A favor de la deforestación

A favor de la deforestación.-
Por: Alicia Tejada Soruco
La actividad forestal comercial es responsable por el 3% del PIB de Bolivia. Sin embargo, dicho aporte está referido únicamente a dos recursos del bosque, la castaña y la madera. No tenemos cuentas fiscales que asignen valor a otros aportes de los bosques a la economía del país.
Los bosques son responsables por la regulación del ciclo hídrico por lo que, con una visión únicamente economicista; tendríamos que contabilizar, por ejemplo, el aporte de la conservación de los bosques a la agricultura y a la ganadería. Es imposible que estos dos sectores se desarrollen y contribuyan al PIB, sin el servicio de las lluvias que regulan los bosques.
La generación de valor agregado, a partir de los Recursos Naturales, entre los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha incluido a los ríos, como generadores de energía eléctrica; el agua que consumimos, la regulación del clima, la absorción del carbono que contamina gran parte de este planeta y que ya genera ingresos económicos en muchos países, etc., son servicios de los bosques, cuya protección no se presupuesta en las cuentas fiscales del país.
Si no se contabilizan estos servicios, mal podríamos esperar, que ello ocurra con sus pérdidas, o con el valor de su conservación: Hemos perdido ya siete millones de hectáreas de bosques y se ha incrementado la tasa de deforestación a trescientas mil hectáreas por año. ¿Qué significa este déficit en las cuentas fiscales?.
El gobierno, coherente con las políticas de Estado, y los sectores directamente interesados (Agrícola, pecuario, campesinos, forestal, minero, energético, servicios de agua potable), responsables con su rol económico a largo plazo, deben institucionalizar, en el Presupuesto General de la Nación, las asignaciones presupuestarias que garanticen un control efectivo; sanciones penales y económicas fuertes para quienes destruyen los bosques, e incentivos financieros para quienes realicen un buen manejo de este inapreciable bien común, superando así la reducida visión del aporte de dos recursos del bosque al PIB, como único indicador económico.
La Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras, “sobrevive” con tan magro presupuesto, que ha ingresado a un círculo perverso, en el que parte importante de sus ingresos lo constituyen las multas por desmontes. En otras palabras: Los responsables por la protección de los bosques (incluidas Gobernaciones y Alcaldías) se pagan sueldos con la destrucción de los bosques que están llamados a proteger, con la venta de valores de control (CFO), que circulan en el mercado informal y con la corrupción que paga bien.
El Ministerio de economía y Finanzas incluye, en su Visión Institucional, el “vivir bien” y “la redistribución justa de la riqueza y los excedentes en medio ambiente”, entre otros. Pero, sin presupuesto y decidida lucha contra depredadores de nuestros bosques, mal podríamos hablar de institucionalización de medidas a favor del medio ambiente.

El Derecho Humano al Agua y Saneamiento

Hoy 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado la propuesta del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declarando EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO COMO DERECHO HUMANO. A continuación, va el texto completo de la Resolución de NNUU.

TRADUCCION EXTRA OFICIAL
RESOLUCIÓN
El Derecho Humano al Agua y Saneamiento

Tema 48 de la Agenda: Implementación integrada y coordinada de y seguimiento a los resultados de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en campos económicos, sociales y campos relacionados.
Antigua y Barbuda, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bolivia (Estado Plurinacional de), Burundi, Republica Centroafricana, Congo, Cuba, Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Haiti, madagascar, Isla Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santa Lucia, Arabia Saudita, Seychelles, Islas Solomon, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Republica Bolivaraiana de), Yemen.
La Asamblea General
PP1 Recordando sus resoluciones 54/175 del Diciembre 1999, el Derecho al Desarrollo, 55/196 de 20 de diciembre de 2000 proclamando el 2003 como el Año Internacional del Agua Dulce, 58/217, de 23 de diciembre de 2003, proclamando la Década Internacional de Acción "Agua para la Vida" (2005-2015), 59/228 de 22 de diciembre de 2004, 61/192, de 20 de diciembre de 2006 proclamando el 2008 como el Año Internacional del Saneamiento, 64/198 del 21 de Diciembre de 2010 respecto a la revisión de medio término de la implementación de la Década Internacional de Acción "Agua para la Vida", El Programa 21 de Junio de 1992, el Programa de Habitat de 1996, El Plan de Acción de Mar del Plata de 1977 adoptado por la Conferencia de Agua de Naciones Unidades y la Declaración de Rio sobre el Ambiente y el Desarrollo de Junio del 1992.
PP2 Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de Ginebra relativa a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra.
PP3 Recordando también todas las resoluciones previas del Consejo de Derechos Humanos sobre “derechos humanos y el acceso a agua potable y el saneamiento”, entre otros, las resoluciones 7/22 del 28 de Marzo de 2008 y 12/8 del 1ro de Octubre del 2009 relacionadas a los derechos humanos al agua potable segura y al saneamiento, el Comentario General 15 del Comité sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre “El Derecho al Agua”¨; el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos acerca del alcance y contenido de las obligaciones de derechos humanos relacionadas al acceso equitativo al agua potable y el saneamiento, de conformidad con los instrumentos internacionales en derechos humanos", así como también el “Informe de la experta independiente sobre el tema de las obligaciones de los derechos humanos relacionadas al acceso al agua potable segura y al saneamiento,”
PP4 Profundamente preocupados porque 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable segura y que 2,6 mil millones de personas carecen de acceso al saneamiento y alarmados porque aproximadamente 1.5 millones de niños menores a los 5 años de edad mueren y 443 millones de días escolares se pierden cada año por enfermedades relacionadas al agua y al saneamiento.
PP5 Reconociendo la importancia del agua potable, limpia, segura y equitativa y del saneamiento como componentes integrales para la realización de los derechos humanos,
PP6 Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados y deben ser tratadas globalmente de manera justa y equitativa en igualdad de condiciones y con el mismo énfasis,
PP7 Teniendo en cuenta los compromisos hechos por la comunidad internacional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y enfatizando en ese contexto, la determinación de los Jefes de Estado y Gobierno expresada en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de reducir a la mitad, para el 2015, la proporción de personas que no pueden alcanzar o acceder al agua potable y de reducir a la mitad la proporción de las personas sin acceso al saneamiento, como fue acordado en el Plan de Acción de Johannesburgo.
OP1 Declara el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano que es esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos.
OP2 Llama a los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, para poder aumentar los esfuerzos para suministrar agua potable, segura y saneamiento para todos,
OP3 Acoge la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir que la experta independiente sobre el tema de las obligaciones de los derechos humanos relacionados al acceso al agua potable segura y al saneamiento presente un reporte anual a la Asamblea General, y alienta a continuar trabajando sobre todos los aspectos de su mandato y en consulta con todas las agencias, fondos y programas relevantes de Naciones Unidas, incluyendo en su informe para el sexagésimo-sexto periodo de sesiones, de la Asamblea General los principales desafíos relacionados con la realización del derecho humano al agua potable y al saneamiento y su impacto en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cuba: Estado e Iglesia se entienden

- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -
Cuba: Estado e Iglesia se entienden
Frei Betto
ALAI AMLATINA, 22/07/2010.- ¿Cómo entender que el Estado cubano, en un país socialista, acepte la mediación de la Iglesia Católica para liberar presos de conciencia, como son llamados allí los presos políticos?
La figura central en ese proceso es el cardenal Jaime Ortega, 73, arzobispo de La Habana. Hábil negociador, él mismo fue víctima, en el pasado, del sectarismo izquierdista que, bajo la influencia de la Unión Soviética, atizó la persecución religiosa. Siendo seminarista, en los años 60, Ortega fue enviado a un campo de “reeducación ideológica”. A pesar de ello nunca demostró resentimiento ni se alió con los que dieron la espalda a la Revolución.
El período izquierdista de la Revolución cubana –repudiado públicamente por Fidel- congeló las relaciones Iglesia-Estado. Entre 1964 y 1981, los obispos y las autoridades no se hablaron.
Al encontrarme con Fidel por primeira vez, en 1980, él me hizo la propuesta de intermediar para reiniciar el diálogo. Al año siguiente participé en la reunión de la conferencia episcopal, en Santiago de Cuba, y les expuse la propuesta. Los obispos la acogieron como una señal positiva. Poco después, Fidel los recibió en audiencia.
En 1985, el líder cubano me concedió una larga entrevista sobre la cuestión religiosa, publicada con el título “Fidel y la Religión”. El libro causó impacto en la población, cuya religiosidad posee una fuerte raíz sincretista, mezcla de catolicismo y tradiciones de origen africano. Era la primeira vez que un dirigente comunista en el poder abordaba el tema de la fe de modo respetuoso e incluso admitiendo que su formación religiosa le había mejorado su carácter. En un país de 11 millones de habitantes, fueron editados 1.3 millón de ejemplares hasta hoy.
En opinión de un obispo cubano, el libro “quitó el miedo a los cristianos y el prejuicio a los comunistas”. En 1986, la Iglesia promovió el Encuentro Eclesial Cubano, versión local de un miniconcilio para trazar nuevas directrices pastorales.
El buen entendimento entre la Iglesia y el Estado se vio súbitamente interrumpido por la caída del Muro de Berlín. El cardenal Law, de Boston, al predicar el retiro a los obispos, insistió en que el efecto dominó del fracaso del socialismo no libraría a Cuba y que los obispos, a semejanza del episcopado polaco, deberían constituirse en nuevos Moisés capaces de conducir al pueblo a la democracia...
En enero de 1990 Fidel vino al Brasil a la toma de posesión del presidente Collor. Me encontré con él en Brasília. Insistí en la continuidad del diálogo y, poco después, desembarqué en La Habana para entrevistarme con Jaime Ortega. Fue la primera y única vez que lo vi pesimista. No creía que el gobierno tuviera buenas intenciones. Quizás esperaba para dentro de poco el fin de la Revolución.
Cuba no fue alcanzada por el huracán neoliberal que assoló al Este europeo, y una serie de circunstancias favoreció la visita del papa Juan Pablo II al país en 1998. Fidel me invitó, junto con un grupo de teólogos, entre ellos Leonardo Boff, para asesorarlo en el transcurso de la visita papal. Nos tocaba "descifrar" el lenguaje y los protocolos eclesiásticos.
El éxito del viaje –el papa no condenó al régimen cubano, como quería Bush, y elogió sus conquistas sociales– y la empatía que se originó entre Fidel y Woityla reabrieron los canales del diálogo. Sin embargo Fidel, por razones de salud, se apartó del mando del gobierno en el 2006, que fue asumido por Raúl Castro.
Intensifiqué mis viajes a La Habana para profundizar en la cuestión religiosa con Raúl y con Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos (una especie de Ministerio del Culto). Se decidió conmemorar, en marzo pasado, los 25 años del lanzamiento de “Fidel y la Religión”. Fueron invitadas todas las denominaciones religiosas presentes en el país. Raúl estuvo presente y lamentó que ningún obispo católico se hubiera aparecido.
Esa misma noche cenamos juntos. Hablamos de la acción pastoral de la Iglesia Católica con los prisioneros y de cómo la Revolución sólo podría ganársela con la liberación de los presos de conciencia que no estuviesen acusados de delitos de sangre o de actos terroristas.
El 10 de mayo Raúl Castro recibió, por primeira vez, al cardenal Jaime Ortega. La conversación se prolongó durante cinco horas. El arzobispo solicitó la transferencia de los presos a lugares cercanos a sus famílias y mostró la disposición de la Iglesia a colaborar para que fuesen amnistiados. El gobierno consideró que valía la pena apostar por la propuesta del cardenal y de ese modo evitar gestos extremistas, de amplia repercusión internacional, como huelgas de hambre llevadas hasta las últimas consecuencias.
Jaime Ortega no tiene nada de progresista ni, mucho menos, de anticomunista. Su papel como pastor es crear condiciones favorables para la evangelización del pueblo cubano. Y sabe que iniciativas humanitarias como la liberación de prisioneros no sólo refuerzan el prestigio de la Iglesia sino, sobre todo, dan testimonio de profunda fidelidad al Evangelio. Y también dan prueba de la tolerancia de la Revolución.
Lo que más esperan ahora la Iglesia y el Estado es que Obama libere a los cinco cubanos presos en los EUA, desde 1998, acusados de espionaje. Ésta es la condición para reiniciar un diálogo positivo entre Washington y La Habana, teniendo ante la vista la suspensión del bolqueo impuesto por los EUA a Cuba. (Traducción de J.L.Burguet)
- Frei Betto es escritor, autor de la novela “Un hombre llamado Jesús” (Rocco), entre otros libros.www.freibetto.org – twitter:@freibetto
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El reino mágico

