Bolivia
Reencauzar el proceso de cambio
Antonio Peredo Leigue
Febrero 2, 2011
El decreto 748 que elevó el precio de los combustibles en montos de 50% a más de 80% y su posterior derogatoria, marcó el quiebre de un proceso que, durante los cinco años anteriores, avanzó con buenos resultados aunque también con fallas y deficiencias. El quiebre ha provocado un aumento en los precios de gran parte de los alimentos. A esto se suma la crisis mundial, que aumenta aún más esos costos, y se presenta el fantasma de la carestía.
Que los opositores y los enemigos de este proceso celebren la enorme dificultad que supone atravesar esta crisis, era de esperar. Que no puedan hacerlo públicamente, también, porque el problema es de todos. Cada quien, en su nivel social, está sufriendo las consecuencias. El gobierno está defendiendo la economía del país con medidas de corto plazo, buscando mantener el control de la situación. Ya no se trata del gobierno frente a la oposición. Se trata del país, más allá de los pleitos partidistas.
Hay que poner las cosas en claro para sugerir algún camino. Los precios de la gasolina y el diesel están subvencionados desde hace mucho tiempo; mucho antes de este gobierno. Esto ha permitido, ciertamente, que se mantenga un costo de vida bajo en el país. Pero, como contrapartida, ha beneficiado a determinados sectores que, en estos cinco años, han obtenido ganancias mayores que antes.
Esto no es responsabilidad del gobierno actual; es el efecto del alza en las cotizaciones internacionales del petróleo y la crisis que azota a los países enriquecidos. De modo tal que, una subvención que alcanzaba a 150 millones de dólares en 2006, se ha elevado a casi 400 millones en la actualidad. El contrabando, que es una actividad superlativa en Bolivia, encontró terreno abonado para engordar su bolsillo. Es más: otros muchos se iniciaron en el contrabando y la corrupción burocrática creció sin restricción. Autoridades honestas han fracasado en la tarea de terminar con esas lacras. Funcionarios deshonestos han puesto en práctica trucos, malabares y mañas de antiguo y nuevo cuño.
Con ese lastre, todas las medidas que el gobierno consideró oportunas, no pudieron impedir que aumentasen los precios en los mercados. Importar grandes volúmenes de alimentos, establecer mejores controles aduaneros, sigue siendo insuficiente y, además, significa un gasto de proporciones similares o talvez mayores a la subvención de los combustibles. De modo que, ahora, tenemos un gasto doble que antes de los malhadados decretos de ajuste de precios y derogatoria del ajuste.
Además, no podemos olvidar que, sólo para poner un ejemplo, la cotización internacional del azúcar ha subido 20%; lo mismo ocurre con otros alimentos. Internamente, manteníamos los precios bajos que, de algún modo, eran soportados por los productores, porque la gasolina y el diesel estaban subvencionados. Así, estábamos pasando la crisis casi sin sentirla, no obstante los vaticinios malignos de cuanto comentarista se cree ducho en materia económica. La situación cambió cuando se puso un clavo que debía sostener el equilibrio económico en el país. El efecto, al contrario, fue devastador y haberlo sacado no solucionó nada, porque el hueco que dejó ha sido tan grande que, hasta ahora, no es posible llenarlo.
Que debíamos hacer esto o aquello, que tal o cual es responsable y éste o aquel se opuso entonces, no remedia nada. Lo cierto es que, el proceso de cambio ha sufrido una caída considerable, que no podemos ocultar. Estamos viviendo la situación más crítica que se ha presentado desde el 22 de enero de 2006; talvez desde octubre de 2003, cuando el pueblo derrocó a Gonzalo Sánchez y nos propusimos cambiar este país de la cabeza a los pies. No ha sido una tarea fácil, pero convengamos en que la acción del pueblo y el gobierno de Evo Morales lograron superar situaciones riesgosas como los intentos de desabastecer el mercado, desatar la guerra civil, atentados criminales y muchas otras cosas. Hoy, la situación tiene otro aspecto: el gobierno enfrenta reacciones de las organizaciones sociales que son o deben ser la base del proceso de cambio.
Una frase que se está repitiendo con mucha frecuencia es que el Presidente no escucha al pueblo. Quienes la dicen, entienden por escuchar, aceptar y resolver cuanto reclamo hagan todos los sectores. Los transportistas hablan a nombre del pueblo, lo hacen los cooperativistas mineros, se suman los trabajadores en salud y los maestros, gritan lo mismo los panificadores y los comerciantes minoristas, incluso se proclaman portadores de esa voz los avasalladores. En fin, el Presidente tendría que quitar a todos sus ministros y poner uno por cada sector que protesta. Así, no se gobierna; no se puede gobernar, ni siquiera para contentar al pueblo.
