Elaborado por: Omar
Quiroga Antelo
Consultor
Independiente
Los incendios forestales en
Bolivia se han convertido en una constante durante los últimos años. El año
2019 marcó un momento en el que la sociedad en su conjunto, a través de
organizaciones, instituciones y colectivos sociales, se pronunciaron de manera
vehemente, acusando al gobierno del MAS, de ser los culpables de la situación
que se vivió.
Si analizamos la información de
los últimos años, en un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza en un
Reporte de Incendios y Quemas en Bolivia, un análisis desde el 2000 al 2013 y veremos
que en el año 2010 se produjeron la mayor cantidad de focos de calor que se
tenga memoria (ver la Grafica 1).
Gráfica 1: Historial de incendios forestales y quemas en Bolivia.
Fuente: FAN, 2013
En los años 2008 y en especial el
2009, se dieron muy bajas superficies afectadas con incendios y quemas, tal
como se observa en la gráfica 1.
Situación de los incendios Gestión 2019
Según
Wikipedia, el 9 de septiembre se registran dos millones de hectáreas afectadas
por los incendios, 900.000 hectáreas en áreas protegidas. Según el Gobierno, se
cuenta con un Boeing Supertanker, 50 cisternas, 15 helicópteros, avionetas, más
de 200 vehículos y alrededor de 7000 bomberos brigadistas y voluntarios.
El
lunes 19 de agosto la Plataforma de
Medio Ambiente y la Vida se declara en emergencia y exigen que:
1.
Se declare estado de
desastre nacional para la desburocratización de los recursos y medios, ayuda internacional;
2.
Abrogar la Ley 741
de 2015 y el Decreto Supremo 3973;
3.
Identificar quienes
fueron los que permitieron esta normativa forestal;
4.
Prohibir
asentamientos en las áreas afectas y promover su regeneración impidiendo que se
cambie el tipo de uso de suelo.
La REPAM (Red Eclesial Pan Amazónica), manifestó su preocupación porque la Amazonía está en un punto de no retorno gracias a la intervención del
humano sumado al cambio climático.
El Centro de Estudios Jurídicos e
Investigación Social (CEJIS) que defiende de las amenazas y vulneraciones a
los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígena originario campesino, emitió un comunicado en el que rechazan las justificaciones del
Gobierno central por las quemas controladas, ya que se considera una
vulneración a los derechos de la Madre Tierra.
En
representación de la Nación Chiquitana, la Organización
Indígena Chiquitana (OICH) manifestó su preocupación por las más de 35 comunidades
afectadas directamente que perdieron animales y producción por el fuego que no fue originado por la naturaleza
sino por quemas y desmontes, y exige la abrogación de la ley 741 de
2015 y el Decreto Supremo 3973, del 10 de julio de 2019.
Son 21 organizaciones que se manifestaron
al respecto en agosto: Unitas, Aprosar, Casa de la Mujer, Cedla, Cenda, Cejis,
CER-DET, Ciac, Cidem, Cipca, DNI-B, Fundación Aclo, Fundación Uramanta, IICCA,
Indicep, Islap, Kurmi, Mujeres en Acción, Pío XII, Promotur y Semta.
El 9
de septiembre Amnistía internacional
manda una carta a Evo Morales pidiendo la abrogración del Decreto Supremo 3973,
María José Veramendi Villa investigadora de Amnistía Internacional declaró que
las autoridades deberían investigar independiente y científicamente las causas
de los incendios antes que hacer declaraciones contradictorias y sin
fundamento.
El 15
de septiembre, la unidad de posgrado en desarrollo humano CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz hace un
pronunciamiento titulado «Chiquitanía en llamas» en el que suman voces para que
el Gobierno declare desastre nacional, ya que repercute en la naturaleza, en
los pueblos indígenas de tierras bajas; critica también cómo las autoridades
enfrentan este problema sin tener en cuenta puntos estratégicos para la
conservación del patrimonio ni la seguridad alimentaria entre otros.
El Colegio de Biólogos de La Paz, con
respaldo de 80 comunidades que la avalan hicieron un pronunciamiento para
que el Gobierno declare zona de desastre para viabilizar la ayuda internacional
con celeridad. Indican que desde los años 80 se reconoce al territorio que se
está quemando como un sitio de importancia para la preservación de la
biodiversidad con un alto valor ecológico.