Por Eduardo Galeano
Pacho Maturana, colombiano, hombre de vasta experiencia en estas lides, dice que el fútbol es un reino mágico, donde todo puede ocurrir.
El Mundial reciente ha confirmado sus palabras: fue un Mundial insólito.
* Insólitos fueron los diez estadios donde se jugó, hermosos, inmensos, que costaron un dineral. No se sabe cómo hará Sudáfrica para mantener en actividad esos gigantes de cemento, multimillonario derroche fácil de explicar pero difícil de justificar en uno de los países más injustos del mundo.
* Insólita fue la pelota de Adidas, enjabonada, medio loca, que huía de las manos y desobedecía a los pies. La tal Jabulani fue impuesta aunque a los jugadores no les gustaba ni un poquito. Desde su castillo de Zurich, los amos del fútbol imponen, no proponen. Tienen costumbre.
* Insólito fue que por fin la todopoderosa burocracia de la FIFA reconociera, al menos, al cabo de tantos años, que habría que estudiar la manera de ayudar a los árbitros en las jugadas decisivas. No es mucho, pero algo es algo. Ya era hora. Hasta estos sordos de voluntaria sordera tuvieron que escuchar los clamores desatados por los errores de algunos árbitros, que en el último partido llegaron a ser horrores. ¿Por qué tenemos que ver en las pantallas de televisión lo que los árbitros no vieron y quizá no pudieron ver? Clamores de sentido común: casi todos los deportes, el básquetbol, el tenis, el béisbol y hasta la esgrima y las carreras de autos, utilizan normalmente la tecnología moderna para salir de dudas. El fútbol, no. Los árbitros están autorizados a consultar una antigua invención llamada reloj, para medir la duración de los partidos y el tiempo a descontar, pero de ahí está prohibido pasar. Y la justificación oficial resultaría cómica, si no fuera simplemente sospechosa: El error forma parte del juego, dicen, y nos dejan boquiabiertos descubriendo que errare humanum est.
* Insólito fue que el primer Mundial africano en toda la historia del fútbol quedara sin países africanos, incluyendo al anfitrión, en las primeras etapas. Sólo Ghana sobrevivió, hasta que su selección fue derrotada por Uruguay en el partido más emocionante de todo el torneo.
* Insólito fue que la mayoría de las selecciones africanas mantuvieran viva su agilidad, pero perdieran desparpajo y fantasía. Mucho corrieron, pero poco bailaron. Hay quienes creen que los directores técnicos de las selecciones, casi todos europeos, contribuyeron a este enfriamiento. Si así fuera, flaco favor han hecho a un fútbol que tanta alegría prometía. Africa sacrificó sus virtudes en nombre de la eficacia, y la eficacia brilló por su ausencia.
* Insólito fue que algunos jugadores africanos pudieran lucirse, ellos sí, pero en las selecciones europeas. Cuando Ghana jugó contra Alemania, se enfrentaron dos hermanos negros, los hermanos Boateng: uno llevaba la camiseta de Ghana, y el otro la camiseta de Alemania.
De los jugadores de la selección de Ghana, ninguno jugaba en el campeonato local de Ghana.
De los jugadores de la selección de Alemania, todos jugaban en el campeonato local de Alemania.
Como América latina, Africa exporta mano de obra y pie de obra.
* Insólita fue la mejor atajada del torneo. No fue obra de un golero, sino de un goleador. El atacante uruguayo Luis Suárez detuvo con las dos manos, en la línea del gol, una pelota que hubiera dejado a su país fuera de la Copa. Y gracias a ese acto de patriótica locura, él fue expulsado pero Uruguay no.
* Insólito fue el viaje de Uruguay, desde los abajos hasta los arribas. Nuestro país, que había entrado al Mundial en el último lugar, a duras penas, tras una difícil clasificación, jugó dignamente, sin rendirse nunca, y llegó a ser uno de los mejores. Algunos cardiólogos nos advirtieron, desde la prensa, que el exceso de felicidad puede ser peligroso para la salud. Numerosos uruguayos, que parecíamos condenados a morir de aburrimiento, celebramos ese riesgo, y las calles del país fueron una fiesta. Al fin y al cabo, el derecho a festejar los méritos propios es siempre preferible al placer que algunos sienten por la desgracia ajena.
Terminamos ocupando el cuarto puesto, que no está tan mal para el único país que pudo evitar que este Mundial terminara siendo nada más que una Eurocopa. Y no fue casual que Diego Forlán fuera elegido mejor jugador del torneo.
* Insólito fue que el campeón y el vicecampeón del Mundial anterior volvieron a casa sin abrir las maletas.
En el año 2006, Italia y Francia se habían encontrado en el partido final. Ahora se encontraron en la puerta de salida del aeropuerto. En Italia, se multiplicaron las voces críticas de un fútbol jugado para impedir que el rival juegue. En Francia, el desastre provocó una crisis política y encendió las furias racistas, porque habían sido negros casi todos los jugadores que cantaron “La Marsellesa” en Sudáfrica.
Otros favoritos, como Inglaterra, tampoco duraron mucho. Brasil y Argentina sufrieron crueles baños de humildad. Medio siglo antes, la selección argentina había recibido una lluvia de monedas cuando regresó de un Mundial desastroso, pero esta vez fue bienvenida por una abrazadora multitud que cree en cosas más importantes que el éxito o el fracaso.
* Insólito fue que faltaran a la cita las superestrellas más anunciadas y más esperadas. Lionel Messi quiso estar, hizo lo que pudo, y algo se vio. Y dicen que Cristiano Ronaldo estuvo, pero nadie lo vio: quizás estaba demasiado ocupado en verse.
* Insólito fue que una nueva estrella, inesperada, surgiera de la profundidad de los mares y se elevara a lo más alto del firmamento futbolero. Es un pulpo que vive en un acuario de Alemania, desde donde formula sus profecías. Se llama Paul, pero bien podría llamarse Pulpodamus.
Antes de cada partido del Mundial, le daban a elegir entre los mejillones que llevaban las banderas de los dos rivales. El comía los mejillones del vencedor, y no se equivocaba.
El oráculo octópodo influyó decisivamente sobre las apuestas, fue escuchado en el mundo entero con religiosa reverencia, fue odiado y amado y hasta calumniado por algunos resentidos, como yo, que llegamos a sospechar, sin pruebas, que el pulpo era un corrupto.
* Insólito fue que al fin del torneo se hiciera justicia, lo que no es frecuente en el fútbol ni en la vida.
España conquistó, por primera vez, el campeonato mundial de fútbol.
Casi un siglo esperando.
El pulpo lo había anunciado, y España desmintió mis sospechas: ganó en buena ley, fue el mejor equipo del torneo, por obra y gracia de su fútbol solidario, uno para todos, todos para uno, y también por las asombrosas habilidades de ese pequeño mago llamado Andrés Iniesta.
El prueba que a veces, en el reino mágico del fútbol, la justicia existe.
* * *
Cuando el Mundial comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía Cerrado por fútbol.
Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado sesenta y cuatro partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido.
Esa proeza me dejó frito, los músculos dolidos, la garganta rota; pero ya estoy sintiendo nostalgia.
Ya empiezo a extrañar la insoportable letanía de las vuvuzelas, la emoción de los goles no aptos para cardíacos, la belleza de las mejores jugadas repetidas en cámara lenta. Y también la fiesta y el luto, porque a veces el fútbol es una alegría que duele, y la música que celebra alguna victoria de ésas que hacen bailar a los muertos, suena muy cerca del clamoroso silencio del estadio vacío, donde ha caído la noche y algún vencido sigue sentado, solo, incapaz de moverse, en medio de las inmensas gradas sin nadie.

La quinua es el nuevo “grano de oro”

