Por: Omar Quiroga Antelo
Con todo este lío de la resistencia de ciertos ganaderos al saneamiento de tierras en Cordillera, me viene a la mente 1982, año en el que Kevin Benito Healy visitó las áreas territoriales donde existen familias guaraníes cautivas y que concluyera en un libro: “Patrones y Caciques”.
En el citado libro, este investigador americano relata la realidad las familias cautivas del Chaco boliviano y describe con absoluta precisión las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que se dan entre los diferentes actores y que configuran un escenario sombrío para las familias guaraníes que se encuentran bajo esta degradante realidad social, que demuestra el grado de marginalidad y exclusión en que aún vive parte de este pueblo indígena. Fue en su momento una denuncia que parecía ciencia ficción.
Han pasado más de 25 años, la legislación nacional e internacional ha avanzado a pasos agigantados, sin embargo, en la práctica el Estado nacional no ha logrado revertir y/o enmendar esta situación, en procura de dar solución estructural a una realidad latente por la que vienen arrastrando las familias guaraníes desde la época republicana.
Se han hecho esfuerzos desde la propia organización que aglutina a los indígenas guaraníes con la cooperación de varias Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en la zona para cambiar la situación de semiesclavitud en la que viven, pero los resultados no han llegado a resolver el problema estructural.
Se han realizado campañas denunciando esta realidad, tanto a nivel nacional como internacional, incluso actualmente se tiene una normativa agraria que expresamente en el reglamento de la Ley 1715 modificada mediante Ley 3545 en su artículo 157, manifiesta que “Donde exista un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área rural, que violentan lo establecido en los Artículos 5 y 157 de la CPE, en Convenios Internacionales ratificados por el Estado Boliviano, Artículos 144 y 145 de la Ley N° 3464, Numerales 3 y 4 de la Ley N° 1715, y la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1715 son contrarias al beneficio de la sociedad y el interés colectivo, en consecuencia implica el incumplimiento de la función económico – social, aunque en el predio existieren áreas efectivamente aprovechadas y se estará a las previsiones de la Ley y el presente Reglamento”. Esta previsión es la que actualmente les tiene sin dormir con tranquilidad a los ganaderos hacendados de la zona Alto Parapetí, en la provincia Cordillera y por supuesto a los ganaderos hacendados de la provincia Hernando Siles y Luís Calvo en Chuquisaca, pues saben que esa realidad está presente en sus propiedades y por supuesto temen perder sus tierras y privilegios.
Para dimensionar el fenómeno, es importante conocer que existen más de 1.000 familias cautivas en todo el Chaco boliviano. Estas familias viven por muchos años en las haciendas de ganaderos que tienen fuertes vínculos con políticos de anteriores gobiernos y que en la actualidad dominan y controlan el poder regional a través de las Prefecturas. Se les paga en especie, es decir, no reciben un sueldo en efectivo, sino que se le entrega víveres, ropa, materiales de aseo personal, y otras especies, a precios exorbitantes que provocan a la larga el endeudamiento paulatino de las familias ante el ganadero hacendado. Estas deudas se acumulan y terminan siendo “semiesclavos” en su propio territorio, el que antes era de sus antepasados.
Si vemos los estatutos autonómicos que se han redactado en los diferentes departamentos que decidieron ingresar al régimen de autonomías, especialmente el de Santa Cruz, veremos que proponen que sea el Prefecto o Gobernador del departamento el que tenga las atribuciones de sanear, distribuir, redistribuir, decidir por las tierras fiscales e incluso titular tierras, sin que haya posibilidad de apelar ante ninguna otra instancia. Ello significa que quieren tener el control de las tierras para beneficiar precisamente este tipo de irregularidades e injusticias que se vienen dando.
Es hora que la sociedad boliviana censure a quienes en el siglo XXI quieren tener bajo su mando, la vida y el futuro de tantas familias a quienes se les ha matado la ilusión de vivir. También, si queremos que haya una verdadera reinserción a la sociedad de las familias cautivas, se necesita urgente un apoyo sicológico para las familias, pues el hecho de que se los trate con tanto paternalismo, ocasiona que vean con naturalidad su situación de esclavitud o su condición de cautivo o cautiva. Organismos de defensa de los derechos humanos deben seguir denunciando esta situación de injusticia.