Pero tampoco se solucionará ningún problema encerrándose para tomar decisiones y saliendo para asistir a actos protocolares. Durante mucho tiempo, el Presidente Morales asumió la tarea de vincularse con los sectores populares. Se suponía que, el trabajo operativo para mantener el equilibrio económico y la concreción de proyectos de avance, era labor de los ministros y sus equipos técnicos. Pero Evo asumió una tarea mucho mayor que lo llevó a escenarios internacionales. Todos sabemos que nadie puede sustituirlo en esa ligazón que tiene con las organizaciones sociales. Con sus viajes internacionales, esa relación se hizo cada vez más distante hasta que se disolvió.
El Vicepresidente García Linera y el gabinete, en conjunto y por separado, intentaron sustituir el papel del presidente, sin conseguirlo. Al contrario, sus acciones han provocado reacciones negativas en las organizaciones sociales. Así lo dicen las protestas, por más injustas que sean. Ya es hora de que hagamos algo diferente.
En principio, hay que trabajar en las organizaciones del pueblo; no sólo para éstas, sino dentro de ellas. Las direcciones del instrumento político, los responsables departamentales, regionales y zonales, tienen que estar allí y trabajar intensamente para hacerlas partícipes del proceso de cambio. Ser partícipe no supone, de ninguna manera, acceder a un cargo público. Las organizaciones sociales comprometidas con este proceso, deben definir claramente el papel que juegan en este momento histórico. Hemos vuelto a la mala costumbre de pedir el respeto a nuestros derechos, la satisfacción de nuestras demandas y hasta la concesión de las prebendas que se nos antoje, advirtiendo que se tomarán medidas de fuerza si no se les atiende. ¿Dónde están los dirigentes y militantes del MAS? Se ocultan, se suman a la protesta e, incluso, usan la función pública que ejercen para presionar al Presidente. Si las organizaciones sociales no acompañan, no participan, no están comprometidas con el proceso de cambio, una vez más habremos fracasado como en la Revolución Nacional y como en el gobierno de la UDP. Después de esas experiencias, se instalaron regímenes retardatarios para implementar soluciones por la catástrofe. Basta recordar a Barrientos que redujo el salario de los mineros en 40% y al gobierno de Paz-Banzer que impuso el 21060.
Hay que rearmar el MAS-IPSP para que asuma, responsablemente, las tareas que le corresponde. Este es un paso esencial que debió darse hace mucho tiempo pero aún no es tarde para hacerlo. Los responsables nacionales y departamentales, por lo menos, no pueden ejercer otras tareas. Es mucho lo que debe hacerse desde esas direcciones y hay que garantizar que, quienes estén a cargo, cumplan debidamente su labor, sin sobresaltos ni prebendalismo.
Pero, por supuesto, es económico el problema que aflige en este momento. Hay que activar un plan de contingencia. Los precios seguirán subiendo, aunque no vuelva a tocarse el tema de los hidrocarburos. Seguramente en marzo la situación se habrá estabilizado, si se toman las medidas adecuadas. Habrá que hacer un corte entonces y estudiar la inflación ocurrida de enero de 2010 a marzo de 2011. Esa debiera ser la base de negociación para el aumento salarial, sin que quiera decir que el aumento será igual al porcentaje de inflación. La negociación será ardua, pero debe ser creíble. Y será creíble si las medidas tomadas por el gobierno tuvieron efecto. La importación de artículos de consumo debe anudarse con planes de producción nacional. Habrá que incentivar la producción agrícola del campesino pobre, después de auxiliarlo en los daños que está sufriendo por el cambio climatológico; con los empresarios, firmar convenios de atención económica bajo claros compromisos de producción. Trabajar con los municipios, sobre todo en las grandes ciudades, para tener un sector comercial confiable. Si no es posible, hacer que los centros de acopio y comercialización del Estado tengan una estructura estable y dejen la eventualidad en que han trabajado hasta ahora.
No será suficiente, por supuesto, pero es lo inmediato. A mediano y largo plazo la realización de obras que garanticen un empleo digno. Ya el presidente anunció la construcción de una ferrovía como parte del corredor bioceánico. El satélite tiene que ser una realidad, no por el empleo que pueda dar, sino porque la educación y la salud para todos, lo necesitan. Finalmente, hagamos los esfuerzos necesarios para industrializar el gas.
No se trata de las sugerencias de un sabelotodo. Es nada más que el fruto de un trabajo periodístico de recolección de las expectativas, los anhelos y los requerimientos de la gente de la calle. ¡Qué bueno sería que el Presidente Morales las escuche directamente!
