Ni el enorme poder de este gobierno es suficiente para doblegar a los "barones del Oriente"

Miguel Urioste (*)
Cualquier reforma agraria, en cualquier parte del mundo, es una decisión política que puede tener fundamentos históricos, económicos, ambientales, culturales, o exclusivamente políticos. Es una decisión política porque obedece a la voluntad de un grupo, partido o coalición en función de gobierno y toma en cuenta particularmente la correlación de fuerzas.
En el caso nuestro, la correlación de fuerzas es entre oriente y occidente, entre una oposición conservadora "nucleada" en torno al tema de las autonomías departamentales y un gobierno con su base social dura en la región andina.
Cuando el 2 de agosto del 2006, desde la mítica localidad de Ucureña, el presidente Evo Morales anunciaba el lanzamiento de la Revolución Agraria sustentada en cuatro pilares -eliminación del latifundio y distribución de la tierra, crédito barato, maquinización agrícola (tractorización) y acceso a mercados alternativos- como parte de la sociedad civil saludamos esa decisión y nos aprestamos a apoyar el proceso desde una perspectiva independiente, crítica y propositiva. Durante más de dos años hemos venido publicando selecciones diarias de noticias y periódicas reflexiones en el Observatorio de la tierra. (www.ftierra.org)
En más de una oportunidad señalamos que nos parecía excesivo e innecesario el radicalismo verbal de las autoridades del gobierno contra los terratenientes, especialmente por no diferenciarlos de los productores agropecuarios empresariales, lo que acabó terminando en un discurso gubernamental anti cruceño. Advertimos que habría un efecto "bumerang" que acabaría cohesionando a toda la región oriental en contra del gobierno central.
En noviembre del 2006 apoyamos la aprobación de la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria que modificó algunos aspectos importantes de la ley INRA; pero -en aquella oportunidad- señalamos también que esperábamos que con el objetivo de cambiar la estructura de la propiedad de la tierra en el oriente, la Nueva Constitución Política del Estado necesitaba incorporar explícitamente el concepto de reversión de los latifundios bajo dos formas o modalidades: a) por extensión, es decir por tener un tamaño mayor a las 10.000 hectareas, no importaba si el excedente de tierras se trabajaban o no, y b) por incumplimiento de la Función Económico Social de la tierra. Estas propuestas las hicimos oportunamente ante las comisiones de la Asamblea Constituyente.
A estas alturas, no queda la menor duda de que el pacto logrado hace algunas semanas entre el gobierno del MAS con la oposición bicéfala -por un lado las prefecturas del "cuarto menguante" y por otro las minorías políticas de PODEMOS, UN y MNR en el Congreso- ha sido posible a costa de arriar las banderas de la revolución agraria, especialmente en cuanto a la reversión de los latifundios por extensión.
Vistas las cosas desde una perspectiva histórica amplia, esta concesión se justifica en la medida en que la convocatoria al Referéndum Constitucional de enero del 2009 y su posible abrumadora aprobación con bastante más de dos tercios, le otorgue al gobierno una mucho mayor legitimidad y asegure la continuidad del proceso de cambio por lo menos por seis años más a partir de ahora, dando por segura la reelección de Morales el 2009.
Quienes hemos dedicado nuestra vida al seguimiento de la reforma agraria en Bolivia y alentado desde todos los escenarios posibles un acceso más equitativo a la tierra y su uso más productivo y sostenible como herramienta para generar desarrollo y luchar contra la exclusión generadora de pobreza, habíamos llegado a la conclusión de que si la reforma agraria en el oriente no se hacía en el gobierno de Evo Morales, no se haría nunca.
Pero ocurre que ni el enorme poder de este gobierno -67 % del voto en el referéndum del 10 de agosto a favor del Presidente- es suficiente para doblegar a los "barones del oriente" que desde hace medio siglo se las arreglan para impedir que sus intereses fundiarios sean afectados.
Hoy ratificamos, una vez más, que la estructura de propiedad de la tierra en el oriente no es la que le conviene a la región ni al país. Que esa estructura de propiedad de la tierra no es la más adecuada para generar riqueza, empleo, bienestar y menos aún sostenibilidad ambiental para los cruceños y bolivianos. En todas partes del mundo, a una estructura latifundiaria de propiedad de la tierra le corresponde una estructura de poder político y económico concentrado en muy pocas manos.
La muestra más evidente de ello es la feroz campaña anti gubernamental llevada a cabo sistemáticamente desde hace casi tres años por tres canales de televisión de la ciudad de Santa Cruz, de propiedad de sendos grupos empresariales ligados directamente a la acumulación improductiva -pero rentable- de la tierra para el engorde.
Reiteramos una vez más que la proclama departamental autonomista tiene en el centro de su razón de ser la defensa encubierta de enormes cantidades de tierras mal habidas, chutas o con derechos propietarios febles. Una clase dominante que vive de la renta del suelo no puede permitir que la base de su poder -la tierra- le sea arrebatada, y menos aún por un "gobierno de indios collas".
Sin embargo, está muy claro también que el presidente Evo Morales no podía continuar gobernando con cuatro departamentos militando agresivamente en su contra. Era necesario retroceder y el gobierno lo ha hecho muy nítidamente en el nuevo texto constitucional en el tema de las tierras.
