Por Omar
Quiroga Antelo
Consultor Independiente
Finalmente, el 14% restante (333 millones de dólares) destinado a programas del gobierno nacional, es decir, 7% para apoyo social, 2% para becas a estudiantes en sectores estratégicos de la economía nacional y 5% para los bonos actuales (renta dignidad, Juana Azurduy y Juancito Pinto). El detalle de la nueva distribución de los ingresos de la renta petrolera que se propone sería:
Consultor Independiente
Después del paro del departamento de Tarija por un
reclamo de regalías del campo Margarita, y luego de un debate intenso y sin
muchas aclaraciones, queda el sabor amargo de conocer datos que lo menos que
causan es bronca y desespero.
Resulta que Tarija en la actualidad tiene un
presupuesto que maneja la Gobernación Departamental de 3.300 millones de
bolivianos equivalentes a 474 millones de dólares año, de los cuales 283
millones de dólares provienen de los hidrocarburos, mientras que otros
departamentos también productores como Santa Cruz y Chuquisaca, reciben mucho
menos recursos que Tarija.
Después también se generó una discusión en cuanto a la
conectividad de los campos Huacaya y Margarita y el porcentaje que le
correspondería a cada uno de los dos departamentos involucrados en el conflicto
por el acceso a las regalías, que derivó en un paro indefinido que duró 8 días.
Tarija dice que no hay conectividad de los reservorios y por tanto las regalías
del campo Margarita le corresponden en un 100%, mientras que Chuquisaca alega
que sí hay conectividad y que un estudio de hace 3 años elaborado por REPSOL,
determina que el 83% del reservorio estaría en Tarija y el 17% en Chuquisaca y
en consecuencia, las regalías deberían distribuirse en dichos porcentajes.
Con la finalidad de resolver de manera contundente
este tipo de problemas que en el futuro podrían multiplicarse, debido a que hay
otros casos similares como por ejemplo el bloque Incahuasi y Aquío entre
Chuquisaca y Santa Cruz y con el objetivo de lograr una justa distribución de
los recursos generados por la renta petrolera, es que como ciudadano boliviano
me he permitido elaborar una nueva propuesta de distribución de dichos
recursos.
La propuesta consiste en considerar en primer lugar un
porcentaje de distribución per cápita que debe ser manejada por los municipios,
otro porcentaje para los departamentos productores, otro porcentaje para los
departamentos no productores, además de un porcentaje para sectores vulnerables
como ser indígenas originarios campesinos, personas con capacidades diferentes,
personas de la tercera edad y también para las universidades públicas. Importante
considerar un fondo de compensación para zonas fronterizas, otro fondo para
premiar a municipios que hayan mejorado sus índices de desarrollo humano en
base a una evaluación previa realizada por el gobierno. Finalmente se debe
considerar un fondo para apoyo social, becas para estudiantes en sectores
estratégicos de la economía nacional y para cumplir los compromisos de los
actuales bonos (renta dignidad, Juana Azurduy y Juancito Pinto).
Si consideramos un estimado para el año 2012 de 4.750
millones de dólares de ingresos brutos de la actividad hidrocaburífera, el 20%
(950 millones de dólares) corresponden a costos recuperables, 10% (475 millones
de dólares) a las utilidades de la empresas petroleras que operan en el sector,
20% (950 millones de dólares) corresponden a recursos para YPFB destinadas a
reinversión, el 18% (855 millones de dólares) a las Regalías y un 32% (1.520
millones de dólares) al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Es decir,
si consideramos solamente los ingresos por Regalías e IDH, tenemos un monto de
2.375 millones de dólares que ingresan al Tesoro General del Estado que deben
ser distribuidos entre las diferentes instancias estatales de gobierno y
sectores sociales.