Fortunato Esquivel
ALAI AMLATINA, 09/07/2010.- Una leyenda del Kollasuyo, cuenta que el zorro volvía del cielo con tremenda barriga llena. En eso, los loros le rompieron a picotazos la cuerda por la que se descolgaba provocando se reventara contra los altos picos de la cordillera de los Andes. Del estallido se desparramó la quinua que había robado a los habitantes celestiales.
Así, la comida de los dioses fue sembrada en el mundo. Desde entonces la quinua vive en las tierras altas del altiplano, donde aguanta la falta de agua y las bajas temperaturas. Los dioses permitieron que de esa manera sus hijos disfrutaran de lo que ahora se llama el “trigo de los Incas”.
Los mercados mundiales donde se cotiza todo, jamás le dieron importancia a esta comida de indios que se cultiva y es dieta de los seres humanos desde hace unos 5.000 años antes de Cristo, hasta que se supo sobre sus bondades. La quinua es nutricionalmente completa pues tiene un adecuado balance de proteínas, carbohidratos y minerales.
Para los campesinos del altiplano boliviano, este insumo es fundamental en su dieta y es por eso que se llenaron de furia al enterarse que dos gringos de la Colorado State University la patentaron en 1994 (US Patent 5304718). La denuncia internacional les obligó a renunciar a su atrevimiento.
El “trigo de los Incas”, comenzó a ser notada por el mundo cuando los astronautas se alimentaron con un preparado en base a este nutritivo grano. Su escasa producción fue en incremento desde entonces. El precio, fue saltando siempre hacia adelante.
Los precios internacionales oscilan actualmente por 2.500 dólares la tonelada. La quinua Real que es la variedad más buscada llegó en un momento a 3.000 dólares. Frente a la soya que se cotiza por alrededor de 350 dólares la tonelada, la quinua es, sin duda, el nuevo “grano de oro”.
Gran demanda mundial
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), destaca la gran demanda de la quinua en el mundo entero. En el último número de su revista “Comercio Exterior”, su director Pablo Antelo Gil, señala que este pequeño grano, se ha convertido en el manjar de restaurantes y hogares europeos.
Dice, Antelo Gil, que la quinua es utilizada por los 50 restaurantes vegetarianos más importantes de Europa y Estados Unidos, donde el grano es presentado en los platos más exóticos y requeridos por el paladar de los exigentes.
De pronto, las sopas de quinua, las laguas y la ph’isara, se degustan universalmente. La gama de alimentos preparados va desde los dulces hasta los salados, por lo que el futuro de este producto es definitivamente positivo para sus cultivadores.
Pocas, pero malas noticias
Datos del Consejo Nacional de Comercializadores y Productores de Quinua (Conacoproq), confirman que la quinua pasó de cotizarse en $us 862 la tonelada en 1999 a $us 2.500 este año. Estas cifras son superadas por la Quinua Real, cultivada únicamente en la zona de los salares de Uyuni y Coipasa, cuyo promedio actual es de $us. 3.000 la tonelada.
Los datos del año 2008, señalan que hasta entonces se cultivaron 51.382 hectáreas, con una producción de 23.654 toneladas métricas, de las cuales 10.300 se exportaron de forma legal con certificación orgánica. Un total de 4.350 TM se destinaron al mercado interno y lamentablemente 9.000TM salieron del país vía contrabando. La mala noticia, es que esta ilegal actividad va en crecimiento, sobre todo hacia el Perú, que acapara el producto para venderlo al exterior con valor agregado.
Otra mala noticia es la escasa cantidad de tierras destinadas a su cultivo. La soya superó el millón de hectáreas, pero su precio es diez veces menor que el de la quinua.
Asignatura pendiente
El IBCE señala en su publicación que el consumidor busca salud y calidad en los alimentos por lo que es el principal motivo para el crecimiento de los requerimientos de quinua en el mercado internacional. Entre los productos orgánicos, este alimento es el más buscado y las exigencias para su adquisición, son cada día más altos.
Las ventas bolivianas se han limitado a materia prima. Es una asignatura pendiente la industrialización. La incorporación de valor agregado es urgente como una de las tareas que puede decidir a la adopción de políticas de Estado tendentes a incentivar su cultivo.
Si el mundo exige quinua, es hora de iniciar un masivo cultivo del producto que se ha convertido en el verdadero “grano de oro” del siglo XXI.
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InfoRED: Bolivia: Alcaldes de la Amazonía boliviana expulsan a USAID‏

Enviado por Prensa Indígena - ewituri el Sáb, 07/10/2010
(Por Wilson García Mérida)

Datos & Análisis, 8 de julio.- Go home, Usaid. Pando es declarado “territorio amazónico libre de Usaid”. Son expulsadas de sus comunas autónomas varias ONG’s dependientes de la agencia de cooperación de Estados Unidos como “Conservation Strategy Fund” (CSF), “Herencia”, “Puma”, “WCS Rainforest Alliance” y “Armonía”. Tienen plazo hasta el 30 de julio para entregar sus informes y documentos de cierre de gestión.

Un hecho de trascendencia acaba de suceder en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los alcaldes de los municipios en el departamento autónomo de Pando, dentro la Amazonía boliviana, decidieron expulsar de sus jurisdicciones a varias ONG’s, fundaciones y empresas que operan en este territorio con financiamiento de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (Usaid, por su sigla en inglés).

Al haberse constatado que estas entidades “son las que generan conflictos internos dentro el país, interfiriendo en nuestro proceso histórico de liberación nacional para socavar la legitimidad democrática de nuestro Gobierno”, según un pronunciamiento emitido el pasado 6 de julio por las autoridades municipales de esta región amazónica fronteriza con Brasil y Perú.

Tras comprobarse que funcionarios pagados por Usaid intentaron provocar un cisma en el movimiento indígena boliviano enfrentando a las organizaciones campesinas de la amazonía boliviana con el propio Gobierno que los representa, los alcaldes de Pando decidieron “expulsar de cada una de nuestras jurisdicciones a las ONG`s, empresas, agencias y proyectos financiados a través de Usaid y sus aliados.

Para acabar con la impostura de los traficantes internacionales del medio ambiente, poner fin a las maniobras políticas del Gobierno de Estados Unidos en nuestro rico territorio amazónico y liberarnos de las viejas prácticas prebendales impuestas por esta perversa ‘cooperación’ cuyos míseros centavos envilecieron la conciencia de nuestros pueblos, de sus campesinos y de nuestras valerosas representaciones indígenas”.

Entre las ONG’s y fundaciones que “a partir de la fecha” deben abandonar el territorio autónomo de Pando, figuran “Conservation Strategy Fund” (CSF), “Herencia”, “Puma”, “WCS Rainforest Alliance” y “Armonía”, las cuales además, en un plazo que vence el próximo 30 de julio, están obligadas a brindar informes sobre sus programas, proyectos y actividades, así como el origen de su financiamiento.

Además de los montos recibidos en los últimos 10 años y los resultados tangibles logrados hasta la fecha. “Caso contrario nos veremos obligados a someterlos, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, a los tribunales de justicia por vulnerar nuestra autonomía y atentar contra nuestra soberanía territorial e institucional”, advierte el pronunciamiento emitido por la Asociación de Municipios de Pando (Amdepando).

El pronunciamiento explica que mediante programas como el denominado “Madre de Dios, Acre y Pando” (MAP) y la “Iniciativa de la Cuenca Amazónica” (ICCA), Usaid y sus ONG’s han convertido al departamento amazónico de Pando “en un territorio enajenado e intervenido abusivamente”.

Afirma asimismo que bajo el maquillaje de “lucha contra la pobreza”, “preservación del medio ambiente”, con enfoque capitalista, y programas racistas denominados “Protección de Paisajes Indígenas”, suplantan a la autoridad autónoma de los municipios e intervienen políticamente haciendo circular clandestinamente millones de dólares en las comunidades indígenas y campesinas para enfrentar al pueblo con su propio Gobierno.

Buscando desestabilizar al régimen que preside el líder indígena Evo Morales. El mal llamado “Manejo efectivo de la diversidad biológica y los servicios ambientales”, agrega el documento, “es sólo un pretexto para trasnacionalizar nuestros recursos naturales, intervenir las organizaciones sociales y alinearlas con los intereses del imperio para terminar dominando nuestros territorios, sus bosques y la biodiversidad”.

»»Territorio libre de Usaid.- En ejercicio soberano de sus competencias conferidas por el nuevo régimen autonómico boliviano establecido en la actual Constitución Política del Estado, los munícipes pandinos han declarado al departamento de Pando “Territorio Amazónico Libre de Usaid”. Con dicha declaración, los munícipes amazónicos apoyan la decisión del presidente Evo Morales Ayma, oficializada ya fines de 2008, de expulsar definitivamente a Usaid de nuestro país.

“Este será un gesto histórico, soberano y ejemplar, destinado a lograr el respeto frente al arrogante intervencionismo extranjero”, reza el pronunciamiento, además de declarar “estado de emergencia en nuestros municipios para defender la dignidad y soberanía nacional ante la desestabilización democrática propiciada por los enemigos internos y extranjeros de este proceso de cambio”.

