Por Alicia Tejada Soruco
Hace algunos meses nos referimos a la frontera de la disputa y el conflicto señalando a los bosques y los múltiples actores que se disputan derechos en las áreas en las que ocurren. Veníamos advirtiendo también acerca del carácter de pre eminencia de la minería y sus efectos en el Este de Bolivia, donde hay otros derechos (comunitarios, propietarios, concesiones forestales) pre constituidos y considerados (al menos desde los criterios economicistas) estratégicos para el desarrollo del país.
Ahora nos aprestamos a enfrentar un debate adeudado a los bolivianos y particularmente a las provincias en las que existen minerales valiosos, que al igual que la madera y otros recursos, son explotados sin dejar tras de sí, más que una dependencia de esta actividad y la consecuente desestructuración de las economías locales (tal es el caso de la minería ilegal de San Ramón y de la ilegalidad forestal en los llanos y en Amazonía). ¿El estado, fiel a su histórica vocación rentista ha cambiado? Esta es la pregunta, puesto que es el único rol que se asignó y que cumplió mal, sino veamos qué paso con los pagos de patentes mineras la última década.
Ahora los cooperativistas mineros (que datan de 1940, tomando la Mina de oro de Víctor Aramayo), y la mediana minería (que se instaura en el gobierno de Sánchez de Lozada), han cuestionado al gobierno la creación de un nuevo actor minero; “Las empresas Comunitarias Mineras”; que es coherente también con la creación de las Unidades Productivas que plantea la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agraria, en tanto constituye a la comunidad como una Unidad productiva, carácter que no estaba vetado desde que los indígenas del país (en los 90) habían constituido sus TCO, con derechos preferentes y exclusivos sobre los recursos naturales de esta áreas, dentro de la lógica neo liberal que asfaltó la carretera por la que transitaría el mercado.
Los cooperativistas mineros consideran que los comunitarios únicamente deberían conformarse con el pago de regalías con el que se beneficiaran y dedicarse a producir para la seguridad alimentaria del país: “zapatero a tus zapatos”, han advertido sumándose a estos la comisión de Industrias extractivistas.
El Precámbrico fue estudiado, por mandato de DS del gobierno de Banzer, por empresas británicas y canadienses. De la misma forma durante el gobierno de GSL. Los mejores reservorios de minerales están en manos de las transnacionales Orvana Mineral Corp., Votorantim y Jindal, pero también hay aproximadamente 600 derechos otorgados en el área y otros cientos operadores ilegales.
Nos aprestamos a otro de los grandes debates en este país y tiene que ver con el estatus de unidad económica del que se está revistiendo a las comunidades, medida que las introduce en una economía de mercado liberal, a partir de los recursos naturales existentes en éstas. Una nueva burguesía también se está gestando a partir de estas medidas, es indudable.
Hace algunos meses nos referimos a la frontera de la disputa y el conflicto señalando a los bosques y los múltiples actores que se disputan derechos en las áreas en las que ocurren. Veníamos advirtiendo también acerca del carácter de pre eminencia de la minería y sus efectos en el Este de Bolivia, donde hay otros derechos (comunitarios, propietarios, concesiones forestales) pre constituidos y considerados (al menos desde los criterios economicistas) estratégicos para el desarrollo del país.
Ahora nos aprestamos a enfrentar un debate adeudado a los bolivianos y particularmente a las provincias en las que existen minerales valiosos, que al igual que la madera y otros recursos, son explotados sin dejar tras de sí, más que una dependencia de esta actividad y la consecuente desestructuración de las economías locales (tal es el caso de la minería ilegal de San Ramón y de la ilegalidad forestal en los llanos y en Amazonía). ¿El estado, fiel a su histórica vocación rentista ha cambiado? Esta es la pregunta, puesto que es el único rol que se asignó y que cumplió mal, sino veamos qué paso con los pagos de patentes mineras la última década.
Ahora los cooperativistas mineros (que datan de 1940, tomando la Mina de oro de Víctor Aramayo), y la mediana minería (que se instaura en el gobierno de Sánchez de Lozada), han cuestionado al gobierno la creación de un nuevo actor minero; “Las empresas Comunitarias Mineras”; que es coherente también con la creación de las Unidades Productivas que plantea la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agraria, en tanto constituye a la comunidad como una Unidad productiva, carácter que no estaba vetado desde que los indígenas del país (en los 90) habían constituido sus TCO, con derechos preferentes y exclusivos sobre los recursos naturales de esta áreas, dentro de la lógica neo liberal que asfaltó la carretera por la que transitaría el mercado.
Los cooperativistas mineros consideran que los comunitarios únicamente deberían conformarse con el pago de regalías con el que se beneficiaran y dedicarse a producir para la seguridad alimentaria del país: “zapatero a tus zapatos”, han advertido sumándose a estos la comisión de Industrias extractivistas.
El Precámbrico fue estudiado, por mandato de DS del gobierno de Banzer, por empresas británicas y canadienses. De la misma forma durante el gobierno de GSL. Los mejores reservorios de minerales están en manos de las transnacionales Orvana Mineral Corp., Votorantim y Jindal, pero también hay aproximadamente 600 derechos otorgados en el área y otros cientos operadores ilegales.
Nos aprestamos a otro de los grandes debates en este país y tiene que ver con el estatus de unidad económica del que se está revistiendo a las comunidades, medida que las introduce en una economía de mercado liberal, a partir de los recursos naturales existentes en éstas. Una nueva burguesía también se está gestando a partir de estas medidas, es indudable.
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