Defensor del Pueblo halla semiservidumbre en haciendas del Beni

Informe. Un estudio establece que un 45% de los vaqueros recibe salarios por debajo del mínimo nacional. Los familiares también trabajan en la hacienda, sin pago. Los niños no acceden a la educación.

Por Martín Melgar. Trinidad
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El Defensor del Pueblo presentó ayer en Trinidad su informe sobre la investigación que realizó sobre el respeto de los derechos humanos de los trabajadores en estancias de Beni y encontró condiciones de semiservidumbre (prohibida por el artículo 5 de la Constitución), remuneraciones por debajo del salario mínimo, falta de seguridad social y de acceso a la educación. El documento señala que todo esto se da debido a la nula presencia estatal y conmina al Poder Ejecutivo a solucionar el problema en un corto plazo.

El trabajo de investigación fue realizado de oficio y estuvo a cargo de abogados y técnicos que trabajan en el Defensor del Pueblo (DP) y la Pastoral Indígena. Para ello, se visitaron 200 estancias, distribuidas en 14 de los 19 municipios, donde se aplicaron 478 encuestas individuales y se realizaron más de 100 entrevistas a vaqueros, dueños de estancias, alcaldes, párrocos y dirigentes indígenas. En el trabajo de campo, que ocupó los últimos dos años de la labor de la regional de Beni del Defensor, se logró comprobar que existen familias enteras al servicio de las estancias ganaderas, pero sólo el patrón recibe remuneración. Según estadísticas, hay más de 8.000 haciendas en Beni, que emplean entre 12.000 y 24.000 personas. Esto significa que cada estancia tiene entre uno y tres empleados. Uno de los requisitos para tener el trabajo es tener familia.

El Defensor del Pueblo encontró relaciones de trabajo precapitalistas, en las que el empleador establece relaciones de protectorado del empleado, refiriéndose a él como `hijo', mientras que el obrero le responde patrón. La relación de semiservidumbral comienza con el pacto laboral. Sólo el 5,4% de los encuestados cuentan con un contrato escrito, mientras un 90% tiene contrato verbal. Esto, según el Defensor, provoca una situación de indefensión para el empleado, ya que cuando el empleador no cumple resulta casi imposible obligarlo a pagar. Además, la jornada laboral se extiende por mucho más de las ocho horas fijadas por ley. Al no haber contrato, los vaqueros no cuentan con seguro médico ni aportes para la jubilación. Un 45% de los encuestados declaró que su esposa trabaja en la casa de hacienda, criando animales menores o atendiendo a empleados, sin recibir remuneración. De este grupo, sólo un 15% recibe remuneración por ello. Los niños también trabajan y no reciben pago, ya que arrear vacas, bañar caballos, alimentar el ganado o ayudar a sus padres es considerado como parte de sus labores recreativas. También se comprobó que un 45% de los encuestados gana entre Bs 300 (unos 40 dólares) y Bs 525 (unos 70 dólares), es decir menos que el salario mínimo nacional y se le otorgan víveres a cuenta, algo prohibido por ley. Esto los obliga a pedir adelantos, que le restan libertad al momento de cambiar de patrón. Los ganaderos, en su descargo, afirman que la investigación omite que toda la familia es alimentada y sostenida por los dueños de haciendas, según las primeras repercusiones. Algunos dirigentes del sector, que prefirieron guardar su nombre en reserva, enfatizaron que el ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, de forma parcializada, se abocó a los hechos que suceden en el oriente, acusando a los empresarios ganaderos de no contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, de brindarles un seguro social, jubilación, educación, vivienda y un salario justo; sin embargo, no citó las situaciones de servidumbre que existen en el occidente del país, donde son más aberrantes y discriminadoras y que no han sido motivo de estudio o investigación por parte del Defensor del Pueblo.

Algunas Recomendaciones

· Recomendar al Ministerio de Desarrollo Rural implemente un sistema de registro informático y catastral de propiedades ganaderas. Gestione y ejecute programas de apoyo al sector productivo, otorgándole créditos y garantías asequibles con capacitación al trabajador.
· Recomendar al INRA concluir el saneamiento de forma transparente en Beni para otorgar seguridad jurídica a los propietarios.
· El Ministerio de Trabajo debe registrar a los trabajadores rurales, crear oficinas en las capitales de las ocho provincias de Beni y en un plazo de 90 días desplazar inspectores móviles para establecer la situación de explotación laboral. Debe establecer un sistema de capacitación técnica para trabajadores rurales.
· Se debe difundir los derechos laborales, a la seguridad social y asociación sindical. Se debe promover la creación de sindicatos y asociaciones de trabajadores rurales.
· El Ministerio de Educación debe crear estrategias para garantizar que los hijos de vaqueros asistan a la escuela, a través de la creación de albergues escolares.
· El Ministerio de Salud necesita potenciar la presencia de la Caja Nacional de Salud en los municipios rurales, previo cumplimiento de los aportes patronales.
· La Superintendencia de Pensiones debe conminar a las AFP a abrir oficinas en las capitales de provincia e instruir a los empleadores la afiliación de los trabajadores.
· Los municipios deben crear defensorías de la niñez y la adolescencia.