Advierten las autoridades comunales que “a partir de la fecha ninguna ONG, Fundación —nacional o extranjera—, empresa y/o proyecto que no cuente con la autorización de los alcaldes y sus concejos municipales, podrá hacer intervención alguna en nuestro territorio”.

El departamento de Pando está ubicado al norte de la República de Bolivia sobre una extensión de 64.000 kilómetros cuadrados en la cuenca del gran Amazonas, con más de 50.000 habitantes según el censo del 2001; contiene 5 provincias, 15 municipios y 51 cantones.

Es uno de los territorios más ricos de Bolivia en biodiversidad y donde se halla la mayor cantidad de tierras fiscales disponibles para ser distribuida entre indígenas y campesinos sin tierra que vienen llegando de otros confines del país, en un proceso que intentó ser revertido por la ingerencia norteamericana e intereses de latifundistas que propiciaron la masacre indígena del 11 de septiembre del 2008, en el municipio de Porvenir•

Costas o el espejo colonial

Max Murillo Mendoza
El “Gobernador” de Santa Cruz, última carta política que juegan las colonias extranjeras en ese departamento, es noticia no por su jocosa y estúpida manera de ser, sino por lo que significa y esconde tras bambalinas de sus declaraciones. Después del estrepitoso fracaso separatista del 2.008, a las colonias extranjeras no les queda más que acomodarse y jugar a las cartas que les ofrece la nueva constitución. La lectura desde palacio de gobierno respecto de este nuevo escenario en Santa Cruz, y en el oriente boliviano, es realmente escabrosa y confusa. Tienen la impresión, está en los mensajes de sus portavoces, de que las colonias extranjeras se democratizarán y se “nacionalizarán” en este nuevo escenario. Tamaña voluntad ingenua raya en lo inverosímil, o en la sospecha de las “familias grandes bolivianas”, donde lo colonial y lo mestizoide se confunden y se enmarañan hasta el fondo.
Las cosas no se dicen como son, sino en apariencias y mensajes cifrados. Esa confusión que viene de las confusas maneras de hacer política de muchos políticos del MAS, les está llevando a caer en sus propias trampas del lenguaje. Es decir, en lo poco claro que tienen de sus lecturas de lo que este país y sus nacionalidades demandan. Las banderas de la descolonización del estado boliviano y sus estructuras, están quedando en los anaqueles polvorientos para los estudiosos del cambio, o para la arqueología del cambio en un futuro no muy lejano. Muchas organizaciones sociales han caído en la inercia del cambio, en contentarse con poco, con muy poco: la toma del poder político de este estado es demasiado poco, cuando sabemos que este estado es nada frente a la complejidad del espacio que supuestamente representa. Las demandas de nuestras nacionalidades van allá de este andrajoso y corrupto estado colonial. Nuestras demandas siempre han sido muy claras: cambio, pacha, renovación total y vuelco de la tortilla. No parches, no remiendos, no palabras.
El gobernador de Santa Cruz sabe que los “políticos y operadores políticos” del MAS tienen limitaciones, es decir no tienen claridad de lo que se juega en Bolivia. Entonces puede hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Nada le detendrá mientras dichos operadores políticos no tengan claro lo que demandamos desde nuestras naciones. Seguirá con sus rufianes maneras de referirse a los funcionarios de este estado, riéndose incluso a carcajadas de todos ellos.
Hay que empezar a pisar soberanía en el oriente boliviano. Y eso es empezar a contabilizar, es decir censar a las colonias extranjeras. De la misma manera, saber exactamente de sus intereses económicos y empresariales. De los políticos ya sabemos. Tenemos que tener un mapa absolutamente claro de sus movimientos e intereses en Bolivia. No podemos dejarles al azar, ni cometer las ingenuidades de los operadores políticos de palacio de gobierno. Esa ingenuidad nos está llevando a tropezarnos entre nosotros mismos. Esa ingenuidad es sospechosa y alarmante, cuando se interponen dificultades a compañeros de la Cidop, y no se hace absolutamente nada ante la impunidad de colonias extranjeras que operan estrategias políticas contra el país, desde las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Tarija. Las banderitas de narcotráfico y totalitarismo son parte del show, pues los colonialistas han sido y son los mayores beneficiarios e inversionistas, desde siempre, de las operaciones del narcotráfico.
Cochabamba, 8 de Julio de 2010.

El gobierno sugiere no confundir Consulta pública con Participación indígena

Publicado en el boletín SENA de FOBOMADE
El Director General de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos y Energía Omar Quiroga explicó que el proceso de Consulta y Participación a pueblos indígenas originario y comunidades campesinas en el ámbito hidrocarburífero no debe ser confundida con la Consulta Pública, proceso totalmente distinto.
Consulta y Participación
La Consulta y Participación –explicó Quiroga— es un paso que se da en el proceso de licenciamiento ambiental que las empresas petroleras inician en el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en la Dirección General de Gestión Socio Ambiental, entregando los instrumentos de regulación de alcance particular, que pueden ser en los casos nuevos las fichas ambientales, los manifiestos ambientales para los proyectos existentes o las adendas para la ampliación de proyectos que se encuentran ya licenciados.
La Dirección General de Gestión Socio Ambiental sugiere al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, una categorización de la actividad, obra o proyecto que han creado en el ámbito hidrocarburífero.
Esa categorización tiene cuatro posibles niveles: La categoría cuatro es prácticamente de bajo impacto. La categoría tres tiene algún nivel de impacto ambiental. Por su parte, la categoría dos tiene niveles mayores de impactos ambientales.
La categoría uno además del impacto ambiental tiene un impacto socio ambiental por la presencia de comunidades de pueblos indígenas originarios campesinos que estarían afectados por la actividad hidrocarburífera.
Cuando es categoría uno significa que se debe iniciar un proceso de consulta y participación que está a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía junto al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Viceministerio de Tierras.
El Proceso de Consulta y Participación sigue los siguientes pasos:
PRIMER PASO: Información sobre la actividad hidrocarburífera.
SEGUNDO PASO: Planificación conjunta y firma de un Acta de Entendimiento sobre la planificación.
TERCER PASO: Ejecución de la Consulta según la planificación expresada en el Acta de Entendimiento, con una duración de 2 meses.
CUARTO PASO: Consenso de resultados de la Consulta y Participación y firma del Convenio de Validación de Acuerdos.
Quiroga explicó en resumen que el proceso consiste en “consultarle a los pueblos indígenas desde su perspectiva, su vivencia, su visión los impactos socio ambientales que generaría esa actividad… Nos ponemos de acuerdo de cómo va a ser el proceso de consulta se firma un acta de entendimiento para que se realice la consulta, el tiempo, los recursos y la participación de los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos”.
Una vez identificados los impactos socio ambientales, llegamos al Convenio de validación de acuerdos, con ello validamos todo el trabajo realizado entre el Ministerio y los Pueblos Indígenas, dijo la autoridad.
Los impactos socio ambientales identificados en el proceso de Consulta y Participación deben ser incorporados como parte del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que la empresa realiza para proseguir con el trámite de la Licencia ambiental, el que es otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.
Compensación
Una vez obtenida la Licencia Ambiental la empresa petrolera empieza a dialogar con los pueblos indígenas originarios y campesinos para saber cuál va a ser el monto de compensación financiera que la empresa le reconocerá a ese pueblo indígena por los impactos socio ambientales, que tienen la característica de no ser mitigables.
Quiroga explicó que en la actualidad no existe una norma que especifique sobre el monto de compensación y que por ello “desde el Ministerio se está sugiriendo una normativa que vaya a definir cómo se va a calcular ese monto de compensación”.
En la compensación el Ministerio no participa de forma directa, sólo interviene como mediador cuando las partes así lo solicitan, es decir, la empresa petrolera o los pueblos indígena originario y campesinos.
Consulta Pública
La Consulta Pública no debe ser confundida con la Consulta y Participación. La Consulta Pública es desarrollada por la empresa petrolera con las autoridades municipales, ganaderos, militares y otros, es decir, con actores involucrados que no sean indígenas originarios y campesinos.
La empresa informa a todos ellos y les da a conocer los alcances del proyecto, posteriormente se firma un acta de aceptación del proyecto y con eso la empresa cumple con una parte que establece la Ley de Medio Ambiente, para cualquier licenciamiento que se encuentre en la categoría uno o dos.
15 Consultas desde 2007
Antes del 2007, las empresas petroleras cuando obtenían la licencia ambiental sólo se entrevistaban con las autoridades de la zona para presentar lo que iban a hacer e ingresaban. La actitud de las empresas se caracterizaba por no respetar a los pueblos indígenas, sus lugares sagrados, los usos y costumbres,
A partir del 2007 hasta la fecha, se han desarrollado quince consultas. “La anterior semana se concluyó el proceso número quince en la TCO Charagua Norte”, anunció Quiroga.
Catorce ya están en operación, concluidos y están aportando al país. Las Consultas y Participaciones fueron dirigidas desde el Estado a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Las empresas petroleras ahora respetan las normas ambientales, a los pueblos indígenas y los procedimientos administrativos, es decir, se mejora la intervención de las empresas petroleras en la actividad hidrocarburífera del país.
“Esto pone al país en ventaja, porque tenemos a la industria hidrocarburífera adecuada a los estándares internacionales de calidad ambiental, de respeto a los derechos de los pueblos”, finalizó Quiroga.