De los 2.375 millones de dólares a distribuir, se
propone que el 35% (831 millones de dólares) se distribuya per cápita a cada
municipio, el 16% (380 millones de dólares) en parte iguales a los 4
departamentos productores de hidrocarburos (Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y
Cochabamba), el 5% (119 millones de dólares) a los 5 departamentos restantes no
productores, un 10% (238 millones de dólares) destinado a sectores vulnerables
y universidades, es decir, este 10% se distribuiría de la siguiente manera: 4%
para el fondo de desarrollo para indígenas originarios campesinos, 3% para universidades
públicas, 1,5% para personas con capacidades diferentes y 1,5% para personas e
la tercera edad a canalizarse a través de sus organizaciones. También se prevé
un 10% (238 millones de dólares) para un fondo de compensación a municipios que
se encuentran en frontera, otro 10% para
otro fondo concursable para municipios que demuestren mejoras en sus índices de
desarrollo humano, previo a una evaluación realizada por el gobierno nacional.
Para acceder a recursos tanto del fondo de compensación a municipios de
frontera como el fondo concursable, sería interesante considerar como indicador
la promoción de la pequeña y mediana industria y evaluar la incidencia en la
dinamización de la economía local de los municipios que se beneficien.
Finalmente, el 14% restante (333 millones de dólares) destinado a programas del gobierno nacional, es decir, 7% para apoyo social, 2% para becas a estudiantes en sectores estratégicos de la economía nacional y 5% para los bonos actuales (renta dignidad, Juana Azurduy y Juancito Pinto). El detalle de la nueva distribución de los ingresos de la renta petrolera que se propone sería:
Montos en $us
|
Porcentaje
|
|
Municipios
|
831.250.000
|
35
|
Departamentos
|
498.750.000
|
21
|
Sectoriales
|
237.500.000
|
10
|
Fondos
|
475.000.000
|
20
|
Prog. gubernamentales
|
332.500.000
|
14
|
Total
|
2.375.000.000
|
100
|
Con esta distribución, la mayoría de los departamentos
incrementarían sus ingresos económicos significativamente, a excepción de
Tarija que disminuiría sus recursos. Sin embargo, Tarija podría incrementar sus
ingresos a través del fondo de compensación para fronteras. Los nuevos ingresos
proyectados por departamento y los efectos con relación a los ingresos actuales
son los siguientes:
Departamento
|
Propuesta
|
Ingreso actual[1]
|
Diferencia
|
Chuquisaca
|
146.868.240
|
30.392.689
|
116.475.551
|
La Paz
|
250.171.448
|
10.792.689
|
239.378.759
|
Cochabamba
|
243.446.318
|
42.592.689
|
200.853.629
|
Oruro
|
59.692.218
|
10.792.689
|
48.899.529
|
Potosí
|
86.607.543
|
10.792.689
|
75.814.854
|
Tarija
|
136.644.719
|
298.463.053
|
-161.818.334
|
Santa Cruz
|
317.101.500
|
95.092.689
|
222.008.810
|
Beni
|
59.247.339
|
36.192.689
|
23.054.650
|
Pando
|
30.220.674
|
23.492.689
|
6.727.985
|
Total
|
1.330.000.000
|
558.604.568
|
771.395.432
|
Fuente: Documento de la Fundación Jubileo, 2010 e Informe de
Gestión 2011 de YPFB.
[1]Los datos fueron sistematizados
del informe brindado por YPFB sobre los ingresos por regalías de los
departamentos en la gestión 2011 y datos de un estudio realizado por la
Fundación Jubileo en el 2010 titulado ¿En qué gastarán el dinero las
gobernaciones el 2011?.
Con esta nueva propuesta de distribución de la renta
petrolera, todos los bolivianos y bolivianas ganamos, se tendría una
distribución más equitativa y justa y se cumpliría con el precepto
constitucional del Art. 359 de la CPE que reza “I. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o
la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible
del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo
boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país
y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos
percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del
Estado.” No importaría dónde estén los reservorios de gas y petróleo y por
tanto, no se generarían conflictos como el que recientemente se ha vivido en
Tarija. Sin embargo, conseguir esto implica cambiar la Ley de Hidrocarburos y
el Art. 368 de la CPE que establece que “Los departamentos productores de hidrocarburos percibirán
una regalía del once por ciento de su producción departamental fiscalizada de
hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no productores de
hidrocarburos y el Tesoro General del Estado obtendrán una participación en los
porcentajes, que serán fijados mediante una ley especial”.
Santa Cruz de
la Sierra, 7 de febrero de 2012.