El Consejo Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade) anunció que se creará un comité impulsor de juicio de
responsabilidades contra el Presidente Evo Morales por vulnerar los derechos
humanos. Rolando Villena aclaró que esto sería en la próxima legislatura.
En
Santa Cruz, el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Santa Cruz (Cinacruz), el Colegio de Médicos Veterinarios de Santa
Cruz (Comvetcruz), el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC),
el Colegio de Biólogos de Santa Cruz (Colbiocruz) y el Colegio de Ingenieros
Ambientales de Santa Cruz (Ciam-SC) en una acción conjunta explican por qué
es necesario declarar estado de desastre nacional: el área rural se verá
afectada por plagas y enfermedades, el agua empezará a desabastecerse, al igual
que la carne creando problemas en la seguridad alimentaria, faltarán productos
agropecuarios que pondrán en riesgo las exportaciones de carne, riesgo de
enfermedades contagiosas, mortalidad de la fauna.
El 24
de septiembre se llevó a cabo la Cumbre
Nacional por la Defensa de los Bosques, una reunión entre activistas y
profesionales del área, concluyó en la creación de la Coordinadora
Intersectorial en Defensa de la Naturaleza y los Pueblos elaboró con un
manifiesto en el que apoyan a la Marcha Indígena por la Vida y en Defensa del
Bosque y exigen la declaratoria de desastre nacional, para activar los protocolos
de ayuda internacional., la abrogación de la Ley 741, Ley 1098, el Decreto
Supremo 3874 y el Decreto Supremo 3973, un juicio de responsabilidades al
Presidente, anulación de contratos en el marco de la ampliación de la frontera
agrícola, procesar a los autores de los incendios, revertir la dotación de
tierras y registrar a los bomberos para un seguro de salud, dotación de equipo
y capacitación.
ABT
En junio se
descubrió que un funcionario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierra firmó 2096 resoluciones para el desmonte ilegal de 22.000
hectáreas, generando 6 millones de US$ entre 2015 y 2018, por lo que ocho
extrabajadores están investigados.
La suspensión de los
permisos para quemas se dictaminó el 10 de agosto tres días después de que la
Gobernación de Santa Cruz lanzara la alerta roja por los fuertes incendios,
aunque siguieron entregando permisos hasta el 15 de ese mes. Posteriormente se
contradijeron cuando el 27 de agosto ampliaron el plazo de planes de desmonte y
autorizaciones de quemas en Santa Cruz a pesar de que el mismo presidente
emitió la orden de pausa ecológica.
El 6 de septiembre
Cliver Rocha, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierra (ABT), fue destituido de su cargo, después de que el colectivo
feminista Mujeres Creando tomaran pacíficamente sus instalaciones exigiendo su
renuncia por ser uno de los responsables de que se amplíen los permisos de
quema controlada; en su puesto asumió Omar Quiroga.
En el INFORME DE
AUDIENCIA PÚBLICA DE ABT GESTION 2019, respecto al Monitoreo de Focos de Calor
y Quemas, la ABT informó:
La identificación de
los focos de calor, se basa en información de sensores del INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais - Brasil) y de la NASA (National Aeronautics
and Space Administration – USA), y se realiza un geo-procesamiento desarrollado
en la Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial de la ABT. Los datos que
se generan permiten generar reportes periódicos a diversas escalas y con una
periodicidad diaria, mensual y anual.
En el periodo
2010-2019 se ha identificado un total de 818.923 de focos de calor en el país,
de los cuales la media anual corresponde a 81.892 focos de calor.
Durante el 2019 se
presentó un 9 % de incremento de focos de calor respecto de la media anual, es
decir, que los focos de calor aumentaron en la gestión 2019.
Gráfica 2: Registro histórico de focos de calor de las gestiones
2010-2019.
Fuente: Informe de Audiencia Pública de ABT
Gestión 2019.
Cabe destacar que
el 2010 se registró una cantidad inusual
de focos de calor, alcanzando la cantidad de 214.438.
Con relación a las
quemas, la UMIG realizó una
cuantificación de las superficies quemadas utilizando imágenes de Sentinel_2,
de 10 metros de resolución.
El total de
superficie de área quemada a nivel nacional el 2019, alcanzó la superficie de
5.357.135 hectáreas.
