Por Dennis Martínez*
Fuente: SERVINDI 12 de enero, 2011
Olvídense de cualquier interpretación manipulativa. Al final, la reciente reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Cancún repitió el fracaso de Copenhague en 2009. Una vez más, las economías industriales del mundo se negaron a fijar nuevas reducciones obligatorias de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de las serias advertencias de los científicos. En cambio, los delegados vagamente prometieron dinero de nuevo para la adaptación y mitigación climática: esta vez, treinta mil millones de dólares a los países en desarrollo para el año 2012 y cien mil millones de dólares más para el año 2020.
Una vez más, parece que los países industrializados han prometido gran parte de este dinero en una medida de rescate denominada «REDD» o Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Países en Desarrollo.
Establecida por los países ricos, los inversionistas riesgosos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, REDD pagaría por el carbono absorbido en los países en desarrollo para compensar la contaminación causada por los países industrializados.
La iniciativa permitiría que los contaminadores compraran créditos de carbono de las empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales o países que prometen no destruir los bosques durante un período específico. Según los contaminadores, separar el dinero para la absorción de carbono en un bosque de REDD es mucho menos costoso que reducir las emisiones de los tubos de escape o chimeneas.
Pero incluso si funciona, lo cual constituye un punto de disputa, esta compensación de emisiones de carbono simplemente pospone cualquier intento de romper la dependencia en la economía de los combustibles fósiles.
Quizás las personas menos impresionadas por esta medida a medias sean las que necesitan con más urgencia una solución a los trastornos climáticos. Desde la cuenca del Amazonas hasta las sabanas de África, los pueblos indígenas tradicionales dependen directamente de su medio ambiente local para su subsistencia. Por esta razón, son los más vulnerables al cambio climático. En Cancún, los líderes indígenas vieron nuevamente como los tecnócratas REDD intentaron «salvar» sus bosques como sumideros globales de carbono, en lugar de reducir las emisiones de sus propios países.
REDD puede apuntar precisamente a los bosques tropicales porque las comunidades indígenas los han conservado cuidadosamente durante miles de años. Sin embargo, la iniciativa parece tener poca utilidad para los mismos habitantes de los bosques. Las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas relegan a los pueblos indígenas al estatus de «observador». Al menos ocho planes nacionales de REDD financiados por el Banco Mundial permitirían prohibir el tipo de agricultura a pequeña escala basada en la biodiversidad que es practicada por muchos pueblos indígenas y es erróneamente denominada «tala y quema».
Al mismo tiempo, por lo menos diecinueve de los planes explícitamente contienen disposiciones para las plantaciones de árboles, que desplazan a los habitantes del bosque, degradan la biodiversidad y constituyen un alto riesgo de incendio. Las plantaciones se toleran bajo la definición de bosques de las Naciones Unidas. Éstas satisfacen a los inversionistas de carbono que prefieren la medición precisa y la previsibilidad, no los desordenados hábitats forestales ricos en biodiversidad.
Esta mentalidad inspira lo que los críticos llaman fortress conservation [conservación de fortaleza]: las organizaciones no gubernamentales y las autoridades nacionales cercan la tierra para proteger a las especies y establecer proyectos de compensación de emisiones de carbono. Así expulsan a los administradores indígenas de sus bosques, quienes llegan a ser «refugiados de conservación». John Nelson, asesor en política para África del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), estima que alrededor de ciento cincuenta mil a dos cientos mil personas en la cuenca del Congo han sufrido este destino.
«Imagínese despertar un día —él comenta— para encontrar una frontera fuera de su pueblo, con guardias paramilitares armados que le dicen que no se puede entrar al bosque». Si la gente no puede entrar, no pueden enseñar a sus hijos a vivir en las formas tradicionales, y estas formas tradicionales, con todo lo que tienen que enseñar al mundo en general sobre el almacenamiento de carbono y la reparación de los ecosistemas forestales, se perderán. «¡Las políticas de mitigación de los países desarrollados —dijo Ramiro Batzin, un maya kaqchikel de Guatemala, recientemente al Banco Mundial— nos van a matar antes del cambio climático!».
A pesar de su larga residencia en los bosques, muchos pueblos indígenas han luchado durante décadas para establecer la propiedad legal de la tierra. Pero nada en Cancún requirió que los programas de REDD establecieran o garantizaran esos derechos u obtuvieran consentimiento genuino para los proyectos en las comunidades indígenas.
Este descuido, y la conservación de fortaleza que éste permite, no es sólo una injusticia, sino también una oportunidad perdida. Los estudios han demostrado que el manejo tradicional de la tierra, cuando el título de propiedad está asegurado, hace que el carbono se absorba de manera mucho más eficaz y barata que los esfuerzos convencionales favorecidos por REDD.
Los emberá de Panamá, al igual que los ogiek de Kenya, han sido los administradores de la tierra por milenios. Pero en el mejor de los casos, REDD les prometerían una compensación, además de una dependencia dudosa en una economía monetaria, que tiende a erosionar la cultura tradicional. Sobre todo en una época de caos climático, la erosión de dicha administración es inaceptable. Y en cualquier caso, nadie debe confundir la iniciativa con una solución real a un clima cambiante. Tal como en el caso de Kioto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero también será la solución real a finales de este año en Durban.
—
Dennis Martínez, es especialista indígena de los Estados Unidos en la restauración de bosques, forma parte del comité directivo de la Iniciativa Indígena de Evaluaciones Bioculturales sobre Cambio Climático (IPCCA). Laird Townsend de la organización de medios de comunicación sin fines de lucro, Word Project, un proyecto del Centro Tides, contribuyó a este artículo.
Fuente: SERVINDI 12 de enero, 2011
Olvídense de cualquier interpretación manipulativa. Al final, la reciente reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Cancún repitió el fracaso de Copenhague en 2009. Una vez más, las economías industriales del mundo se negaron a fijar nuevas reducciones obligatorias de las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de las serias advertencias de los científicos. En cambio, los delegados vagamente prometieron dinero de nuevo para la adaptación y mitigación climática: esta vez, treinta mil millones de dólares a los países en desarrollo para el año 2012 y cien mil millones de dólares más para el año 2020.
Una vez más, parece que los países industrializados han prometido gran parte de este dinero en una medida de rescate denominada «REDD» o Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Países en Desarrollo.
Establecida por los países ricos, los inversionistas riesgosos, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, REDD pagaría por el carbono absorbido en los países en desarrollo para compensar la contaminación causada por los países industrializados.
La iniciativa permitiría que los contaminadores compraran créditos de carbono de las empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales o países que prometen no destruir los bosques durante un período específico. Según los contaminadores, separar el dinero para la absorción de carbono en un bosque de REDD es mucho menos costoso que reducir las emisiones de los tubos de escape o chimeneas.
Pero incluso si funciona, lo cual constituye un punto de disputa, esta compensación de emisiones de carbono simplemente pospone cualquier intento de romper la dependencia en la economía de los combustibles fósiles.
Quizás las personas menos impresionadas por esta medida a medias sean las que necesitan con más urgencia una solución a los trastornos climáticos. Desde la cuenca del Amazonas hasta las sabanas de África, los pueblos indígenas tradicionales dependen directamente de su medio ambiente local para su subsistencia. Por esta razón, son los más vulnerables al cambio climático. En Cancún, los líderes indígenas vieron nuevamente como los tecnócratas REDD intentaron «salvar» sus bosques como sumideros globales de carbono, en lugar de reducir las emisiones de sus propios países.
REDD puede apuntar precisamente a los bosques tropicales porque las comunidades indígenas los han conservado cuidadosamente durante miles de años. Sin embargo, la iniciativa parece tener poca utilidad para los mismos habitantes de los bosques. Las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas relegan a los pueblos indígenas al estatus de «observador». Al menos ocho planes nacionales de REDD financiados por el Banco Mundial permitirían prohibir el tipo de agricultura a pequeña escala basada en la biodiversidad que es practicada por muchos pueblos indígenas y es erróneamente denominada «tala y quema».
Al mismo tiempo, por lo menos diecinueve de los planes explícitamente contienen disposiciones para las plantaciones de árboles, que desplazan a los habitantes del bosque, degradan la biodiversidad y constituyen un alto riesgo de incendio. Las plantaciones se toleran bajo la definición de bosques de las Naciones Unidas. Éstas satisfacen a los inversionistas de carbono que prefieren la medición precisa y la previsibilidad, no los desordenados hábitats forestales ricos en biodiversidad.
Esta mentalidad inspira lo que los críticos llaman fortress conservation [conservación de fortaleza]: las organizaciones no gubernamentales y las autoridades nacionales cercan la tierra para proteger a las especies y establecer proyectos de compensación de emisiones de carbono. Así expulsan a los administradores indígenas de sus bosques, quienes llegan a ser «refugiados de conservación». John Nelson, asesor en política para África del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP), estima que alrededor de ciento cincuenta mil a dos cientos mil personas en la cuenca del Congo han sufrido este destino.
«Imagínese despertar un día —él comenta— para encontrar una frontera fuera de su pueblo, con guardias paramilitares armados que le dicen que no se puede entrar al bosque». Si la gente no puede entrar, no pueden enseñar a sus hijos a vivir en las formas tradicionales, y estas formas tradicionales, con todo lo que tienen que enseñar al mundo en general sobre el almacenamiento de carbono y la reparación de los ecosistemas forestales, se perderán. «¡Las políticas de mitigación de los países desarrollados —dijo Ramiro Batzin, un maya kaqchikel de Guatemala, recientemente al Banco Mundial— nos van a matar antes del cambio climático!».
A pesar de su larga residencia en los bosques, muchos pueblos indígenas han luchado durante décadas para establecer la propiedad legal de la tierra. Pero nada en Cancún requirió que los programas de REDD establecieran o garantizaran esos derechos u obtuvieran consentimiento genuino para los proyectos en las comunidades indígenas.
Este descuido, y la conservación de fortaleza que éste permite, no es sólo una injusticia, sino también una oportunidad perdida. Los estudios han demostrado que el manejo tradicional de la tierra, cuando el título de propiedad está asegurado, hace que el carbono se absorba de manera mucho más eficaz y barata que los esfuerzos convencionales favorecidos por REDD.
Los emberá de Panamá, al igual que los ogiek de Kenya, han sido los administradores de la tierra por milenios. Pero en el mejor de los casos, REDD les prometerían una compensación, además de una dependencia dudosa en una economía monetaria, que tiende a erosionar la cultura tradicional. Sobre todo en una época de caos climático, la erosión de dicha administración es inaceptable. Y en cualquier caso, nadie debe confundir la iniciativa con una solución real a un clima cambiante. Tal como en el caso de Kioto, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero también será la solución real a finales de este año en Durban.
—
Dennis Martínez, es especialista indígena de los Estados Unidos en la restauración de bosques, forma parte del comité directivo de la Iniciativa Indígena de Evaluaciones Bioculturales sobre Cambio Climático (IPCCA). Laird Townsend de la organización de medios de comunicación sin fines de lucro, Word Project, un proyecto del Centro Tides, contribuyó a este artículo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario