Escrito por Margoth Céspedes (*)
La Amazonía es una de las regiones de Bolivia más ricas en recursos naturales, especialmente forestales. Históricamente se ha convertido en el epicentro de grandes auges extractivos como la quina, el caucho, y actualmente la castaña y la madera. En el caso de la castaña, este recurso se ha convertido, desde hace algunas décadas atrás, en el medio de vida más importante económicamente –después de la goma- de campesinos, indígenas, comerciantes, empresarios y residentes urbanos que se desplazan al bosque en tiempo de zafra para trabajar como castañeros. Pese a la existencia de una estructura desequilibrada sobre la propiedad de la tierra el año 20001 , donde se tejieron relaciones de dependencia, concentrando cerca del 99.2% de tierras (6.266.020 hectáreas) en manos privadas (propiedades individuales y concesiones), y solo un 0.7% de tierras (42.605 hectáreas) en posesión de campesinos e indígenas, el proceso de saneamiento –concluido en agosto de 2008 en Pando- conjuntamente acciones colectivas del sector campesino han revertido aquella situación logrando que el 31,8% (2.032.072,8 has) de la tierra del departamento se reconozca en propiedad colectiva a comunidades campesinas, y al mismo tiempo, que un 5,8% (373.146,0 hectáreas) se consolide a favor de las TCOs en el departamento2.
Bajo estos cambios estructurales y el inédito reconocimiento de 500 hectáreas por familia como unidad de cálculo para la dotación colectiva, el sector campesino se encuentra en una posición significativa dentro de la estructura de posesión de recursos naturales y por consiguiente de la castaña; sin embargo, no controla el mercado de precios y los mecanismos de la cadena productiva, lo cual hace que continúen dependiendo de la empresa privada, beneficiadoras y barraqueros del lugar, quiénes determinan los precios y las condiciones de compra. Esta situación, se agrava aún más por los efectos de la actual crisis económica mundial que ha generado una baja demanda del producto en el mercado internacional y por consiguiente su inmediato descenso de los precios3 a nivel local, bajando en mas de un 50% respecto a los precios del 2008 cuando la barrica4 costaba en el mercado interno de Bs. 330, frente al precio actual de Bs. 100 por la misma medida.
Esta depreciación de la castaña está afectando directamente a las familias campesinas -quienes por el modelo de economía mono extractiva de la región- dependen solo de su colecta, lo cual pone en serios riesgos la seguridad alimentaria, la salud y educación de las familias; situación que también puede generar efectos mediatos incrementando la migración campo-ciudad en busca de alternativas económicas.
Frente a esta situación, el sector campesino se encuentra muy preocupado, pero a la vez, muy desconsolado porque siente más que nunca la desprotección y carente apoyo y soluciones visibles en el corto plazo tanto del sector público como privado. Si bien en la región se cuenta con la Cooperativa Integral Agroextractivista Campesina de Pando (COINACAPA) que comercializa castaña orgánica y promueve la autogestión de los recursos naturales en comunidades campesinas afiliadas, sin embargo, sus capacidades económicas, de infraestructura y técnicas aún son insuficientes para promover que más familias campesinas se integren al comercio justo. Por su parte, la Cooperativa Agrícola Integral Campesina (CAIC), con sede en Riberalta, más años de trayectoria y un mercado más amplio para el producto, completa actualmente sus cupos más con castaña de las barracas que de las comunidades.
Frente a este problema, el Gobierno ha manifestado interés en el tema habiendo sostenido reuniones con los sectores productores de castaña (campesinos, indígenas, barraqueros, empresarios), pero no ha dado respuestas claras, habiendo sufrido más bien fuertes presiones por parte de los empresarios de Riberalta que exigían subsidios, a lo cual, no accedió argumentando que la empresa privada no necesita de subvenciones. Para paliar momentáneamente los efectos de la crisis del sector campesino, la única salida que el Estado ha encontrado es hacer un acuerdo para entrar a subsidios en el comercio de la castaña y también hacer un convenio con la COINACAPA para que le provea materia prima para el desayuno escolar en las escuelas.
Sin embargo, ante el problema, el sector privado no dudó en utilizar la crisis para acaparar recursos de las comunidades a menos precios, y a la vez, coincidir el análisis del problema con los resultados del Referéndum Constituyente del 25 de enero pasado, utilizando los aparentes efectos de la crisis también como campaña política para votar por el “NO” a la nueva Constitución Política del Estado, arguyendo que de ser así iban a subir los precios de la castaña, lo que efectivamente marco una disminución de la votación a favor de la aprobación del texto quedando en un 40% frente al 60% que lo rechazó.
Más allá de las posibles soluciones que se le pueda encontrar a esta situación, sino no se construye un modelo productivo sostenible para la región, la Amazonía estará siempre expuesta a este tipo de vulnerabilidades, y el sector con más desventajas, será el campesino e indígena por las razones ya expuestas. Es un problema estructural y no coyuntural, que amerita ser superado con la innovación de nuevas alternativas productivas que permitan la diversificación de la producción y de los ingresos que permitan la seguridad alimentaria y calidad de vida de las familias, garantizando también la conservación de bosques de la región.
(*) Margoth Céspedes es Socióloga de CIPCA Pando.