Gráfica 3: Superficie de Áreas Quemadas en el territorio nacional
(2013-2019).
Fuente: Informe de Audiencia Pública de ABT
Gestión 2019.
Figura 1: Mapa de focos de calor Gestión 2018 y 2019
Fuente: Informe de Audiencia Pública de ABT
Gestión 2019.
Acciones del Gobierno Nacional en incendios forestales 2019
En la siguiente infografía y
según el Viceministerio de Defensa Civil, hasta el 7 de septiembre de 2019, el
gobierno nacional desplegó una serie de acciones para combatir los incendios.
Lo que más se destaca, es que habiendo movilizado una logística impresionante,
herramientas, equipos, aviones, helicópteros, avionetas, además de un
contingente de personas de las FFAA, de la policía, de las instituciones del
gobierno nacional, de las Gobernaciones, Subgobernaciones, municipios,
voluntarios, cooperación internacional, etc, no se registró un solo caso de
denuncias por malos manejos o de corrupción.
Figura 2: Infografía de incendios forestales Gestión 2019
Fuente: Viceministerio de Defensa Civil Gestión
2019.
Situación de los incendios Gestión 2020
Información
de la ABT
En el Boletín Informativo N° 013, la
ABT informa que en la semana del 20 al 26 de julio de 2020, se han
registrado 6.339 focos de calor. El promedio diario en esta última semana ha
sido de 905 focos, mayor que el promedio del 2019 que registró 518 focos por
día. La mayor cantidad de focos de calor han sido detectados en los municipios
de El Carmen Rivero Tórrez, Puerto Suárez, San Matías, San José, San Ignacio y
Concepción del departamento de Santa Cruz. Mientras que en el departamento de
Beni los focos de calor se han concentrado en los municipios de Exaltación, Santa
Ana y Baures.
Más de 4.635 focos de calor (73%)
se encuentran en áreas sin cobertura, quiere decir que se trata de lugares cuya
vocación de uso de la tierra está destinada a la producción agropecuaria. Un
poco más de 1.704 focos de calor (27%) se localizaron en áreas con bosques.
La ABT mediante RESOLUCION
ADMINISTRATIVA ABT N° 149/2020 del 3 de agosto de 2020. resuelve “Paralizar,
temporalmente la autorización y ejecución de quemas en los departamentos de
Santa Cruz y Beni, por presentar mayor riesgo de incendios forestales, debido a
la alta concentración de focos de calor y condiciones climáticas; medida que
deberá mantenerse en tanto persista la situación crítica y las condiciones
atmosféricas favorables a la propagación de incendios forestales”.
El Periódico El Comercio del 30
de abril de 2020 menciona que Bolivia registra 15.354 focos de incendios
forestales entre enero y abril del 2020, un 35% más que en el
mismo periodo de 2019, principalmente provocados para ampliar la frontera agrícola, según una ONG.
“Entre
enero y el 24 de abril de 2020 se han registrado 15.354 focos de calor en Bolivia”, que “superan en un 35%” al mismo periodo de
2019, señaló la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que advirtió
que “amenaza con repetirse” el grave daño ambiental ocurrido el año pasado.
La
entidad reportó que los incendios
forestales durante 2019
destruyeron 6,4 millones de hectáreas en la región amazónica del país, de los
más graves en los últimos 10 años. La emergencia motivó
un gran desplazamiento de bomberos, aviones cisternas y la
cooperación de varios países de América Latina y Europa.
Asimismo,
la cuarentena sanitaria por el coronavirus, decretada por el
gobierno en marzo, permitió “bajar considerablemente” la quema de pastizales.
Diferentes
organizaciones ambientalistas afirmaron en 2019 que unos decretos del entonces
presidente Evo Morales incentivaron la quema de bosques y pastizales
para ampliar la frontera agrícola.
Sin
embargo, el gobierno de Morales (2006-2019) atribuyó los siniestros a los
vientos y al clima seco de la región. Las entidades ambientalistas
habían pedido reiteradamente anular esas normas.
Normas Observadas
Las
diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que se pronunciaron
durante los incendios del año 2019, pedían que se abroguen el DS 26075 y el DS
3973 que lo modifica en un artículo, el DS 3874, además de la Ley 337, Ley 741
y la Ley 1098.
