Escribe: aníbal jerez Lezana
El Presidente del Estado Plurinacional cobra viáticos cuando viaja al exterior?, alguien sabe cuánto es el sueldo de un Gobernador y los Asambleístas?, cuánto ganarán los Ministros del Estado Plurinacional, los directivos de las empresas estratégicas, el Rector, el Contralor, los jueces y fiscales que ostentan públicamente bienes caros, los vocales de la Corte Electoral, los altos mandos de la Policía y del Ejército, cuanto ganarán los Alcaldes y los Concejales; Estas autoridades tienen gastos de representación?, tienen gastos reservados?; cuales son las empresas que tienen más contratos y cuanto facturaron en la administración pública, son necesarios todos los cargos creados en la entidad; estas son algunas preguntas que tienen los ciudadanos y no hay forma posible de tener respuestas con transparencia, oportunidad y facilidad, pareciera que son preguntas incomodas y que no las quieren responder.
En las entidades cooperativas y otras privadas de interés social un ciudadano también se pregunta cómo es que definen los altos sueldos para los cargos jerárquicos, por ejemplo, en la CRE, COTAS, SAGUAPAC y otras que se nutren del pago que hacen los socios; alguien se pregunta si en nombre de Dios los jerarcas de la iglesia tienen sueldos, cuanto y quien les paga?, cuanto es el sueldo de los directivos del Comité Por Santa Cruz, de la Cruz Roja y de centenares de fundaciones y ONGs. que captan recursos internos y externos en nombre del interés público.
Los directivos públicos, a paso lento y sin la oportunidad y calidad necesaria, están asumiendo la obligación de la rendición de cuentas. En el ámbito de las millonarias empresas cooperativas se conoce de la organización de actos formales preparados a la medida de la reelección de los miembros de los Concejos de Administración y de Vigilancia, son típicos actos con la única verdad del informante que aplauden los delegados que es gente llevada mediante una selección dirigida en base a estatutos dirigidos, los concurrentes a las asambleas distritales solo escuchan, aplauden y reciben folletos, algunas gorras y poleras, la comida es abundante en estas reuniones, sin embargo no está en el libreto -de la oficina que organiza el acto- que el ciudadano pueda ejercer su derecho de hacer preguntas incomodas, de cuestionar decisiones, de exigir razonamientos y argumentaciones; el acto responde al modelo de “rendición de cuentas” vertical, unilateral y absoluto, la utilización de los delegados es una mascarada para legitimar una reelección.
La rendición de cuentas es una obligación de todo gobierno público o privado y es un derecho del ciudadano y de los socios; la naturaleza de la rendición de cuentas exige que sea un acto amplio y de dialogo critico, se debe preguntar y se debe responder ampliamente con argumentos y documentos de respaldo suficiente, si no se lo hace de esa manera, los ciudadanos que representan a los vecinos u otra forma de organización social están en su derecho de dudar del mandatario publico o social, están también en su derecho de cuestionar la gestión y de usar otras vías -incluso las coercitivas legales- para lograr acceder a la información de una rendición de cuentas.
El propósito de “lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación” (Art. 1ro. inciso c de la Ley No. 1178) es un viejo mandato pobremente cumplido; la obligación de transparentar la gestión es un derecho constitucional, el mismo que de manera imperativa dice que “los bolivianos y bolivianas tienen como derechos acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, “toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta con el solo requisito que la identificación del peticionario”.
Si es nuestra plata la que administran las autoridades públicas o si en nombre de nuestra pobreza o del medio ambiente captan apoyos internos o externos, están obligados a transparentar el uso de los recursos; la transparencia consiste en la obligación de una práctica y manejo visible, no hacerlo mostraría una gestión muda y generaría dudas sobre la probidad de sus autoridades, la opacidad de esa situación generalmente es causada por la deficiente cultura y ética de responsabilidad la misma que debilita la institucionalidad y los lideratos.
