Por: Aníbal Jerez Lezana
Ciudadano militante
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Mas allá de comprender y apoyar el valor de una gestión administrativa autónoma de competencias en el territorio con el objetivo de una gestión publica del desarrollo mas democrática, eficiente, equitativa y transparente, -ante la beligerancia de los representantes del poder patronal local de Santa Cruz (hoy sin presencia en el poder estatal nacional)- nos preguntamos, por que tanto fundamentalismo y apuro en las actitudes políticas de los planteamientos de autonomía departamental, tierra y mercados preferenciales de la soya।
En el Departamento de Santa Cruz – Bolivia, siempre hubo familias dedicadas a la agropecuaria tradicional que tenían sus tierras y algunos producían excedentes que se comercializaban principalmente en los centros mineros del país। La producción efectiva de excedentes importantes que sustituyeron las importaciones, se inicia con las políticas públicas de la acción económica directa del Estado y el fomento estatal a la inversión privada a partir de la marcha hacia el oriente basado en las recomendaciones del Plan Bohan y ejecutado como resultados de la revolución del 52.
El Estado aseguro las compras de los excedentes, buscó y construyó mercados regionales, gestionó preferencias, otorgó créditos de fomento en efectivo y en maquinarias, compensó diferencias de precios internos respectos a los externos, devolvió impuestos, dotó tierras gratuitamente, condonó y perdonó intereses hasta deudas, construyó infraestructura caminera y creó polos de desarrollo, subvencionó el combustible, salvó malas gestiones de bancos y cooperativas privadas, etc, etc. Estas políticas lograron la constitución de una fuerte elite patronal mercantil, su aparato institucional privado y sus dirigentes políticos que se acostumbraron a usar y manipular el poder político y al poder económico en su favor।
Con el propósito de comprender algunos aspectos de la cuestión planteada en el titulo, expongo preliminarmente los siguientes apuntes y criterios personales:
LA TIERRA, en grande dotación de favor, avasallamientos y trafico como parte del problema: Estudios realizados por centros de investigación del tema tierra, afirman que, en el norte y este de Santa Cruz, en el sur de Bolivia y particularmente en Beni y Pando, los jefes y allegados a los gobiernos de las dictaduras militares y los dirigentes de los gobiernos democráticos allegados al tema - cambas, collas y chapacos,-civiles y militares, se hicieron dotar gratuitamente decenas y centenas de miles de hectáreas de tierras de favor; algunos las trabajaron parcialmente, otros nunca las tocaron y luego las negociaron, los mas vivos las hipotecaron para entrar en negocios mercantiles, algunos ni las conocieron, otros compraron papeles falsos y generaron el negocio del trafico de tierras con múltiples sobre posiciones।
Paralelamente a lo anterior, solo con el requisito del titulo ejecutorial y un proyecto irreal en papeles, se generaron desde el poder político los créditos de favor y fomento del Banco Agrícola, Banco del Estado y de FINDESA। La incobrabilidad de los mismos, por el festín que se dieron con los recursos, fue una de las causas y efectos que argumentaron para el cierre de los bancos estatales.
El trafico de tierras producía tantas ganancias ilícitas como el trafico de drogas: el extremo de esto fue la solicitud de dotación de 100।000 Has. en tierras bajas del este por cuenta de la empresa Bolibras I y Bolibras II, ambas tenían como propietarios al conocido Jefe Dptal de ADN y Ministro de Educación de Banzer Heddin Céspedes y al dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista Marcelo del Río. Esta osadía denunciada públicamente generó en 1992 la intervención al Consejo de Reforma Agraria y al Instituto Nacional de Colonización, la inmovilización de nuevas dotaciones, el inicio de un juicio -entre otros- al ex ministro Céspedes y al ex Juez agrario de apellido Castedo. Posteriormente se generaron las grandes movilizaciones de los pueblos indígenas hasta conseguir la nueva ley Inra el 1996.