Estos
son los detalles de cada norma cuestionada:
DS 26075: 26 Febrero 2001 – Desmontes y
quemas
·
Artículo 5 del DS
N°
26075, de 16/02/2001, establece que en el
Departamento de Santa Cruz de la Sierra,
se permite el desmonte en tierras
privadas sujeto a la aprobación del POP
por parte de la Superintendencia, y al
Plan de Desmonte aprobado por la Superintendencia Forestal. En este departamento, se permiten las
quemas de acuerdo al Reglamento Especial
de Desmonte y Quemas Controladas, R.M. 131/97 de 9/07/97, en las áreas
clasificadas por el PLUS que así lo permitan.
DS 3973: 10 de Julio de 2019 – Desmontes y
quemas
·
“En los
departamentos de Santa Cruz y Beni,
se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en
tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y
Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión
específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques
y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso
de Suelo vigentes. En ambos
departamentos se permite las quemas controladas
de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS
que así lo permitan.”
LEY 337: 11 de enero de 2013 - Producción
de Alimento y Seguridad Alimentaria
- Establecer
un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se
hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de
diciembre de 2011, cuyos beneficiarios se acojan al programa de producción
de alimentos y restitución de bosques (de carácter de interés nacional y
utilidad pública).
LEY 741: 29 de septiembre de 2015- Autorización
de desmonte hasta 20 ha
- Autorizar
el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha).
- Acceden
pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de
saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos
con Resolución de Autorización.
- Es para
el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias.
- Se debe
desarrollar sistemas productivos integrales y sustentables en armonía con
la Madre Tierra y se deben proteger las funciones ambientales.
DS 3874: 18 de Abril de 2019 - Transgénicos
- “Artículo
Único.- De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de
Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la
Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de
Aditivos de Origen Vegetal - Biodiesel.”
LEY 1098: 17 de septiembre de 2018 - Mezcla
de aditivos de origen vegetal
- Artículo
1°.- (Objeto) La
presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que permita la
producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos
de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la
importación de Insumos y Aditivos, y Diésel Oíl, precautelando la
seguridad alimentaria y energética con soberanía.
A la fecha, ninguna de las normas han sido abrogadas o
derogadas, manteniéndose vigentes.
Plan para recuperar zonas afectadas por
incendios forestales
El
pasado 3 de agosto de 2020, El Deber publicó que el Gobierno Nacional en
coordinación con la Gobernación de Santa Cruz, lanzaron un Plan para recuperar
las zonas afectadas por los incendios forestales en la Chiquitanía.
- El
sector público destinará un fondo de Bs 1.200 millones para 83 proyectos
que engloban la protección de la biodiversidad, restablecer medios de vida
sustentables y contribuir a las familias afectadas por el fuego.
- Cinco
ejes del Plan que la Gobernación de Santa Cruz ha incluido:
- Recuperar los ecosistemas
afectados por los incendios,
- Cuidar los medios de vida y
el enfoque productivo de las poblaciones locales,
- Impulso cultural y turístico,
- Prevención y gestión de riesgos y
- Gobernanza.
Algunas conclusiones
En las gestiones
2004 (Mesa) y 2010 (Morales), se dieron los más altos índices de superficie
incendiada y quemada, sin embargo, no se hizo tanto eco por parte de los
actores sociales, ambientalistas y la prensa sobre dicha situación.
· Los incendios del
año pasado (2019) fueron utilizados de manera política para desgastar la
gestión del gobierno del MAS y no hubo un real interés de los actores sociales
por el medio ambiente.
· En el presente año,
en los datos registrados se verifica un incremento sustancial de focos de
calor, respecto al mismo periodo de la gestión 2019, sin embargo, no aparecen
ni los actores sociales, ambientalistas, menos la prensa para informar lo que
está ocurriendo.
· El gobierno del MAS
desplegó los mayores esfuerzos para combatir los incendios del año pasado, sin
que se hayan registrado casos de malos manejos o corrupción en la adquisición
de materiales, equipos o en los contratos firmados para contar con servicios de
apoyo.
· No se anularon
ninguna de las normas observadas, a pesar de que el gobierno actual lleva cerca
de 9 meses de gestión y quienes pedían aquello, no insistieron más.
Santa Cruz de la Sierra, 6 de agosto de
2020.