Los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado

Artículo escrito por Mercedes Nostas Ardaya y Alicia Tejada Soruco, Santa Cruz de La Sierra, julio 2010

El presente artículo enfoca la “VII Marcha Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana, por el Territorio, la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, pretendiendo revitalizar los diálogos sobre el reacomodo de la nueva estructura institucional del Estado, y su correlación con la protección de los bienes mayores de los bolivianos, en apariencia, a contrapelo con los bienes e intereses comunes que reivindican legítimamente múltiples sectores de la población
Parecería difícil entender los desacuerdos entre gobierno y CIDOB, puesto que ésta fue una de las instituciones con coincidencias programáticas y aliada del gobierno en periodos de conflictos. Pero esta alianza –para la CIDOB- se dio dentro de un marco de coherencia con las demandas históricas (26 años) de los pueblos indígenas que habitan las tierras bajas de Bolivia, y en distintos momentos de cambios estructurales que al gobierno de Evo Morales le cabe hoy implementar en las estructuras estatales diseñadas a tal fin.
Para las autoras de este artículo, en primera instancia, la marcha implica el estreno de una nueva posición y ubicación post-constituyente, en la que CIDOB establece una nueva relación administrativa, situando, frente a frente, al nuevo Estado ahora constituido y con sus facultades de gobernar, con el sector indígena que le reconoce estas facultades ejerciendo el derecho de demandarle la inclusión de sus reivindicaciones en el nuevo Estado Plurinacional. O como ya lo expresó el intelectual Aymara Rafael Bautista en su artículo titulado Qué Manifiesta La Marcha Indígena: ¨No hay Constitución sin acontecimiento Constitucional¨.
Otro aspecto importante para entender este conflicto, es que La CIDOB tiene como estrategia de lucha política la elaboración de plataformas, el dialogo y las marchas a través de las cuales desde los ochenta, (1986, 87, 1990, 96, 2000, 02, 03, 10) ha planteado a sucesivos gobiernos sus demandas históricas, y por tanto no se trata de oposición política si no de una forma de participación en democracia que caracteriza a este sector, cuando ha excedido otros mecanismos de diálogo.
Si asumimos que la plataforma de la CIDOB es legítima puesto que data de casi tres décadas; que formó parte de la Agenda de Octubre y de las condiciones de apoyo al gobierno de Evo Morales Ayma, lo que este importante movimiento-organización está planteando al gobierno ahora, es de interés general: Tanto la forma con la que se pretenden relacionar los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas con el gobierno, así como su plataforma de demandas, que aunque trata de beneficios directos a este sector, contienen aspectos estructurales que interesan a la sociedad en su conjunto. La articulación de los intereses comunes para lograr el bien mayor es un ejercicio pendiente y por esta razón es necesario comprenderlos a cabalidad.
Una de las características de las Organizaciones indígenas de Tierras Bajas indudablemente ha sido su paciente vocación democrática y al mismo tiempo revolucionaria en tanto los efectos de sus logros. La Asamblea Constituyente fue también una demanda del movimiento indígena de Tierras Bajas con la que además se articularon, estratégicamente a los movimientos de Tierras altas. En palabras de Bienvenido Zacu miembro de la Asamblea legislativa Plurinacional: “se produce una apertura en la CIDOB, sobre la que estuvimos discutiendo mucho tiempo, con el temor que produce toda decisión de ese tipo y que incluso nos dividió entre los que estuvieron de acuerdo y los que no, con semejante decisión histórica”...
Sin embargo, entre la construcción teórica del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, (CPE, articulo 1), y la implementación del mismo, transverzalizando competencias en la estructura institucional gubernamental y en todos sus niveles, hay una distancia que debemos aún transitar responsablemente, sin la amenaza de la fragmentación social y territorial y sin las urgencias que los mismos constituyentes nos impusieron en disposiciones transitorias, estableciendo un plazo de ciento ochenta días, a partir del inicio del nuevo mandato del gobierno, para la aprobación de las cinco leyes básicas.
En esta coyuntura, tanto la CIDOB como el gobierno, conocen que el tiempo actúa en contra ya que fueron actores principales en la elaboración de la CPE, por eso se espera que tomen en cuenta los referidos plazos constitucionales en sus negociaciones.
Sin pretender adentrarnos en el análisis e interpretaciones jurídicas puesto que no son objeto del presente artículo, pero a efectos del mismo, es necesario mencionar el marco en el que se establecen las discusiones entre el Gobierno y la CIDOB. Citamos, que de acuerdo a la CPE, a) la constitución de una autonomía se realiza mediante la voluntad democrática, b) la convocatoria para aprobación de estatutos autonómicos se realiza de acuerdo a usos y procedimientos propios pero, c) en el articulo 192 el contenido de los estatutos se elabora de acuerdo a sus formas y procedimientos, “según la Constitución y la Ley¨.. De La misma forma la CPE, establece mecanismos vinculados con d) la facultad de la Asamblea legislativa para el establecimiento o afectación de límites territoriales, exceptuando los que se circunscriben a distritos municipales, que se realizarían a través de acuerdos con los gobiernos municipales. Tambien y fundamentalmente, se deben considerar los principios establecidos en la CPE para la organización territorial del Estado.
Realizadas estas precisiones, inferimos, que este es el marco legal en el que la CIDOB exige que “El Ministerio de Autonomías y Descentralización incorpore al Proyecto de Ley Marco de Autonomías la propuesta de los pueblos indígenas sobre la autonomía indígena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB” y que, en su interpretación se origina el conflicto.
Ahora bien, de otro lado la demanda de autonomías indígenas de la CIDOB, constituye una estrategia para lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado boliviano, ya que la cultura se realiza y expresa en la interrelación dialéctica de las personas con su territorio, que, desde una perspectiva de futuro, les permite relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación, económica, política y social, con los otros espacios territoriales, independientemente del número de su población. Recordemos que los pueblos indígenas han estado históricamente tutelados por iglesias, patrones, y que dichos pueblos han sido excluidos y sometidos por otros poderes, negándoseles, la posibilidad de establecer equilibrios positivos en las relaciones de poder y en todo ámbito social.
La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación y requiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales reconociendo que las Centrales (organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comunidades) per se no necesariamente pueden convertirse en tales.
Dichas autonomías requerirán de mecanismos de gobierno para enfrentar, por ejemplo, las amenazas que produce la interrelación con un entorno en el que el mercado informal determina relaciones de poder sobre los recursos que contienen sus territorios, incluida la tierra.
De otro lado, la flexibilización y funcionalización de normas y procedimientos propios a favor de procesos de descomposición de responsabilidad ética y administrativa, abarcan algunas de las estructuras de las Centrales Indígenas. Estas debilidades intentan ser corregidas por los mismos comunarios sin éxito, puesto que, o son débiles o no existen, los mecanismos estatales para acceder al derecho positivo. (Martínez, J, Tejada A, 2010).
Concretamente estamos planteando que las autonomías indígenas, como cualquiera de las otras por implementarse, podrían derivar en espacios “de nadie” (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agro industriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), si las instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso con respecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder en las centrales o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios.
Será indispensable en ese ámbito, que el accionar del Estado, para salvaguardar la vigencia de los derechos humanos y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en su interrelación con otros no indígenas, se traduzca en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativas.
La demanda de Gestión Territorial Indígena que también contempla la plataforma de la CIDOB, exigiendo financiamiento, se vincula a las autonomías territoriales indígenas y es indispensable porque implica el ordenamiento del espacio territorial (incluido el uso del suelo), en interrelación con los espacios aledaños, desde la decisión de las comunidades, e implica, por otro lado, un instrumento de control, desde el pueblo hacia la administración de la autonomía indígena.
Sobre la demanda de los escaños en la Asamblea legislativa plurinacional éstos garantizarían la representación de las pueblos indígenas, en tanto complejidades culturales desarrolladas a lo largo de su historia (o a pesar de ella), con valores, normas y prácticas. No hay otra fórmula posible e inteligente que no sea la de la representación directa, si entendemos en todo su significado el término “representación”.
Ahora bien, no nos vamos a concentrar en el número de escaños por las razones expuestas, pero sí vamos a insistir en los medios, a través de los cuales, estas identidades políticas lograrían influir efectivamente en la construcción de un Estado Intercultural, desde la Asamblea legislativa; como sesiones especiales de interculturalidad, reuniones inter comisiones sobre principios de armonización de normas y diseños de evaluación de efectividad que no estén basados en el número de leyes producidas, sino en contenidos interculturales. Las semanas regionales de los asambleístas indígenas deberían constituirse en semanas de re-conocimiento de valores y normas, con sus tiempos necesarios de adaptación a nuestro sistema formal y de derecho positivo, especialmente en esta primera fase de implementación del Estado Plurinacional.
Por último planteamos que la superficie del las TCO no debe entrar en discusión, al ser ésta el resultado de los Estudios Indígenas de Necesidades Espaciales, que reconocen su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas. Sobre esta base, que es una política de Estado, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos. La nueva legislación no debería menoscabar ni amenazar los derechos de los pueblos indígenas como resultado de la incapacidad del Estado, en todos sus niveles, para gestionarlos. El fracaso del proceso de saneamiento no puede transferirle sus costos a las TCO de tierras bajas, sino más bien buscar corregir sus errores con nuevos mecanismos de los que desaparezcan las conciliaciones las desprestigiadas “certificaciones” de derechos y el delito de compra-venta ilegal de tierras en TCO, que continúan vigentes.
Existen también normas legales innegociables, no solo porque responden a otros procesos históricos de toda la humanidad, como las que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, los cuerpos de agua y los recursos naturales, la igualdad de género, entre otros derechos, sino porque estamos convencidas, en base a múltiples experiencias estudiadas, que su aplicación es una condición indivisible del ejercicio de las autonomías indígenas.
La CIDOB ha planteado espacios de autogobierno en los que los pueblos indígenas también se adscriben al derecho administrativo que incluye obligaciones y responsabilidades de todas las partes, y mediante el cual nos obligamos todos los bolivianos a fortalecer al Estado y a la Nación que nos une, conteniendo la complejidad de nuestra naturaleza pluricultural.

