Por: Rodrigo Arce Rojas
Consultor forestal y de facilitación de procesos sociales
En diciembre del 2009 se realizará la próxima cumbre mundial sobre cambio climático en Copenhague y existe expectativa general respecto a los acuerdos globales que se puedan alcanzar para hacer frente al cambio climático. Se espera que como resultado del encuentro se apruebe un sustituto del Protocolo de Kyoto que pueda promover un nuevo orden ambiental internacional. Los pueblos indígenas del mundo están fuertemente activos con la finalidad que su voz y sus propuestas puedan ser favorablemente recogidas en estas negociaciones.
De la revisión de las diferentes posiciones manifiestas en las declaraciones de reuniones indígenas sobre el tema de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), uno de los puntos fuertes a discutir en Copenhague, se puede inferir que hay dos corrientes: Una corriente de rechazo al mecanismo, una corriente de aceptación del mecanismo en tanto se incorporen las propuestas indígenas y se mejore la efectividad de la distribución de los beneficios planteados.
La corriente de rechazo se sustenta fundamentalmente en el hecho que en la cosmovisión indígena la naturaleza no es motivo de comercio y por tanto los mecanismos de comercialización de emisiones de carbono no son éticamente aceptables. Además, argumentan los activistas, que los mecanismos actuales existentes de comercialización no están dando los resultados esperados y que esconde en el fondo la necesidad que los países desarrollados asuman su responsabilidad para enfrentar decidida y responsablemente la reducción de emisiones.
La otra corriente plantea la necesidad de contar con mejor información y conocimientos para mejorar su capacidad de negociación, reconocimiento de sus derechos consagrados internacionalmente - que corresponde a los países asumirlos, aplicarlos y respetarlos – y mecanismos efectivos para una distribución equitativa de beneficios. El incumplimiento de estas exigencias podría llevar a asumir la corriente de rechazo.
Las explicaciones sobre la posición indígena se sustentan en que es muy frecuente encontrar en las organizaciones indígenas nacionales e internacionales una desconfianza estructural hacia el Estado, hacia las organizaciones financieras internacionales, incluso hacia las ONG y hasta los propios profesionales. Los acercamientos e interacciones que se producen con estos actores llevan ya la tensión incorporada y las contradicciones que surgen llevan a que los representantes indígenas a un aislamiento y en algunos casos se producen la ruptura y el consecuente abandono de la relación.
Pero es el pasivo de la historia el que en el fondo marca esta profunda desconfianza. Entre los factores podemos señalar: Procesos simulados de consulta y participación, participación utilitarista, priorización de intereses económicos antes que los intereses de las comunidades, la reticencia al cumplimiento del derecho internacional sobre pueblos indígenas con argumentos de la carencia de reglamentación, entre otros. También es importante señalar la discusión no resuelta de territorialidad indígena. Los indígenas temen que nuevos mecanismos económicos de conservación de bosques en pie puedan eventualmente favorecer inversiones privadas y poner en peligro la integridad de sus territorios.
Un tema clave a resolver se refiere a los mecanismos de distribución de beneficios. Hasta ahora se ha hablado no de distribución económica directa a las comunidades sino de otros medios como fondos para invertir en proyectos agroforestales o de conservación, financiamiento para fortalecimiento organizacional o de capacidades. En este sentido rechazan la intermediación porque consideran que son otros actores los que más se beneficiarían con los incentivos REDD.
Es importante señalar, no obstante, que en las propuestas planteadas por los pueblos indígenas hay elementos comprobados y otros aparecen más bien como percepciones y temores. Reconocer esta situación debe llevar a un proceso fraterno y fecundo de diálogo entre pares. Información no para convencer sino para que los pueblos indígenas tengan los mejores elementos para tomar decisiones que correspondan a su cosmovisión pero que a su vez tengan capacidad de diálogo con los procesos nacionales e internacionales.
Superar la desconfianza no sólo se hace con discursos sino con elementos concretos que demuestren un verdadero espíritu de inclusión social y de respeto a sus derechos humanos. Mejorar los marcos legales e institucionales para genuinos procesos de consulta y participación se hacen necesarios. Se requiere además que de ambas partes se desarrolle una comunicación asertiva y con activa y efectiva capacidad de escucha. La propuesta REDD suena interesante como un nuevo mecanismo de conservación de bosques pero es necesario incorporar en la construcción de la propuesta nacional ante Copenhague a los pueblos indígenas y sus representantes para no repetir historias de desentendimiento.