Los favorecidos con el retroceso gubernamental -ojala que este retroceso sea táctico, un paso atrás para mas adelante dar tres adelante- no son todos los sectores de poder de Santa cruz y Beni, sino muy particularmente algunos muy grandes ganaderos afiliados en FEGASACRUZ y FEGABENI.
En efecto, son varios de ellos los que poseen inmensas superficies de tierras escasamente trabajadas y que bajo el argumento de la "carga animal" o de las recurrentes inundaciones en las tierras bajas, o de la "ganadería extensiva", conservan derechos propietarios no saneados (chutos) a nombre suyo propio, de sus parientes, amigos o grupos familiares, cuando no de "palos blancos".
La pregunta es, ahora que la tierra tiene mucho mayor valor económico como producto de la crisis mundial de alimentos y de energías, y si durante más de medio siglo estos sectores han escapado a la aplicación de todas las normas, llámese ley de Reforma Agraria de 1953, ley INRA de 1996 e incluso ley de Reconducción Comunitaria del 2006, ¿qué es lo que garantiza que en lo que queda de la administración de este gobierno, un año obligado y cinco muy probables, se pueda revertir las tierras no trabajadas?
Este gobierno del MAS, ¿tiene herramientas nuevas y poderosas para obligar a la verificación del cumplimiento de la Función Económica y Social de la tierra de los grandes ganaderos, que lleve a una objetiva y concreta reversión de latifundios? En nuestro criterio, la respuesta es un no rotundo.
Al haber retrocedido en el texto del proyecto de NCPE en la eliminación del latifundio existente en superficies mayores de 10.000 hectáreas, las que ahora existen y no las del futuro -porque es obvio que en el futuro no las habrá- el gobierno del MAS está en igualdad de condiciones jurídicas que todos los anteriores gobiernos desde 1953 para intentar -sin éxito- afectar las grandes concentraciones improductivas de tierras.
Es decir que el gobierno del MAS se ha dado cuenta -luego de casi tres años de estridentes discursos oficialistas- que no ha podido afectar la raíz del problema del regionalismo, la raíz de la acumulación del poder de las élites en el oriente, la razón de ser de los barones del oriente.
Para eliminar el latifundio no basta pues con la voluntad política -que la hay- ni con el discurso radical -que lo hay en demasía- sino con la capacidad operativa del Estado para obligar al cumplimiento de las leyes a todos los ciudadanos por igual.
En un Estado descentralizado en autonomías departamentales, municipales e indígenas, y con órganos sub nacionales con competencias concurrentes en la administración de las tierras -estructura a la que el INRA tendrá que adecuarse descentralizándose en 9 departamentos, 327 municipios y cuantas autonomías indígenas hayan- no parece que las políticas públicas reservadas con exclusividad al nivel nacional, entre ellas la de todos los recursos naturales, puedan aplicarse con mayor facilidad que ahora, sino todo lo contrario, con mucha mayor dificultad.
Cuando se trata de un tema central que tiene que ver con el destino de miles de personas que pueden ser beneficiarias del acceso a nuevas tierras para trabajarlas, como el de la eliminación del latifundio, que es un mandato constitucional desde hace medio siglo, no vale pues -de ninguna manera- el argumento de la irretroactividad de la ley como establece el artículo 399 aprobado por el Congreso para el Referéndum del 25 de Enero del 2009.
Si fuera así, ninguna sociedad de América Latina hubiera podido cambiar el origen del derecho propietario de las tierras a nombre del Monarca español, o nunca se hubiera podido hacer la reforma agraria en México o la de Bolivia en 1953.
Es una ironía que la "revolución en democracia" caiga en argumentos leguleyos para explicar lo que realidad es una decisión política pactada con los sectores del poder en el oriente. Pero lo reiteramos, si esta notable concesión es el precio que el gobierno tiene que pagar para garantizar su continuidad en el poder por otros seis años, bienvenida sea. Lo que si es inaceptable, es que desde el gobierno se nos diga que el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado en materia agraria, y más particularmente en la materia de tierras, es revolucionario, porque sencillamente no lo es. Es tan reformista como lo fue durante el medio siglo pasado..
El simple hecho de que de ahora en adelante, desde que se apruebe la Nueva CPE en enero del 2009, todos los propietarios privados de tierras mayores a la pequeña propiedad tengan que ser manejadas como "empresas" (artículo 315), es decir con libros contables, inventarios, flujos de caja, o que se tome como criterio exclusivo su rentabilidad financiera, no es argumento suficiente para convertir un latifundio de superficie ilimitada (cincuenta mil, ochenta mil o cien mil hectáreas) en una empresa capaz de cumplir con la Función Económico Social y por ende compatible con el interés de la sociedad y del Estado.
¿Cuáles son las condiciones para que la rentabilidad financiera de la empresa, es decir de los capitales invertidos, sea compatible con la rentabilidad de la sociedad en su conjunto? No basta pues con que a futuro las empresas agropecuarias sean "modernas y eficientes", si la rentabilidad económica y ambiental no lo es para toda la sociedad.
Seguirán siendo latifundios y concentrarán poder económico y político en muy pocas manos. El desarrollo sostenible de Bolivia no será resultado de la sumatoria de emprendimientos agropecuarios financieramente rentables del monocultivo de la soya o de la ganadería extensiva.
(*) Director de la Fundación TIERRA.