Lo que realmente está sucediendo!!!

LO QUE REALMENTE ESTA SUCEDIENDO!!!....
Un preocupante reporte que circula hoy por el Kremlin y que fue preparado para el Primer Ministro Putin de parte de Anatoly Sagalevich del Instituto Shirshov de Oceanología de Rusia advierte que el fondo marino del Golfo de México ha quedado fracturado “irreparablemente” y nuestro planeta debe comenzar a prepararse para un desastre ecológico “más allá de toda comprensión” a menos que se emprendan “medidas extraordinarias” para detener el flujo masivo de petróleo hacia el oceano, cuerpo de agua más grande del mundo.
Lo más importante en observar sobre la advertencia de Sagalevich es que él y sus colegas científicos de la Academia Rusa de Ciencias son los únicos seres humanos que han estado en el sitio del derrame petrolero en el Golfo de México después de haber sido llamados a la escena del desastre de parte de la gigantesca petrolera Británica, la British Petroleum poco después del hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon el 22 de abril.
El llamado que hizo la BP a Sagalevich después de que comenzó esta catástrofe se debe a que él tiene el récord mundial de buceo profundo en agua dulce y su experiencia en los dos vehículos de Sumergencia Profunda de Rusia, el MIR 1 y el MIR 2 que tienen la capacidad de llevar a sus tripulaciones a una profundidad de 6,000 metros (19,685 pies).
Según el reporte de Sagalevich, el derrame petrolero hacia el Golfo de México no está saliendo solamente del pozo de 22 pulgadas que muestran los Estadounidenses en la televisión, sino de por lo menos otros 18 sitios sobre el “fondo marino fracturado” siendo el más grande de 11 kilómetros (7 millas) desde donde se hundió la Deepwater Horizon y está vomitando a borbotones estas preciosas aguas con unos 2 millones de galones de petróleo por día.
Es interesante hacer la observación sobre este reporte de Sagalevich señalando que él y otros científicos Rusos fueron requeridos por los Estados Unidos para firmar documentos que les prohibía reportar sus hallazgos a ningún medio ya fuese Estadounidense o de otro país, y que lo tuvieron que hacer para operar de forma legal en aguas territoriales Estadounidenses.
No obstante, Sagalevich dice que él y otros científicos dieron actualizaciones casi por hora tanto al gobierno Estadounidense como a los funcionarios de la BP sobre lo que estaban viendo en el fondo marino, incluyendo al Senador Estadounidense del Estado de Florida, Bill Nelson que después de tal información señaló a la cadena noticiosa MSNBC “Andrea estamos viendo algo nuevo justo ahora, de que hay reportes de que el petróleo está filtrando hacia arriba desde el fondo marino… lo que indicaría, si esto fuese cierto, que la cubierta del pozo está de verdad perforada debajo del fondo marino. Así que, tu sabes, los problemas podrían ser enormes con los que nos estamos enfrentando”.
Aunque no directamente señalado en el reporte de Sagalevich, los hallazgos de los científicos Rusos sobre el verdadero estado del desastre petrolero del Golfo de México están, más allá de toda duda, siendo filtrados a su amigo de mucho tiempo, Matthew Simmons quien fuera el asesor principal sobre energía del ex Presidente George W. Bush, a quien los reportes de los medios Estadounidenses señalan abiertamente: “Matthew Simmons se está apegando a su historia de que hay otro gigantesco derrame en el Golfo de México bombeando tremendas cantidades de petróleo hacia el Golfo. En “Fast Money” de la CNBC, dice que le sorprendería si la BP pudiera pasar de este verano, diciendo que este desastre es culpa completa de la BP”.
Como persona prominente dentro de la industria petrolera y uno de los más destacados expertos del mundo en el pico petrolero, Simmons, señala además que los Estados Unidos tienen una sola opción” dejar que se seque el pozo (lo que tomaría 30 años y arruinaría el océano Atlántico) o detonarlo nuclearmente”.
El gobierno de Obama, por otro lado, ha indicado que no se está discutiendo la opción nuclear para dar fin a esta catástrofe lo que lo pone en conflicto con los expertos Rusos y Estadounidenses que abogan por esta medida extrema antes de que todo esté perdido y como lo informa el diario Británico, The Telegraph:
“La antigua ex Unión Soviética (URSS) utilizó armas nucleares en cinco ocasiones distintas entre 1966 y 1981 para apagar exitosamente pozos de gas y petróleo en la superficie (hubo un solo intento que falló) y que fue documentado por un reporte del Departamento de Energía de los Estados Unidos sobre los usos pacíficos de la URSS de explosiones nucleares.
Rusia está apremiando ahora a los Estados unidos para que considere hacer lo mismo.
El Komsomoloskaya Pravda, el diario Ruso de mayor venta, asegura que aunque se base en la experiencia Soviética, existe una oportunidad en cinco de que el pozo pudiera no sellar , es “una apuesta que los Estadounidenses tendrían que arriesgar”.
Se dice que la URSS desarrolló dispositivos nucleares especiales para cerrar los pozos de gas utilizando la teoría de que la explosión de una detonación nuclear taparía cualquier pozo en un rango de 25 a 30 metros, dependiendo de la potencia del dispositivo. Tanto como lo he imaginado en mi tiempo libre, las explosiones masivas pueden usarse para hacer colapsar un pozo en fuga, tapando así, o al menos contener sustancialmente el flujo de petróleo.
