Por: Miguel García Angelo
En las últimas dos semanas hemos sido testigos del disfrute de un festín para la oposición cínica (PODEMOS, MNR, UN y los reciclados del MIR, la UCS y la Falange) y carente de propuestas democráticas, a quienes lo único que les interesa es destruir y no construir, por un lado, por el otro, los medios de comunicación como aves de rapiña descuartizando a Santos Ramírez V. (Ex – Presidente de YPFB), a quien se le acusa de “corrupción” y “daño económico al Estado” por la firma de un contrato con la empresa Cattler Uniservice, que a la fecha sigue su proceso de investigación.
Cual si fuera poco, el Ministerio Público dependiente del Órgano Judicial (antes Poder Judicial) según la Nueva Constitución Política del Estado, a cargo de alrededor de siete Jueces, quienes juran ser independientes, como NUNCA iniciaron la investigación, hicieron prestar declaraciones a varias personas implicadas y no en el caso, aprehendieron a Ramírez y hoy determinarán (casi seguro) su detención preventiva en alguna cárcel de La Paz. Es decir, señores fiscales, ¡felicidades por tanta EFICIENCIA en este caso!
Independientemente de la culpabilidad o no del señor Ramírez, ya que hay que esperar los resultados de la investigación, ASOMBRA, hasta da VERGÜENZA que los administradores de ¿JUSTICIA? actúen de esa manera, ya que no se puede olvidar los varios casos de corrupción que están durmiendo el sueño de los (in)justos en los diferentes juzgados del país.
Yo, como ciudadano común, le pregunto al Órgano Judicial qué es de los siguientes casos de corrupción:
Kukoc: Militante del MNR, a quien se le agarró con más de 10 millones de bolivianos el pasado mes de octubre del 2003.
Tonchi Marinkovic: Militante del MIR, a quien se le acusa de sobreprecios por más de 200.000 bolivianos durante la compra de vacunas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Chito Valle: Militante de ADN, a quien se le acusa de daños al Estado por la venta de chatarra en la Prefectura de La Paz durante el Gobierno de Hugo Bánzer Suárez.
Fernando Kieffer: Militante de ADN, a quien se le acusa de malos manejos económicos por el terremoto de Aiquile y Totora en Cochabamba, el 98.
Gonzalo Sánchez de Lozada: Militante y Ex Jefe del MNR, a quien se le acusa de genocidio durante el pasado octubre negro del 2003. También involucrado en el escándalo del “narco avión” en Lima cuando un avión carguero, fue interceptado cargado con más de 4 toneladas de cocaína, en ruta a México para su posible distribución en los Estados Unidos.
Carlos Sánchez Berzaín: Militante del MNR, acusado de genocidio, daños al Estado y enriquecimiento ilícito.
Sergio Azbún: Ex Gerente del LAB, acusado de una irregular transferencia de capitales y responsable de la quiebra de la línea bandera de Bolivia.
Jorge Tuto Quiroga: (2000-2001) manejó las negociaciones para que el gas boliviano saliera por Chile, en absoluto secreto, mientras hacía creer a la ciudadanía que no tenía ninguna predilección por algún puerto de ese país. Es más Pérez Yoma cuenta que eran los propios funcionarios de la Cancillería quienes le exigían a él mantener toda clase de reservas sobre el asunto. El gobierno de Jorge Quiroga llegó a elaborar y finiquitar un documento con el gobierno de Ricardo Lagos para exportar el gas por Chile. Y todo de manera absolutamente secreta.
Los Hermanos Arévalo: Acusados por el Caso FINSA en el 99, en donde se apropiaron más de 56 millones de dólares.
Hormando Vaca Diez: Hizo su fortuna en base al narcotráfico desde la época de Hugo Bánzer Suárez, como presidente del Senado ha aumentado su riqueza a través de la aprobación de leyes que benefician a las empresas petroleras. También mediante la protección al grupo de mafiosos que maneja el país, impidiendo que se aprueben leyes para la investigación de fortunas, juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada.
Y muchos más, la lista es realmente larga, pero de los nombrados anteriormente, ¿alguno está en la cárcel?... señores ¿administradores? De la ¿justicia?, ustedes son un PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA Y UNA INJUSTICIA PARA los más pobres.
12 de febrero de 2009
El poder judicial es un peligro para la democracia y una injusticia para los más pobres
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