Y no es que sea peligroso transparentarlo todo, tampoco es una avivada ni un pecado ganar un sueldo o realizar gastos de forma pertinente al cargo y responsabilidades, en el ámbito cooperativo y otros entes privados sin fines de lucro existen principios y obligaciones estatutarias que obligan a la transparencia y a la rendición de cuentas y, en el ámbito público existen leyes que regulan la organización, los niveles salariales, los viáticos, gastos de representación, los topes del gasto corriente y las inversiones para la administración pública además de las responsabilidades de las instancias de fiscalización.
Con el marco legal indicado es más fácil transparentar que limitar la información, por ejemplo: burocráticamente toda la planilla de sueldos es entregada mensualmente a las Administradoras de Pensiones, a la Caja Nacional de Salud, al Ministerio del Trabajo, la facturación de gastos e inversiones esta en los sistemas contables informáticos del SIGMA, SINCOM y las ejecuciones presupuestarias son entregadas mensualmente al Ministerio de Hacienda; de toda esta información poco y nada es conocida por el soberano, es decir por los ciudadanos mandantes; los ejecutivos de las entidades no tienen voluntad política de transparentar su gestión. Un buen inicio de la transparentacion se lograría simplemente habilitando páginas web amigables que respondan preguntas como las indicadas subiendo toda la información que se genera y reporta en los entes, abriendo oficinas de amplia atención al vecino, revalorizando la planificación participativa que supere la cooptación prebendal de vigilantes sociales, establecer medios impresos y eventos abiertos y críticos de rendiciones de cuentas; solo con estas medidas se podría cambiar sustancialmente la situación imperante.
En la hora presente, transparentar la información y documentación de la gestión y específicamente el uso de los fondos para el sector publico o para las entidades privadas que trabajan en nombre del interés público, es un reto urgente para fortalecer la institucionalidad democrática, no hacerlo demandará un activismo de las organizaciones de la sociedad civil, de los Comités de Vigilancia y otra formas del control social, incluso llegando a los extremos de acciones legales de petición de informes mediante el Ministerio Publico. Ojala las respuestas lleguen con las condiciones cualitativas y de oportunidad (El Palmar de la Jabonería, Región Autónoma del Gran Chaco. Bolivia. 01/XII/2010).
El Presidente del Estado Plurinacional cobra viáticos cuando viaja al exterior?, alguien sabe cuánto es el sueldo de un Gobernador y los Asambleístas?, cuánto ganarán los Ministros del Estado Plurinacional, los directivos de las empresas estratégicas, el Rector, el Contralor, los jueces y fiscales que ostentan públicamente bienes caros, los vocales de la Corte Electoral, los altos mandos de la Policía y del Ejército, cuanto ganarán los Alcaldes y los Concejales; Estas autoridades tienen gastos de representación?, tienen gastos reservados?; cuales son las empresas que tienen más contratos y cuanto facturaron en la administración pública, son necesarios todos los cargos creados en la entidad; estas son algunas preguntas que tienen los ciudadanos y no hay forma posible de tener respuestas con transparencia, oportunidad y facilidad, pareciera que son preguntas incomodas y que no las quieren responder.
En las entidades cooperativas y otras privadas de interés social un ciudadano también se pregunta cómo es que definen los altos sueldos para los cargos jerárquicos, por ejemplo, en la CRE, COTAS, SAGUAPAC y otras que se nutren del pago que hacen los socios; alguien se pregunta si en nombre de Dios los jerarcas de la iglesia tienen sueldos, cuanto y quien les paga?, cuanto es el sueldo de los directivos del Comité Por Santa Cruz, de la Cruz Roja y de centenares de fundaciones y ONGs. que captan recursos internos y externos en nombre del interés público.
Los directivos públicos, a paso lento y sin la oportunidad y calidad necesaria, están asumiendo la obligación de la rendición de cuentas. En el ámbito de las millonarias empresas cooperativas se conoce de la organización de actos formales preparados a la medida de la reelección de los miembros de los Concejos de Administración y de Vigilancia, son típicos actos con la única verdad del informante que aplauden los delegados que es gente llevada mediante una selección dirigida en base a estatutos dirigidos, los concurrentes a las asambleas distritales solo escuchan, aplauden y reciben folletos, algunas gorras y poleras, la comida es abundante en estas reuniones, sin embargo no está en el libreto -de la oficina que organiza el acto- que el ciudadano pueda ejercer su derecho de hacer preguntas incomodas, de cuestionar decisiones, de exigir razonamientos y argumentaciones; el acto responde al modelo de “rendición de cuentas” vertical, unilateral y absoluto, la utilización de los delegados es una mascarada para legitimar una reelección.