Mientras esto sucedía en lo formal, según denuncias públicas del Ministerio de Desarrollo Rural, la familia Monasterio y otros, avasallaban y se apropiaban ilegalmente de las tierras de Bolibras I y II para someterlas a desmontes y siembras de oleaginosas destinadas a la exportación –las tierras Bolibras eran fiscales-
Mas allá de los problemas de reglamentaciones, institucionales y de recursos que enfrentó la implementación de la ley INRA, es evidente la ostentación del poder institucional que hacia la CAO al nombrar a casi todos los ministros del área y en todos los gobiernos anteriores incluido el de Rodríguez Veltze 2005 y el nombramiento de los directores nacionales y departamentales del INRA, por ejemplo, Salomón Vargas y Teodovich, ambos técnicos de alto nivel de la CAO y su equipo de dirigieron el Inra nacional y el Tribunal Agrario Nacional durante una década।
El uso de la tierra como parte del modelo productivo: El Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, norma legal aprobada mediante DS y que muestra la vocación de uso mayor de la tierra en el Dpto। según sus aptitudes, muestra que la estructura geológica de las TIERRAS BAJAS DEL ESTE es frágil, algunas zonas de aptitud ganadera, forestal y áreas protegidas están siendo sobreexplotadas con cultivos intensivos de soya, sorgo y algodón; como en el lejano oeste, llegan o se asocian con locales bandadas de empresarios golondrinas que solo tienen apuro en hacer plata en complicidad con otros, incluso activan “estados de emergencia o de desastres naturales” logrando violar normas legales y obtener privilegios adicionales para mantener un sistema de explotación irracional.
Desforestan cientos y miles de hectáreas de monte , usan el cadeneo y otras formas salvajes para asesinar el bosque, la tierra, los nutrientes y la vida animal; sacan permiso de la Súper forestal para desmontar 50 hectáreas y en las narices de los inspectores desmontan 5000 hectáreas, explotan la tierra usando indiscriminadamente químicos de la muerte prohibidos internacionalmente, solo les importa explotar irracionalmente la tierra con cultivos tres veces por año, alto empleo de insumos químicos, intensivo empleo de maquinaria y con bajos niveles de productividad (A. Bojanic: Lógicas de la ocupación territorial en la agricultura empresarial, 2003).
La Prefectura de Santa Cruz en el mes de Mayo del 2006 presento un documento titulado “Lineamientos sobre la política de tierras”, este documento, en su diagnostico expresa lo siguiente:
“Según datos de un estudio efectuado por la Superintendencia Forestal, se estableció, que hasta el año 2000 se habían desmontado en el Departamento de Santa Cruz, 3.180.000 ha, de las cuales 1.430.000 se desboscaron entre el 1993 y 2000, con una tasa de deforestación promedio de 203.000 ha por año. Del total desboscado en el período señalado, 423.370 ha corresponden a tierras de aptitud forestal y 174.215 en zonas con severas limitaciones para uso agropecuario (esto en rigor jurídico constituye delito penal).
Entre el 2001 y 2005, los desbosques han continuado en un promedio de 170.000 ha/año, o sea que a la fecha se puede estimar que el área deforestada en el departamento ya ha alcanzado las 4 millones de ha en tanto que los cultivos agrícolas abarcan una superficie de cerca de 2.200.000 de hectáreas.
Una parte importante de las áreas deforestadas que han sido sujetas a usos agrícolas intensivos, debido al proceso de empobrecimiento y degradación del suelo han sido convertidas a usos menos productivos. Tal es el caso de las áreas con mejor infraestructura en ciertos sectores de la región integrada, así como parte de la zona sur, que han sido convertidas a un uso ganadero extensivo. El uso del fuego para la quema de chacos y limpieza de pastos es otra causa para la pérdida de nutrientes del suelo y la degradación de los bosques”.
El PNUD, en el Informe de Desarrollo Humano en Santa Cruz 2004 -en correspondencia con lo expresado líneas arriba- hace un análisis de la insostenibilidad de la agricultura en el Departamento, indica que, “El trasfondo de las debilidades del sector parece encontrarse en la convergencia de tendencias estructurales que afectan los pilares mismos sobre los que se sustentó el crecimiento de la agricultura cruceña en la segunda mitad del siglo XX, es decir la fertilidad de la tierra (costos de producción competitivos) y la existencia de mercados cautivos (precios preferenciales competitivos)।
LA SOYA, principal producto del “modelo productivo cruceño” , Un reportaje realizado por el diario El Deber el 17/05/05 sobre el tema de la soya muestra datos importantes para comprender el “modelo Productivo Cruceño”, estas son algunas afirmaciones: “Algunos empresarios extranjeros y nacionales tienen títulos de 5।000 hectáreas, pero producen soya en 15.000, muchos extranjeros utilizan a empresarios cruceños como fachada, en muchos casos simplemente tomaron las tierras fiscales o las compraron con títulos falsos de ex autoridades agrarias”, “los ingresos que generan los extranjeros por la producción de soya no son reinvertidos en el país, si no que los exportan a sus países de origen”. Declaraciones efectuadas por el Alcalde Juan Cala del Municipio de San Pedro – ubicado en la zona soyera del norte cruceño en la provincia Obispo Santisteban,
El medio citado también expresa que, de las 650 mil hectáreas de soya que produce Santa Cruz, el 40% está en manos extranjeras (35% brasileños y 5% entre rusos, argentinos, colombianos e hindúes)। Un sondeo para saneamiento de tierras del municipio de San Pedro ejecutado por esa comuna, refleja que en la zona hay asentados 75 empresarios, y de ellos la mayoría son extranjeros, con una extensión total de 250.000 hectáreas; mientras que los colonizadores registran 3.000 familias ‘aparceladas’ con una superficie total de 100.000 hectáreas.
