Hacia el “totalitarismo” del MAS

Soledad Antelo, periodista

Los candidatos opositores caen finalmente en cuenta que los números cantados por diversas encuestadoras reflejan en gran medida una realidad: que Evo Morales será reelecto por más del 50% de los votos, que no habrá necesidad de segunda vuelta y que puede alcanzar una cómoda mayoría en la Asamblea Plurinacional.

Surge, entonces, una teoría acerca de la democracia, según la cual es necesario para su buena salud (la de ellos, de doña democracia y del país, dicen) que exista un balance adecuado entre oposición y oficialismo, de manera tal que aquella pueda ejercer un papel de fiscalización sobre éste. Vistas las cosas con ese inocente prisma, resulta tentador y hasta “justo” que el elector vote por su candidato preferido a Presidente, pero que también lo haga de la misma manera por su diputado de circunscripción.

Forzando un ejercicio, esto podría traer un extremo: un presidente mayoritariamente votado por la ciudadanía, que encuentra en ambas cámaras de representantes una mayoría opositora, también democrática y mayoritariamente elegida por la ciudadanía. Sería una de las paradojas de la democracia y tendría que aceptarse tal realidad, en nombre de ella, para promover formas novedosas de armonización de semejante disparidad.

Eso es en teoría. Pero la tozuda realidad ha demostrado menos generosidad imaginativa y hemos vivido un largo tiempo con una severa limitación de gestión pública, precisamente en aras del respeto a las normas de la democracia pactada. Un senado en manos de una minoría electoral devenida en mayoría camaral, se constituyó en una formidable traba a todas las iniciativas gubernamentales, buenas o malas.

Citemos sólo dos casos que resultan emblemáticos. El primero, la propuesta del presidente Evo Morales de dilucidar mediante referendo su permanencia en el cargo, hecha en diciembre del 2007, que fue calculadora y sistemáticamente bloqueada en el Senado hasta que se consideró que estaban las condiciones políticas maduras para su defenestración. ¡Cuántos conflictos hubiéramos ahorrado, si trasladábamos las decisiones vitales para el país a consulta popular!

La segunda ha tenido efectos más graves, porque persisten. Se trata de la lucha frontal contra la corrupción; existe una manera de hacerla que, al menos pública y oficialmente, nadie ha objetado. Es mediante la aprobación de una ley de investigación de fortunas, que cortaría de raíz las dolosas formas que se utilizan para enriquecerse ilícitamente sin dejar pruebas.

El actual candidato Manfred Reyes Villa podría ser un esclarecedor ejemplo para la ciudadanía: cómo un ex capitán de ejército, con un sueldo moderado, luego alcalde y prefecto, con sueldos y emolumentos públicamente conocidos, es de pronto uno de los magnates más importantes del país. Difícil que haya sido ahorrando mes a mes. Aquella vetada ley, seguro, echaría luces sobre todos estos tejemanejes en los que la mano es más rápida que la vista y la justicia se queda corta para investigar y sancionar.

Si el futuro gobierno –léase Evo Morales– tiene la firme intención de combatir estos delitos y dotar al país de un cuerpo de leyes que hagan caer los muros de la burocracia, la incompetencia, la trampa y otras lacras de nuestro todavía párvulo Estado Plurinacional, entonces una mayoría suficiente en el Congreso facilitaría una tarea no ya de un gobierno, sino del país entero.

No podría objetarse que aquella posibilidad significaría el fin de la necesaria fiscalización, pues ésta nunca dejó de llevarse a cabo, particularmente en este gobierno. Pruebas al canto: la poderosa oposición (por sus recursos, dependencia de la embajada norteamericana y aparato mediático, se entiende) nunca ha dejado pasar por alto el más mínimo error y/o delito de este gobierno. Si a ello sumamos un perfeccionamiento en una metodología que garantice la transparencia en el manejo de la cosa pública, no habrá resquicio para soslayar responsabilidades.

Con esa mayoría en la Asamblea Plurinacional, un gobierno no podría soslayar promesas electorales, a riesgo de hacerse un harakiri. Deberá cumplir sin más trámite su programa. Con un sistema de comunicación abierto de todos los poderes del Estado, podrá rendirse cuentas de manera permanente sobre la gestión y sus resultados. Allí estará, sin duda alguna, la prensa y la oposición, con ojo avizor, para encontrar la paja en el ojo ajeno.

Esa mayoría parlamentaria tendrá, además, el enorme mérito de ser producto de la voluntad popular, consultada expresamente en las urnas. Por ello, quienes hablan de totalitarismo sólo pretenden confundir con juego de palabras, sustituyendo su verdadera acepción para engañar a la gente.

Porque, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española:

Totalitarismo. 1. m. Régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos.

Y, claro está, este régimen democrático sí permite la actuación de otros partidos. Otra cosa es que el pueblo no los quiera y los castigue con su voto. Contra eso, no hay vacuna ni ley que valga.