La Paz, 8 de Abril de 2008.
En el citado libro, este investigador americano relata la realidad las familias cautivas del Chaco boliviano y describe con absoluta precisión las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que se dan entre los diferentes actores y que configuran un escenario sombrío para las familias guaraníes que se encuentran bajo esta degradante realidad social, que demuestra el grado de marginalidad y exclusión en que aún vive parte de este pueblo indígena. Fue en su momento una denuncia que parecía ciencia ficción.
Han pasado más de 25 años, la legislación nacional e internacional ha avanzado a pasos agigantados, sin embargo, en la práctica el Estado nacional no ha logrado revertir y/o enmendar esta situación, en procura de dar solución estructural a una realidad latente por la que vienen arrastrando las familias guaraníes desde la época republicana.
Se han hecho esfuerzos desde la propia organización que aglutina a los indígenas guaraníes con la cooperación de varias Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en la zona para cambiar la situación de semiesclavitud en la que viven, pero los resultados no han llegado a resolver el problema estructural.
Se han realizado campañas denunciando esta realidad, tanto a nivel nacional como internacional, incluso actualmente se tiene una normativa agraria que expresamente en el reglamento de la Ley 1715 modificada mediante Ley 3545 en su artículo 157, manifiesta que “Donde exista un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área rural, que violentan lo establecido en los Artículos 5 y 157 de la CPE, en Convenios Internacionales ratificados por el Estado Boliviano, Artículos 144 y 145 de la Ley N° 3464, Numerales 3 y 4 de la Ley N° 1715, y la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1715 son contrarias al beneficio de la sociedad y el interés colectivo, en consecuencia implica el incumplimiento de la función económico – social, aunque en el predio existieren áreas efectivamente aprovechadas y se estará a las previsiones de la Ley y el presente Reglamento”. Esta previsión es la que actualmente les tiene sin dormir con tranquilidad a los ganaderos hacendados de la zona Alto Parapetí, en la provincia Cordillera y por supuesto a los ganaderos hacendados de la provincia Hernando Siles y Luís Calvo en Chuquisaca, pues saben que esa realidad está presente en sus propiedades y por supuesto temen perder sus tierras y privilegios.
Para dimensionar el fenómeno, es importante conocer que existen más de 1.000 familias cautivas en todo el Chaco boliviano. Estas familias viven por muchos años en las haciendas de ganaderos que tienen fuertes vínculos con políticos de anteriores gobiernos y que en la actualidad dominan y controlan el poder regional a través de las Prefecturas. Se les paga en especie, es decir, no reciben un sueldo en efectivo, sino que se le entrega víveres, ropa, materiales de aseo personal, y otras especies, a precios exorbitantes que provocan a la larga el endeudamiento paulatino de las familias ante el ganadero hacendado. Estas deudas se acumulan y terminan siendo “semiesclavos” en su propio territorio, el que antes era de sus antepasados.
Si vemos los estatutos autonómicos que se han redactado en los diferentes departamentos que decidieron ingresar al régimen de autonomías, especialmente el de Santa Cruz, veremos que proponen que sea el Prefecto o Gobernador del departamento el que tenga las atribuciones de sanear, distribuir, redistribuir, decidir por las tierras fiscales e incluso titular tierras, sin que haya posibilidad de apelar ante ninguna otra instancia. Ello significa que quieren tener el control de las tierras para beneficiar precisamente este tipo de irregularidades e injusticias que se vienen dando.
Es hora que la sociedad boliviana censure a quienes en el siglo XXI quieren tener bajo su mando, la vida y el futuro de tantas familias a quienes se les ha matado la ilusión de vivir. También, si queremos que haya una verdadera reinserción a la sociedad de las familias cautivas, se necesita urgente un apoyo sicológico para las familias, pues el hecho de que se los trate con tanto paternalismo, ocasiona que vean con naturalidad su situación de esclavitud o su condición de cautivo o cautiva. Organismos de defensa de los derechos humanos deben seguir denunciando esta situación de injusticia.
La Paz, 8 de Abril de 2008.
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