El ex presidente de ANAPO -Carlos “Chipa” Rojas-, afirmó que a los forasteros que llegaron en la década de los 90, cuando la superficie soyera bordeaba las 140 mil hectáreas, los atrajeron las tierras baratas y fértiles de Santa Cruz। En el mismo reportaje, el presidente de Unisoya, Reinaldo Díaz, afirma que los tres mayores productores de soya en la región son extranjeros y cultivan alrededor de 180 mil toneladas de soya, lo que representa un 15% de la producción. Agregó que de los 13 afiliados que conforman Unisoya, 10 son extranjeros y 3 nacionales; también recuerda que “varios brasileños sacaron su dinero de Bolivia, y que en la época de 1996 se fueron del país debiendo créditos a la banca y llevándose lo poco que les quedaba”.
Según expresa la nota de El DEBER, el grupo Mónica Norte, que se encuentra entre Hardeman y Colonia Piraí, poseia 7.900 hectáreas de soya y 1.700 de maíz, despachaba 20 camiones por día en época de cosecha y su rendimiento es de 2,45 toneladas por hectárea.
El bajo rendimiento de la soya en Santa Cruz, sumado a los altos costos para exportar -inherentes a la mediterraneidad boliviana-, representan una seria amenaza para la estabilidad de la base económica del Departamento y del País (Plan Dptal। De Desarrollo de la Prefectura de Santa Cruz – 2006). Para el grano de soya, la competitividad internacional del Departamento se basa en la coyuntura del contexto externo y las preferencias de la CAN, y no así en la productividad, este producto es considerado como producto extremadamente sensible debido a que los rendimientos en Bolivia se encuentran por debajo de otros países productores de soya, como Argentina y Brasil.
Como el fin es el lucro mayor, para el “modelo de desarrollo”, vale lo mismo sobreexplotar la tierra sin considerar los altos costos de su recuperación, explotar la mano de obra del trabajador agrícola, explotar al pequeño productor que se ve obligado a vender a bajos precios y robos por varios descuentos porque el mismo no tiene silos donde almacenar, también vale lo mismo comprar soya en otros países y venderla como boliviana en la CAN –incluso generando declaraciones de emergencia si el gobierno no defiende los mercados.
Según informes, por lo delicado no oficiales, de salud publica del Servicio prefectural de Salud SEDES del 2005 –tratados todavía como secreto- en la zona soyera de San Julián y Cuatro Cañadas, como consecuencia del uso indiscriminado de agentes químicos prohibidos, existían varias personas con una enfermedad inicialmente denominada como “invalidez flácida”, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, problemas de crecimiento y rendimiento intelectual. En la zona norte, es recurrente la mortandad de peces y otros desastres ambientales por el uso y desechos tóxicos tirados a las aguas de los ríos; Lamentablemente las autoridades de salud pública no registran las muertes de humanos y animales por estos efectos.