Reencauzar el proceso de cambio
Antonio Peredo Leigue
Febrero 2, 2011
El decreto 748 que elevó el precio de los combustibles en montos de 50% a más de 80% y su posterior derogatoria, marcó el quiebre de un proceso que, durante los cinco años anteriores, avanzó con buenos resultados aunque también con fallas y deficiencias. El quiebre ha provocado un aumento en los precios de gran parte de los alimentos. A esto se suma la crisis mundial, que aumenta aún más esos costos, y se presenta el fantasma de la carestía.
Que los opositores y los enemigos de este proceso celebren la enorme dificultad que supone atravesar esta crisis, era de esperar. Que no puedan hacerlo públicamente, también, porque el problema es de todos. Cada quien, en su nivel social, está sufriendo las consecuencias. El gobierno está defendiendo la economía del país con medidas de corto plazo, buscando mantener el control de la situación. Ya no se trata del gobierno frente a la oposición. Se trata del país, más allá de los pleitos partidistas.
Hay que poner las cosas en claro para sugerir algún camino. Los precios de la gasolina y el diesel están subvencionados desde hace mucho tiempo; mucho antes de este gobierno. Esto ha permitido, ciertamente, que se mantenga un costo de vida bajo en el país. Pero, como contrapartida, ha beneficiado a determinados sectores que, en estos cinco años, han obtenido ganancias mayores que antes.
Esto no es responsabilidad del gobierno actual; es el efecto del alza en las cotizaciones internacionales del petróleo y la crisis que azota a los países enriquecidos. De modo tal que, una subvención que alcanzaba a 150 millones de dólares en 2006, se ha elevado a casi 400 millones en la actualidad. El contrabando, que es una actividad superlativa en Bolivia, encontró terreno abonado para engordar su bolsillo. Es más: otros muchos se iniciaron en el contrabando y la corrupción burocrática creció sin restricción. Autoridades honestas han fracasado en la tarea de terminar con esas lacras. Funcionarios deshonestos han puesto en práctica trucos, malabares y mañas de antiguo y nuevo cuño.
Con ese lastre, todas las medidas que el gobierno consideró oportunas, no pudieron impedir que aumentasen los precios en los mercados. Importar grandes volúmenes de alimentos, establecer mejores controles aduaneros, sigue siendo insuficiente y, además, significa un gasto de proporciones similares o talvez mayores a la subvención de los combustibles. De modo que, ahora, tenemos un gasto doble que antes de los malhadados decretos de ajuste de precios y derogatoria del ajuste.
Además, no podemos olvidar que, sólo para poner un ejemplo, la cotización internacional del azúcar ha subido 20%; lo mismo ocurre con otros alimentos. Internamente, manteníamos los precios bajos que, de algún modo, eran soportados por los productores, porque la gasolina y el diesel estaban subvencionados. Así, estábamos pasando la crisis casi sin sentirla, no obstante los vaticinios malignos de cuanto comentarista se cree ducho en materia económica. La situación cambió cuando se puso un clavo que debía sostener el equilibrio económico en el país. El efecto, al contrario, fue devastador y haberlo sacado no solucionó nada, porque el hueco que dejó ha sido tan grande que, hasta ahora, no es posible llenarlo.
Que debíamos hacer esto o aquello, que tal o cual es responsable y éste o aquel se opuso entonces, no remedia nada. Lo cierto es que, el proceso de cambio ha sufrido una caída considerable, que no podemos ocultar. Estamos viviendo la situación más crítica que se ha presentado desde el 22 de enero de 2006; talvez desde octubre de 2003, cuando el pueblo derrocó a Gonzalo Sánchez y nos propusimos cambiar este país de la cabeza a los pies. No ha sido una tarea fácil, pero convengamos en que la acción del pueblo y el gobierno de Evo Morales lograron superar situaciones riesgosas como los intentos de desabastecer el mercado, desatar la guerra civil, atentados criminales y muchas otras cosas. Hoy, la situación tiene otro aspecto: el gobierno enfrenta reacciones de las organizaciones sociales que son o deben ser la base del proceso de cambio.
Una frase que se está repitiendo con mucha frecuencia es que el Presidente no escucha al pueblo. Quienes la dicen, entienden por escuchar, aceptar y resolver cuanto reclamo hagan todos los sectores. Los transportistas hablan a nombre del pueblo, lo hacen los cooperativistas mineros, se suman los trabajadores en salud y los maestros, gritan lo mismo los panificadores y los comerciantes minoristas, incluso se proclaman portadores de esa voz los avasalladores. En fin, el Presidente tendría que quitar a todos sus ministros y poner uno por cada sector que protesta. Así, no se gobierna; no se puede gobernar, ni siquiera para contentar al pueblo.
