ganHic et nunc
Claudio Rossell Arce
En 1972 comenzó en el norte de Santa Cruz de la Sierra un plan de "colonización" en la zona de San Julián. El proyecto contemplaba invertir 8,4 millones de dólares para asentar 4.600 familias dotándoles de caminos, agua, vivienda provisional, tierra (50 hectáreas por familia), servicios de salud, asistencia técnica, maquinaria y mercado para sus productos.
12 años después en San Julián vivían más de 15 mil personas, pero muy pocas de las promesas hechas al inicio del proyecto se habían cumplido. En septiembre de 1984 los colonizadores de San Julián iniciaron una movilización exigiendo a las autoridades nacionales que cumpliesen con sus demandas de caminos, salud, agua potable, educación y otros. La falta de respuestas a estas demandas obligó a los colonizadores a iniciar, en octubre, un bloqueo de caminos.
El bloqueo en poco afectaba a los burócratas del Estado, pero en mucho a los ganaderos, a los transportistas y a los contrabandistas de automóviles. Fue precisamente un ganadero de Guarayos quien intentó romper el bloqueo usando un arma de fuego; tuvo tiempo de asesinar a dos campesinos y herir a otros ocho antes de ser atrapado y muerto a golpes.
La reacción de las elites cruceñas no se dejó esperar, y los medios de comunicación de Santa Cruz desataron una verdadera avalancha de desinformación en la que lo único que quedaba claro era el profundo racismo latente en esa sociedad, al extremo que el entonces diputado Carlos Valverde Barbery aseguró que los campesinos de San Julián iban a "picar" y "comerse" a sus víctimas.
Hoy estamos en vísperas de un nuevo plan de "colonización", esta vez en Pando, donde el Gobierno pretende distribuir tierras fiscales a 4.000 familias provenientes del área andina.
La reacción inmediata al solo anuncio consistió en acusar al Gobierno de pretender modificar la demografía pandina sólo para obtener mejor votación en la elección de diciembre. En 1984 los dirigentes cruceños aseguraron que San Julián había tenido en su origen el mismo objetivo.
En esta ocasión también se anuncia una importante inversión pública para asegurar las mejores condiciones posibles a las familias que serán trasladadas. Queremos creer que esta vez se evitarán los errores de la década de 1970, pues de lo contrario es previsible que el conflicto se desatará más rápido que entonces.
Sin embargo, la más preocupante coincidencia entre ambos procesos de colonización está en la virulencia con que la oposición ha reaccionado al proyecto, negando de hecho la potencialidad del proceso en la históricamente abandonada región amazónica al señalar sólo los posibles conflictos entre campesinos, indígenas y zafreros de la castaña (probablemente inducidos por intereses particulares, creemos) y alentar sentimientos regionalistas.
Los medios de comunicación tampoco ayudan, pues además de alimentar de manera casi cotidiana el conflicto entre Gobierno y dirigentes políticos y cívicos opositores, poco hacen por descubrir la importancia del proceso más allá de los presuntos efectos electorales. Además, piden respetar la "dignidad" de quienes poblarán el norte boliviano, pero al mismo tiempo no dudan en señalar que el Gobierno pretende "acarrear" a estas personas, como si fuesen objetos o animales y no seres humanos.
El Ministro de la Presidencia ha anunciado que el proyecto se ejecutará "sí o sí", y está bien que así sea, pues las políticas de Estado no pueden depender de la coyuntura. Pero será inaceptable que acabada la euforia del inicio del proceso acabe también el interés y compromiso de las autoridades llamadas a asegurar tanto el éxito del programa como, sobre todo, la digna existencia de esas personas.
hicetnunc1@gmail.com
Claudio Rossell Arce
En 1972 comenzó en el norte de Santa Cruz de la Sierra un plan de "colonización" en la zona de San Julián. El proyecto contemplaba invertir 8,4 millones de dólares para asentar 4.600 familias dotándoles de caminos, agua, vivienda provisional, tierra (50 hectáreas por familia), servicios de salud, asistencia técnica, maquinaria y mercado para sus productos.
12 años después en San Julián vivían más de 15 mil personas, pero muy pocas de las promesas hechas al inicio del proyecto se habían cumplido. En septiembre de 1984 los colonizadores de San Julián iniciaron una movilización exigiendo a las autoridades nacionales que cumpliesen con sus demandas de caminos, salud, agua potable, educación y otros. La falta de respuestas a estas demandas obligó a los colonizadores a iniciar, en octubre, un bloqueo de caminos.
El bloqueo en poco afectaba a los burócratas del Estado, pero en mucho a los ganaderos, a los transportistas y a los contrabandistas de automóviles. Fue precisamente un ganadero de Guarayos quien intentó romper el bloqueo usando un arma de fuego; tuvo tiempo de asesinar a dos campesinos y herir a otros ocho antes de ser atrapado y muerto a golpes.
La reacción de las elites cruceñas no se dejó esperar, y los medios de comunicación de Santa Cruz desataron una verdadera avalancha de desinformación en la que lo único que quedaba claro era el profundo racismo latente en esa sociedad, al extremo que el entonces diputado Carlos Valverde Barbery aseguró que los campesinos de San Julián iban a "picar" y "comerse" a sus víctimas.
Hoy estamos en vísperas de un nuevo plan de "colonización", esta vez en Pando, donde el Gobierno pretende distribuir tierras fiscales a 4.000 familias provenientes del área andina.
La reacción inmediata al solo anuncio consistió en acusar al Gobierno de pretender modificar la demografía pandina sólo para obtener mejor votación en la elección de diciembre. En 1984 los dirigentes cruceños aseguraron que San Julián había tenido en su origen el mismo objetivo.
En esta ocasión también se anuncia una importante inversión pública para asegurar las mejores condiciones posibles a las familias que serán trasladadas. Queremos creer que esta vez se evitarán los errores de la década de 1970, pues de lo contrario es previsible que el conflicto se desatará más rápido que entonces.
Sin embargo, la más preocupante coincidencia entre ambos procesos de colonización está en la virulencia con que la oposición ha reaccionado al proyecto, negando de hecho la potencialidad del proceso en la históricamente abandonada región amazónica al señalar sólo los posibles conflictos entre campesinos, indígenas y zafreros de la castaña (probablemente inducidos por intereses particulares, creemos) y alentar sentimientos regionalistas.
Los medios de comunicación tampoco ayudan, pues además de alimentar de manera casi cotidiana el conflicto entre Gobierno y dirigentes políticos y cívicos opositores, poco hacen por descubrir la importancia del proceso más allá de los presuntos efectos electorales. Además, piden respetar la "dignidad" de quienes poblarán el norte boliviano, pero al mismo tiempo no dudan en señalar que el Gobierno pretende "acarrear" a estas personas, como si fuesen objetos o animales y no seres humanos.
El Ministro de la Presidencia ha anunciado que el proyecto se ejecutará "sí o sí", y está bien que así sea, pues las políticas de Estado no pueden depender de la coyuntura. Pero será inaceptable que acabada la euforia del inicio del proceso acabe también el interés y compromiso de las autoridades llamadas a asegurar tanto el éxito del programa como, sobre todo, la digna existencia de esas personas.
hicetnunc1@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario