Por: Alicia Tejada Soruco Las áreas protegidas son áreas determinadas por un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas medioambientales. La UICN, define las áreas protegidas como: "Una superficie de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la Biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de medios legales, o de otros medios efectivos. Carrasco, Sajama, Tunari, Noel Kempff, Amboró, Kaa Iya del Gran Chaco, Madidi, Otuquis, San Matías, Serranía del Aguaragüe, Serranía del Iñao, Isiboro Sécure; Manuripi, El Chore, entre otros: Parques, Reservas; Refugios; Areas protegidas; Reservas forestales; forman parte de nuestro vasto territorio nacional en el que los bolivianos y bolivianas decidimos qué conservar, qué proteger y qué usar. Bases para una planificación más necesaria que nunca frente a la insoslayable realidad global: La amenaza para la especie humana que constituyen hoy en día los cambios climáticos; la escasez de agua apta para el consumo humano; la calidad de servicios ambientales para la producción agrícola y por tanto para la seguridad alimentaria; datos que la realidad nos reclama tomar en cuenta. Habíamos felicitado la incorporación de los derechos ambientales para los seres humanos y de los derechos de la madre tierra en la CPE y en las políticas nacionales. Habíamos esperado que el “vivir bien”, planteado desde el indigenismo gubernamental sustente los nuevos paradigmas de desarrollo en el país; sin embargo con preocupación, estamos presenciando el auge extractivo que se promueve, desde la visión “agrarista” y neoliberal-ortodoxa de algunas instancias del gobierno. La minería, los proyectos IIRSA, el avance de la frontera agrícola; los chaqueos y quemas descontroladas y “fomentadas” por poderosos políticos no se han detenido, y en los últimos meses el decreto 0676adjudica a la petrolera estatal más de 690 mil hectáreas al interior del parque nacional Madidi; al menos 154 mil hectáreas divididas en cuatro bloques en el área de manejo integrado de Aguaragüe; 100 mil hectáreas en el área de manejo integrado de Iñao, y más de 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure; nos alertan sobre una conducta de enorme distancia entre el discurso (el agua, un derecho humano, la Cumbre de Tiquipaya) y las acciones. Funcionarios gubernamentales que no trepidan en descalificar cualquier censura y remitirla a la “derecha”, actúan campantes y cómodamente al interior de un discurso de socialismo comunitario sin velar por los derechos de una sola comunidad a la que afectan en la Amazonía y en las Tierras Bajas de Bolivia, asociados con dirigentes funcionales a estas políticas. Neoliberalismo no es otra cosa que la política económica con énfasis tecnocrático y macro económico. De qué política estamos hablando en estas medidas? Qué dicen los gobiernos departamentales y municipales?
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