Soledad Antelo
Rubén Costas, electo Gobernador de Santa Cruz, ha dado muestras de un estado de ánimo beligerante en el cabildo “para defender el voto”, convocado por los de siempre. Así, al menos, describe esa jornada de protesta el periódico El Día de nuestra ciudad:
Costas jura y dice que Ley Corta le importa un bledo
“Me importa un bledo las leyes Cortas, me importa un bledo las leyes tránsfugas o transitorias, me importa un bledo los decretos de leyes de esta dictadura disfrazada de democracia”
Añade el imaginativo periódico algo de su propio peculio: “Costas fortalecido por el apoyo del pueblo y de las principales autoridades cívicas, políticas y sociales que participaron en la concentración de protesta, volvió a rugir advirtiéndole al Gobierno que Santa Cruz está de pie”.
Con certeza, el exabrupto de Rubén Costas no se refería a aquella planta anual de la familia de las Quenopodiáceas, de tallos rastreros, que nos describe el diccionario para tal término. Habló de su actitud ante las leyes del Estado Plurinacional, obligado a cumplirlas, respetarlas y hacerlas cumplir, en el otro sentido de la palabra: 2. m. Cosa insignificante, de poco o ningún valor.
Habrá que convenir, esta vez, que la redacción del periódico de marras resulta atinada con las circunstancias y el descrito “rugido” [2. m. Grito o dicho del hombre colérico y furioso] del señor Gobernador. Tal estado de ánimo condice con las nuevas reglas a las que, de buen o mal talante, debe sujetarse Rubén Costas en el ejercicio de su mandato constitucional; y que empiezan a normar la vida política del país, Santa Cruz incluido. Y es que se acabó el manejo discrecional del poder, puesto que la elección de una autoridad, por muy abismal que haya sido la diferencia con sus contendores, no es un cheque en blanco para hacer lo que los intereses particulares y/o de grupo así lo manden.
Si un Gobernador comete un delito (y nos referimos, por supuesto, no a delitos comunes, sino a aquellos inherentes a su mandato), ¿cómo puede el Estado defender los intereses del conjunto de la ciudadanía? Ser electo, ¿es sinónimo de absoluta impunidad en la administración estatal? Tales preguntas intentan responderse en una denominada Ley Corta, que establece una normativa transitoria ante el inevitable vacío legal que supone la vigencia de una nueva Constitución. Ese esqueleto normativo requiere complementarse de leyes; para ello, en democracia, el pueblo tiene la facultad de proponerlas no sólo mediante sus representantes democráticamente elegidos como miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en forma directa.
Olvidar tal abecé de la convivencia democrática es una forma insolente de iniciar un mandato con un llamado a la subversión de la convivencia pacífica entre ciudadanos que pueden tienen diferentes formas de pensar. Al respecto, ha resultado torpe y estéril el intento por mostrar la Ley Transitoria que tendrá su aprobación formal la próxima semana, como una “maniobra” del gobierno central para “impedir” la posesión de los gobernadores electos. Ellos, todos, por supuesto, tendrán que asumir el mandato popular y nadie puede o debe impedirlo. Un mandato popular que contempla deberes y derechos que deben ser honrados de manera transparente, tanto por gobernadores opositores al proceso de cambio como por los oficialistas.
Rubén Costas ha cometido una doble estupidez. A la ya señalada, habrá que recordarle que, de hoy en adelante, sus actos también serán objeto de seguimiento por parte de legisladores regionales que, con todo derecho, sí podrán decir que, para el cumplimiento de la ley, les importará un bledo lo que el circunstancial gobernador piense o ruja.
La gobernanza, señor Costas, comienza por la madurez emocional. Lo suyo ha sido, de veras, menos que lamentable: apenas jocoso.
PS. Preguntita de cierre: ¿Por qué, esta vez, las cámaras de Unitel estaban fijas en un par de puntos y no mostraban el “multitudinario” cabildo?
Rubén Costas, electo Gobernador de Santa Cruz, ha dado muestras de un estado de ánimo beligerante en el cabildo “para defender el voto”, convocado por los de siempre. Así, al menos, describe esa jornada de protesta el periódico El Día de nuestra ciudad:
Costas jura y dice que Ley Corta le importa un bledo
“Me importa un bledo las leyes Cortas, me importa un bledo las leyes tránsfugas o transitorias, me importa un bledo los decretos de leyes de esta dictadura disfrazada de democracia”
Añade el imaginativo periódico algo de su propio peculio: “Costas fortalecido por el apoyo del pueblo y de las principales autoridades cívicas, políticas y sociales que participaron en la concentración de protesta, volvió a rugir advirtiéndole al Gobierno que Santa Cruz está de pie”.
Con certeza, el exabrupto de Rubén Costas no se refería a aquella planta anual de la familia de las Quenopodiáceas, de tallos rastreros, que nos describe el diccionario para tal término. Habló de su actitud ante las leyes del Estado Plurinacional, obligado a cumplirlas, respetarlas y hacerlas cumplir, en el otro sentido de la palabra: 2. m. Cosa insignificante, de poco o ningún valor.
Habrá que convenir, esta vez, que la redacción del periódico de marras resulta atinada con las circunstancias y el descrito “rugido” [2. m. Grito o dicho del hombre colérico y furioso] del señor Gobernador. Tal estado de ánimo condice con las nuevas reglas a las que, de buen o mal talante, debe sujetarse Rubén Costas en el ejercicio de su mandato constitucional; y que empiezan a normar la vida política del país, Santa Cruz incluido. Y es que se acabó el manejo discrecional del poder, puesto que la elección de una autoridad, por muy abismal que haya sido la diferencia con sus contendores, no es un cheque en blanco para hacer lo que los intereses particulares y/o de grupo así lo manden.
Si un Gobernador comete un delito (y nos referimos, por supuesto, no a delitos comunes, sino a aquellos inherentes a su mandato), ¿cómo puede el Estado defender los intereses del conjunto de la ciudadanía? Ser electo, ¿es sinónimo de absoluta impunidad en la administración estatal? Tales preguntas intentan responderse en una denominada Ley Corta, que establece una normativa transitoria ante el inevitable vacío legal que supone la vigencia de una nueva Constitución. Ese esqueleto normativo requiere complementarse de leyes; para ello, en democracia, el pueblo tiene la facultad de proponerlas no sólo mediante sus representantes democráticamente elegidos como miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino también en forma directa.
Olvidar tal abecé de la convivencia democrática es una forma insolente de iniciar un mandato con un llamado a la subversión de la convivencia pacífica entre ciudadanos que pueden tienen diferentes formas de pensar. Al respecto, ha resultado torpe y estéril el intento por mostrar la Ley Transitoria que tendrá su aprobación formal la próxima semana, como una “maniobra” del gobierno central para “impedir” la posesión de los gobernadores electos. Ellos, todos, por supuesto, tendrán que asumir el mandato popular y nadie puede o debe impedirlo. Un mandato popular que contempla deberes y derechos que deben ser honrados de manera transparente, tanto por gobernadores opositores al proceso de cambio como por los oficialistas.
Rubén Costas ha cometido una doble estupidez. A la ya señalada, habrá que recordarle que, de hoy en adelante, sus actos también serán objeto de seguimiento por parte de legisladores regionales que, con todo derecho, sí podrán decir que, para el cumplimiento de la ley, les importará un bledo lo que el circunstancial gobernador piense o ruja.
La gobernanza, señor Costas, comienza por la madurez emocional. Lo suyo ha sido, de veras, menos que lamentable: apenas jocoso.
PS. Preguntita de cierre: ¿Por qué, esta vez, las cámaras de Unitel estaban fijas en un par de puntos y no mostraban el “multitudinario” cabildo?
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