La rendición de cuentas es una obligación de todo gobierno público o privado y es un derecho del ciudadano y de los socios; la naturaleza de la rendición de cuentas exige que sea un acto amplio y de dialogo critico, se debe preguntar y se debe responder ampliamente con argumentos y documentos de respaldo suficiente, si no se lo hace de esa manera, los ciudadanos que representan a los vecinos u otra forma de organización social están en su derecho de dudar del mandatario publico o social, están también en su derecho de cuestionar la gestión y de usar otras vías -incluso las coercitivas legales- para lograr acceder a la información de una rendición de cuentas.
El propósito de “lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos a los que se destinaron los recursos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de su aplicación” (Art. 1ro. inciso c de la Ley No. 1178) es un viejo mandato pobremente cumplido; la obligación de transparentar la gestión es un derecho constitucional, el mismo que de manera imperativa dice que “los bolivianos y bolivianas tienen como derechos acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, “toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta con el solo requisito que la identificación del peticionario”.
Si es nuestra plata la que administran las autoridades públicas o si en nombre de nuestra pobreza o del medio ambiente captan apoyos internos o externos, están obligados a transparentar el uso de los recursos; la transparencia consiste en la obligación de una práctica y manejo visible, no hacerlo mostraría una gestión muda y generaría dudas sobre la probidad de sus autoridades, la opacidad de esa situación generalmente es causada por la deficiente cultura y ética de responsabilidad la misma que debilita la institucionalidad y los lideratos.
Y no es que sea peligroso transparentarlo todo, tampoco es una avivada ni un pecado ganar un sueldo o realizar gastos de forma pertinente al cargo y responsabilidades, en el ámbito cooperativo y otros entes privados sin fines de lucro existen principios y obligaciones estatutarias que obligan a la transparencia y a la rendición de cuentas y, en el ámbito público existen leyes que regulan la organización, los niveles salariales, los viáticos, gastos de representación, los topes del gasto corriente y las inversiones para la administración pública además de las responsabilidades de las instancias de fiscalización.
Con el marco legal indicado es más fácil transparentar que limitar la información, por ejemplo: burocráticamente toda la planilla de sueldos es entregada mensualmente a las Administradoras de Pensiones, a la Caja Nacional de Salud, al Ministerio del Trabajo, la facturación de gastos e inversiones esta en los sistemas contables informáticos del SIGMA, SINCOM y las ejecuciones presupuestarias son entregadas mensualmente al Ministerio de Hacienda; de toda esta información poco y nada es conocida por el soberano, es decir por los ciudadanos mandantes; los ejecutivos de las entidades no tienen voluntad política de transparentar su gestión. Un buen inicio de la transparentacion se lograría simplemente habilitando páginas web amigables que respondan preguntas como las indicadas subiendo toda la información que se genera y reporta en los entes, abriendo oficinas de amplia atención al vecino, revalorizando la planificación participativa que supere la cooptación prebendal de vigilantes sociales, establecer medios impresos y eventos abiertos y críticos de rendiciones de cuentas; solo con estas medidas se podría cambiar sustancialmente la situación imperante.
En la hora presente, transparentar la información y documentación de la gestión y específicamente el uso de los fondos para el sector publico o para las entidades privadas que trabajan en nombre del interés público, es un reto urgente para fortalecer la institucionalidad democrática, no hacerlo demandará un activismo de las organizaciones de la sociedad civil, de los Comités de Vigilancia y otra formas del control social, incluso llegando a los extremos de acciones legales de petición de informes mediante el Ministerio Publico. Ojala las respuestas lleguen con las condiciones cualitativas y de oportunidad (El Palmar de la Jabonería, Región Autónoma del Gran Chaco. Bolivia. 01/XII/2010).
1 comentario:
quello che stavo cercando, grazie
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