Por: Marcelo Arandia Alarcón
Indudablemente el proceso autonómico tienen que ver con reformas profundas del Estado y no es sólo un cambio de dimensiones –de lo macro a lo micro- sino que implica transformaciones en la forma de concebir las visiones de desarrollo, la redefinición organizacional de sus instituciones y su relación con la sociedad civil. En esa perspectiva, estos procesos son reformas democráticas del Estado que necesariamente amplían las esferas de decisiones y adquieren legitimidad mediante la elección directa de los representantes regionales a estos escenarios.
Es en ese entendido que no se puede desligar los procesos de descentralización y autonomía de los esfuerzos de modernización del Estado, pues en la práctica llegan a ser uno sólo. Por ello la autonomía debe ser concebida como un principio político que establece la capacidad que tiene un nivel de gobierno (alcaldías, universidades públicas o gobiernos regionales), para poder definir sus propias normas y de ejecutar sus políticas para su desarrollo en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado (CPE)
Bajo ese criterio, es que la autonomía debe entenderse como un compromiso entre el nivel superior depositario de la soberanía (el Estado con sus tres poderes) y el nivel inferior, la provincia/ región al que se le transfieren: legitimidad, recursos y atribuciones
La transferencia de legitimidad, significa transferir la capacidad de elegir autoridades propias de forma democrática y directa.
La transferencia de recursos, orientada al manejo y administración propia de sus recursos de acuerdo a sus requerimientos de planificación y cumplimiento de sus nuevas atribuciones y/o responsabilidades
La Autonomía no debe entenderse como soberanía, por que la soberanía le corresponde y es ejercida de forma exclusiva por el Estado a través de sus tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Siguiendo estas consideraciones, vemos que el proceso autonómico es fundamental para la democratización ya que entrega a las regiones y/o provincias un papel decisivo en la gestión de su desarrollo, pues no hay autonomía sin fortalecimiento de la vida local. Ello implica un nuevo modo de hacer gestión pública, significa redefinir el rol de un gobierno regional a partir de un enfoque de desarrollo que considere necesariamente el carácter participativo, inclusivo y equitativo de sus diferentes actores en el desarrollo local.
Bajo esta premisa, es que actualmente se encuentra la región del Chaco Boliviano, que plantea la necesidad de acelerar los procesos de descentralización a partir de la visión de región, planteando nuevas formas de organización del territorio, descolonizando la estructura actual y que responda con nuevos planteamientos a generar procesos de desarrollo sostenibles, activando sus potencialidades, por ejemplo, en materia agropecuaria y de manejo de los recursos naturales, se hace necesario reorientar las políticas, programas, proyectos y la inversión pública de acuerdo a criterios de priorización productiva que surjan desde el Chaco y que respondan a una estrategia integral de desarrollo articulada a una verdadera gestión de ese espacio territorial.
Sabemos que el mejoramiento de la calidad de vida es posible cuando se parte desde el análisis profundo de la concepción de su realidad territorial, incorporando a su población, sus formas de organización, su geografía, sus recursos y sus potencialidades. Si embargo, si se sigue con el diseño actual de establecer lineamientos estratégicos de desarrollo ignorando las particularidades regionales, se provoca que éstas iniciativas tengan poco o nulo impacto en los espacios en que se intervienen (salud, educación, producción, infraestructura vial, etc.).
Por ello, plantemos desde la Región del Chaco la necesidad de que el proceso autonómico debe partir de una visión de unidad de país, tomando en cuenta las diferentes sub categorías nacionales que sean departamentales, regionales-provinciales y municipales.
Es importante que el proceso de construcción autonómica, no se quede a nivel de capital del departamento, sino que llegue hasta el nivel regional/provincial, en ese marco el carácter participativo debe entenderse como la aceptación a este proceso previa concertación política de las diferentes organizaciones sociales.
Por ello considero necesario trabajar en la construcción de propuestas que permitan llevar iniciativas orientadas a generar adecuaciones y transformaciones en el diseño organizacional del país que permitan establecer las condiciones favorables para un desarrollo integral en regiones como el Chaco que hasta ahora sólo se han mantenido anquilosadas por procesos centralistas de sus capitales departamentales.
En este sentido, advierto que los cambios estructurales que podamos efectivizar mediante la Asamblea Constituyente, nos permitirá avanzar en la construcción de “ un verdadero desarrollo para la Bolivia profunda” proceso que queremos todos, de cara a los nuevos desafíos que la historia nos ha puesto para construir un futuro mejor.
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