Pero tampoco se solucionará ningún problema encerrándose para tomar decisiones y saliendo para asistir a actos protocolares. Durante mucho tiempo, el Presidente Morales asumió la tarea de vincularse con los sectores populares. Se suponía que, el trabajo operativo para mantener el equilibrio económico y la concreción de proyectos de avance, era labor de los ministros y sus equipos técnicos. Pero Evo asumió una tarea mucho mayor que lo llevó a escenarios internacionales. Todos sabemos que nadie puede sustituirlo en esa ligazón que tiene con las organizaciones sociales. Con sus viajes internacionales, esa relación se hizo cada vez más distante hasta que se disolvió.
El Vicepresidente García Linera y el gabinete, en conjunto y por separado, intentaron sustituir el papel del presidente, sin conseguirlo. Al contrario, sus acciones han provocado reacciones negativas en las organizaciones sociales. Así lo dicen las protestas, por más injustas que sean. Ya es hora de que hagamos algo diferente.
En principio, hay que trabajar en las organizaciones del pueblo; no sólo para éstas, sino dentro de ellas. Las direcciones del instrumento político, los responsables departamentales, regionales y zonales, tienen que estar allí y trabajar intensamente para hacerlas partícipes del proceso de cambio. Ser partícipe no supone, de ninguna manera, acceder a un cargo público. Las organizaciones sociales comprometidas con este proceso, deben definir claramente el papel que juegan en este momento histórico. Hemos vuelto a la mala costumbre de pedir el respeto a nuestros derechos, la satisfacción de nuestras demandas y hasta la concesión de las prebendas que se nos antoje, advirtiendo que se tomarán medidas de fuerza si no se les atiende. ¿Dónde están los dirigentes y militantes del MAS? Se ocultan, se suman a la protesta e, incluso, usan la función pública que ejercen para presionar al Presidente. Si las organizaciones sociales no acompañan, no participan, no están comprometidas con el proceso de cambio, una vez más habremos fracasado como en la Revolución Nacional y como en el gobierno de la UDP. Después de esas experiencias, se instalaron regímenes retardatarios para implementar soluciones por la catástrofe. Basta recordar a Barrientos que redujo el salario de los mineros en 40% y al gobierno de Paz-Banzer que impuso el 21060.
Hay que rearmar el MAS-IPSP para que asuma, responsablemente, las tareas que le corresponde. Este es un paso esencial que debió darse hace mucho tiempo pero aún no es tarde para hacerlo. Los responsables nacionales y departamentales, por lo menos, no pueden ejercer otras tareas. Es mucho lo que debe hacerse desde esas direcciones y hay que garantizar que, quienes estén a cargo, cumplan debidamente su labor, sin sobresaltos ni prebendalismo.
Pero, por supuesto, es económico el problema que aflige en este momento. Hay que activar un plan de contingencia. Los precios seguirán subiendo, aunque no vuelva a tocarse el tema de los hidrocarburos. Seguramente en marzo la situación se habrá estabilizado, si se toman las medidas adecuadas. Habrá que hacer un corte entonces y estudiar la inflación ocurrida de enero de 2010 a marzo de 2011. Esa debiera ser la base de negociación para el aumento salarial, sin que quiera decir que el aumento será igual al porcentaje de inflación. La negociación será ardua, pero debe ser creíble. Y será creíble si las medidas tomadas por el gobierno tuvieron efecto. La importación de artículos de consumo debe anudarse con planes de producción nacional. Habrá que incentivar la producción agrícola del campesino pobre, después de auxiliarlo en los daños que está sufriendo por el cambio climatológico; con los empresarios, firmar convenios de atención económica bajo claros compromisos de producción. Trabajar con los municipios, sobre todo en las grandes ciudades, para tener un sector comercial confiable. Si no es posible, hacer que los centros de acopio y comercialización del Estado tengan una estructura estable y dejen la eventualidad en que han trabajado hasta ahora.
No será suficiente, por supuesto, pero es lo inmediato. A mediano y largo plazo la realización de obras que garanticen un empleo digno. Ya el presidente anunció la construcción de una ferrovía como parte del corredor bioceánico. El satélite tiene que ser una realidad, no por el empleo que pueda dar, sino porque la educación y la salud para todos, lo necesitan. Finalmente, hagamos los esfuerzos necesarios para industrializar el gas.
No se trata de las sugerencias de un sabelotodo. Es nada más que el fruto de un trabajo periodístico de recolección de las expectativas, los anhelos y los requerimientos de la gente de la calle. ¡Qué bueno sería que el Presidente Morales las escuche directamente!
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