El sociólogo, José Martínez, en la misma publicación del DEBER citada afirma que, “no nos engañemos, las grandes cifras de la exportación de soya de tierras bajas son sólo eso, números que pasan tan rápido por las economías locales dejando a su paso tierra desértica, incremento de pobreza en la población local y ninguna reinversión de capitales en la diversificación productiva”।
Los impactos que se están dando con la expansión descontrolada de la frontera agrícola soyera, nos muestran que los desbosques hasta la orilla del rió con las orugas cadeneadoras, la falta de respeto a las normas legales de protección de las orillas de ríos y quebradas para la intervención en sembradíos, son una de las principales causas para el desborde de los ríos con afectaciones a las poblaciones y a los cultivos, de esto los soyeros siempre aparecen pidiendo compensaciones económicas y otras con valoraciones oportunistas; total todo es bueno para el modelo insostenible de la zafra permanente que se pretende mantener।
Continuando con el análisis del tema en cuestión, para mayores explicaciones recurrimos nuevamente al estudio interdisciplinario que sustenta al documento PDDES “Plan Departamental de Desarrollo Económico Social” elaborado por la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y concluido en Diciembre del 2005, el mismo que indica lo siguiente:
“Bajo este esquema, el proceso de expansión de la frontera agrícola del Departamento, que se dio como “resultado de explícitas políticas públicas [...] junto con iniciativas privadas”, se alimentó de las ventajas comparativas de la región y condicionó lo que Montenegro y Guzmán (1999) denominan un “crecimiento de carácter más cuantitativo que cualitativo”, o sea sustentando en el uso intensivo de factores productivos abundantes más que en ganancias de productividad asociadas a su uso sostenible।
Asimismo, si se comparan los datos del boom agrícola iniciado a fines de los 80 con los registros históricos de los tres cultivos tradicionales que marcaron los distintos procesos de expansión agrícola en Santa Cruz (caña de azúcar, algodón, soya), apenas se observa ligeras mejoras tanto en materia de rendimientos promedio como de variabilidad de la muestra।
El cultivo de la soya representó el ochenta por ciento de la superficie cultivada de los tres productos considerados en el último periodo y sus rendimientos por hectárea en Santa Cruz son 25% inferiores al promedio mundial en el caso de la soya, con estos datos, solo hacen viable la producción agrícola a costa de un proceso agresivo de expansión de la frontera agrícola que pone en duda la sostenibilidad ecológica y económica del modelo agro exportador cruceño, más aún al tratarse de una práctica casi de monocultivo।
De esta forma, al centro del proceso de expansión agrícola se encuentra un manejo insostenible de la tierra asociado a prácticas de desmonte indiscriminado, sobre uso del suelo, monocultivo y escasa incorporación de tecnología en un contexto signado por el acceso fácil y barato a la tierra y por la inseguridad en su derecho propietario”[1]।
Por otro lado, se registra un impacto de la erosión en el Departamento del 33%, agregándose a ello las tierras afectadas por erosión fuerte a muy grave, abarcan una superficie de 27.554.400 de hectáreas, que representa el 25,08% del territorio nacional y el 61,10 % del área susceptible de erosión[2]।
Además de esta situación, desde que se inició el Sistema de Autorización de Quema Controlada de Pastizales, hasta el mes de junio del 2002, se han recibido 335 solicitudes de autorización de quema controlada de pastizales por una superficie de quema de 88.642.67 hectáreas, sin embargo la superficie total de quema registrada fue de 577.815.45 ha, significa que 489.172.67 hectáreas han sido quemadas sin ninguna autorización””[3].
Con todo los datos y el analisis indicado, nos preguntamos, este es el modelo productivo del oriente que se pretende defender beligerantemente – incluso con la generosidad verbal de entrega de vidas? Solo la alta rentabilidad de este fácil negocio de unas 400 familias y sus asociados comerciales y políticos justifica su defensa irracional y las posiciones extremas de los latifundistas y sus asociados, manipulando esta situación hablan en nombre de SANTA CRUZ y no de ellos, y con con esto falsean la argumentación y la convierten en consigna con las cuales quieren arrastrar a todos los habitantes del departamento de Santa Cruz, tildan de traidor al que no se expresan en los intereses mezquinos de las elites patronales indicadas anteriormente.
Las políticas de desarrollo, el tratamiento legal de la tierra, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el respeto a la función económica social de la tierra y una mejor distribución entre los actores nacionales, permitirán bajar la tensión y el riesgo de enfrentamientos. Bolivia, los bolivianos y bolivianas deben defender sus recursos naturales y la democracia para encaminarse a un proceso de desarrollo sostenible con equidad, debemos rechazar e identificar públicamente a los depredadores de los recursos naturales y de la democracia que ponen en riesgo la posibilidad de construir una mejor calidad de vida, es nuestro futuro el que esta en juego.
(*) Ciudadano militante
[1] PNUD. www.consorcio.org/CIES/html/diag16.asp.
[2] Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1996).
[3] Crespo R. (2005).
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