cidob
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