Consultor forestal y de facilitación de procesos sociales
En diciembre del 2009 se realizará la próxima cumbre mundial sobre cambio climático en Copenhague y existe expectativa general respecto a los acuerdos globales que se puedan alcanzar para hacer frente al cambio climático. Se espera que como resultado del encuentro se apruebe un sustituto del Protocolo de Kyoto que pueda promover un nuevo orden ambiental internacional. Los pueblos indígenas del mundo están fuertemente activos con la finalidad que su voz y sus propuestas puedan ser favorablemente recogidas en estas negociaciones.
De la revisión de las diferentes posiciones manifiestas en las declaraciones de reuniones indígenas sobre el tema de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), uno de los puntos fuertes a discutir en Copenhague, se puede inferir que hay dos corrientes: Una corriente de rechazo al mecanismo, una corriente de aceptación del mecanismo en tanto se incorporen las propuestas indígenas y se mejore la efectividad de la distribución de los beneficios planteados.
La corriente de rechazo se sustenta fundamentalmente en el hecho que en la cosmovisión indígena la naturaleza no es motivo de comercio y por tanto los mecanismos de comercialización de emisiones de carbono no son éticamente aceptables. Además, argumentan los activistas, que los mecanismos actuales existentes de comercialización no están dando los resultados esperados y que esconde en el fondo la necesidad que los países desarrollados asuman su responsabilidad para enfrentar decidida y responsablemente la reducción de emisiones.
La otra corriente plantea la necesidad de contar con mejor información y conocimientos para mejorar su capacidad de negociación, reconocimiento de sus derechos consagrados internacionalmente - que corresponde a los países asumirlos, aplicarlos y respetarlos – y mecanismos efectivos para una distribución equitativa de beneficios. El incumplimiento de estas exigencias podría llevar a asumir la corriente de rechazo.
Las explicaciones sobre la posición indígena se sustentan en que es muy frecuente encontrar en las organizaciones indígenas nacionales e internacionales una desconfianza estructural hacia el Estado, hacia las organizaciones financieras internacionales, incluso hacia las ONG y hasta los propios profesionales. Los acercamientos e interacciones que se producen con estos actores llevan ya la tensión incorporada y las contradicciones que surgen llevan a que los representantes indígenas a un aislamiento y en algunos casos se producen la ruptura y el consecuente abandono de la relación.
Pero es el pasivo de la historia el que en el fondo marca esta profunda desconfianza. Entre los factores podemos señalar: Procesos simulados de consulta y participación, participación utilitarista, priorización de intereses económicos antes que los intereses de las comunidades, la reticencia al cumplimiento del derecho internacional sobre pueblos indígenas con argumentos de la carencia de reglamentación, entre otros. También es importante señalar la discusión no resuelta de territorialidad indígena. Los indígenas temen que nuevos mecanismos económicos de conservación de bosques en pie puedan eventualmente favorecer inversiones privadas y poner en peligro la integridad de sus territorios.
Un tema clave a resolver se refiere a los mecanismos de distribución de beneficios. Hasta ahora se ha hablado no de distribución económica directa a las comunidades sino de otros medios como fondos para invertir en proyectos agroforestales o de conservación, financiamiento para fortalecimiento organizacional o de capacidades. En este sentido rechazan la intermediación porque consideran que son otros actores los que más se beneficiarían con los incentivos REDD.
Es importante señalar, no obstante, que en las propuestas planteadas por los pueblos indígenas hay elementos comprobados y otros aparecen más bien como percepciones y temores. Reconocer esta situación debe llevar a un proceso fraterno y fecundo de diálogo entre pares. Información no para convencer sino para que los pueblos indígenas tengan los mejores elementos para tomar decisiones que correspondan a su cosmovisión pero que a su vez tengan capacidad de diálogo con los procesos nacionales e internacionales.
Superar la desconfianza no sólo se hace con discursos sino con elementos concretos que demuestren un verdadero espíritu de inclusión social y de respeto a sus derechos humanos. Mejorar los marcos legales e institucionales para genuinos procesos de consulta y participación se hacen necesarios. Se requiere además que de ambas partes se desarrolle una comunicación asertiva y con activa y efectiva capacidad de escucha. La propuesta REDD suena interesante como un nuevo mecanismo de conservación de bosques pero es necesario incorporar en la construcción de la propuesta nacional ante Copenhague a los pueblos indígenas y sus representantes para no repetir historias de desentendimiento.
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