La Amazonía es una de las regiones de Bolivia más ricas en recursos naturales, especialmente forestales. Históricamente se ha convertido en el epicentro de grandes auges extractivos como la quina, el caucho, y actualmente la castaña y la madera. En el caso de la castaña, este recurso se ha convertido, desde hace algunas décadas atrás, en el medio de vida más importante económicamente –después de la goma- de campesinos, indígenas, comerciantes, empresarios y residentes urbanos que se desplazan al bosque en tiempo de zafra para trabajar como castañeros. Pese a la existencia de una estructura desequilibrada sobre la propiedad de la tierra el año 20001 , donde se tejieron relaciones de dependencia, concentrando cerca del 99.2% de tierras (6.266.020 hectáreas) en manos privadas (propiedades individuales y concesiones), y solo un 0.7% de tierras (42.605 hectáreas) en posesión de campesinos e indígenas, el proceso de saneamiento –concluido en agosto de 2008 en Pando- conjuntamente acciones colectivas del sector campesino han revertido aquella situación logrando que el 31,8% (2.032.072,8 has) de la tierra del departamento se reconozca en propiedad colectiva a comunidades campesinas, y al mismo tiempo, que un 5,8% (373.146,0 hectáreas) se consolide a favor de las TCOs en el departamento2.
Bajo estos cambios estructurales y el inédito reconocimiento de 500 hectáreas por familia como unidad de cálculo para la dotación colectiva, el sector campesino se encuentra en una posición significativa dentro de la estructura de posesión de recursos naturales y por consiguiente de la castaña; sin embargo, no controla el mercado de precios y los mecanismos de la cadena productiva, lo cual hace que continúen dependiendo de la empresa privada, beneficiadoras y barraqueros del lugar, quiénes determinan los precios y las condiciones de compra. Esta situación, se agrava aún más por los efectos de la actual crisis económica mundial que ha generado una baja demanda del producto en el mercado internacional y por consiguiente su inmediato descenso de los precios3 a nivel local, bajando en mas de un 50% respecto a los precios del 2008 cuando la barrica4 costaba en el mercado interno de Bs. 330, frente al precio actual de Bs. 100 por la misma medida.
Esta depreciación de la castaña está afectando directamente a las familias campesinas -quienes por el modelo de economía mono extractiva de la región- dependen solo de su colecta, lo cual pone en serios riesgos la seguridad alimentaria, la salud y educación de las familias; situación que también puede generar efectos mediatos incrementando la migración campo-ciudad en busca de alternativas económicas.
Frente a esta situación, el sector campesino se encuentra muy preocupado, pero a la vez, muy desconsolado porque siente más que nunca la desprotección y carente apoyo y soluciones visibles en el corto plazo tanto del sector público como privado. Si bien en la región se cuenta con la Cooperativa Integral Agroextractivista Campesina de Pando (COINACAPA) que comercializa castaña orgánica y promueve la autogestión de los recursos naturales en comunidades campesinas afiliadas, sin embargo, sus capacidades económicas, de infraestructura y técnicas aún son insuficientes para promover que más familias campesinas se integren al comercio justo. Por su parte, la Cooperativa Agrícola Integral Campesina (CAIC), con sede en Riberalta, más años de trayectoria y un mercado más amplio para el producto, completa actualmente sus cupos más con castaña de las barracas que de las comunidades.
Frente a este problema, el Gobierno ha manifestado interés en el tema habiendo sostenido reuniones con los sectores productores de castaña (campesinos, indígenas, barraqueros, empresarios), pero no ha dado respuestas claras, habiendo sufrido más bien fuertes presiones por parte de los empresarios de Riberalta que exigían subsidios, a lo cual, no accedió argumentando que la empresa privada no necesita de subvenciones. Para paliar momentáneamente los efectos de la crisis del sector campesino, la única salida que el Estado ha encontrado es hacer un acuerdo para entrar a subsidios en el comercio de la castaña y también hacer un convenio con la COINACAPA para que le provea materia prima para el desayuno escolar en las escuelas.
Sin embargo, ante el problema, el sector privado no dudó en utilizar la crisis para acaparar recursos de las comunidades a menos precios, y a la vez, coincidir el análisis del problema con los resultados del Referéndum Constituyente del 25 de enero pasado, utilizando los aparentes efectos de la crisis también como campaña política para votar por el “NO” a la nueva Constitución Política del Estado, arguyendo que de ser así iban a subir los precios de la castaña, lo que efectivamente marco una disminución de la votación a favor de la aprobación del texto quedando en un 40% frente al 60% que lo rechazó.
Más allá de las posibles soluciones que se le pueda encontrar a esta situación, sino no se construye un modelo productivo sostenible para la región, la Amazonía estará siempre expuesta a este tipo de vulnerabilidades, y el sector con más desventajas, será el campesino e indígena por las razones ya expuestas. Es un problema estructural y no coyuntural, que amerita ser superado con la innovación de nuevas alternativas productivas que permitan la diversificación de la producción y de los ingresos que permitan la seguridad alimentaria y calidad de vida de las familias, garantizando también la conservación de bosques de la región.
(*) Margoth Céspedes es Socióloga de CIPCA Pando.
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