“La detonación nuclear del fondo marino está comenzando a sonar sorprendentemente factible y apropiada” es la cita que se informa dijo el Ingeniero Mecánico de la Universidad de Texas, Michael E. Webber mientras que el investigador visitante sobre política nuclear y ex oficial naval Christopher Brownfield escribió en el Daily Beast. “Ya hubiéramos demolido este pozo con explosivos desde hace un mes. Y todavía vemos con insoportable suspenso mientras la BP va torpemente usando y deschando plan tras plan para recuperar su petróleo y cubrir su propiedad”.
En cuanto a la razón del gobierno de Obama para negarse a considerar el detonar este pozo por medios nucleares, Sagalevich señala en este reporte que la “preocupación principal” de los Estados Unidos no es la catástrofe ambiental que está causando este desastre sino más bien el impacto que el uso de un arma nuclear para detener este derrame tendría sobre la continua producción de petróleo del Golfo de México y que en un mundo hambriento de energía continua siendo la única región productora de petróleo del planeta capaz de aumentar su producción.
Encima de la catástrofe ambiental que está ocurriendo actualmente en el Golfo de México, la situación podría empeorar pues nuevos informes de los Estados Unidos están confirmando sombría predicciones de los científicos Rusos concernientes a los venenos de dispersión de petróleo que está usando la BP y que están siendo recogidos hacia las nubes y cayendo como lluvia tóxica destruyendo a toda las plantas vivas que toca y como lo detallamos en nuestra pieza del 23 de mayo titulado “Las Lluvias Tóxicas del Derrame Petrolero Podrían Destruir a América del Norte”.
El resultado final de esta catástrofe lo ignoramos nosotros, sólo nos queda señalar lo obvio que es la opción que confronta hoy Estados unidos que es o detener este desastre por cualquier otro medio, o pagarlo muy caro después.
Después de todo, ¿vale el petróleo barato el costo de destruir a nuestro propio planeta? La BP seguramente lo cree así, pero esperemos que Obama no.

Bolivia, nueva Marcha Indígena

Escrito por Lorenzo Solíz y Claudia Vedia (*)
Se inició la segunda semana de la VII Marcha Indígena "Por el Territorio, la Autonomía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas" protagonizada por la CIDOB, que partió desde Trinidad el 23 de junio. El país ha estado expectante y se han realizado análisis desde diversos ángulos y perspectivas sobre la misma, y las instituciones de la sociedad civil han tenido diferentes reacciones. Aquí nos referimos a los siguientes aspectos:
1. Nuevas formas de relación gobierno-organizaciones indígenas.
Algunos analistas ven en la marcha indígena de la CIDOB una nueva forma de relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales; consideran, equivocadamente, que las organizaciones campesinas indígenas estuvieron sujetas a él, y el inicio de esta marcha sería, por tanto, el rompimiento de la alianza entre el gobierno y las organizaciones sociales.
Otros, buscan aprovechar esta marcha para intentar llevar las aguas a su molino: sectorial, regional o político, incluso personal. Por su parte, el Gobierno, también erróneamente, considera que este movimiento es creado por actores externos: ONGs, oposición, entre otros.
Para quienes consideran que las organizaciones campesinas indígenas son en cierto modo iguales y en general aliadas del gobierno nacional, es necesario entender que hay organizaciones (CSUTCB, CNMCIO-BS y Organizaciones Interculturales) que reconocen en sus estatutos orgánicos al MAS como su instrumento político –lo cual es totalmente legítimo- y por convicción están respaldando al Gobierno y lo seguirán haciendo en el futuro; otras organizaciones tienen sus propios instrumentos políticos: PASO, MOP, entre otros, aunque su alcance es sólo local. Pero también hay otras organizaciones, como la CIDOB, que no tienen instrumento político; por ello, no dudan en discrepar ni protestar contra medidas que consideran injustas, ni renuncian a sus reivindicaciones y demandas, como es el caso ahora.
Por tanto, no debe sorprender que pese a tener alianzas con el gobierno, estas organizaciones reaccionen en defensa de lo que consideran justo para su sector -como ya lo han hecho por ejemplo el año pasado por la asignación de escaños indígenas en la Ley Electoral Transitoria o contra la construcción de represas sobre el río Madera. Y no se las puede tildar de estar en contra del proceso de cambio; como se sabe, ellas han sido, sin ser las únicas, actoras principales que han posicionado en el debate nacional, con su IV Marcha del 2002, la demanda de Asamblea Constituyente y la necesidad de elaborar una nueva Constitución; aspectos estos que están contribuyendo a los cambios y transformaciones estructurales que el país –no sólo el gobierno, ni sólo el partido en función de gobierno- está logrando en estos últimos años.
Como dignamente manifestaba un dirigente del TIPNIS en plena marcha: “Yo quiero decirle a la opinión pública y al mismo Presidente Juan Evo Morales que hemos venido apoyándolo y seguimos apoyándolo hasta ahora, eso no quiere decir que vamos en contra del Presidente… nosotros vamos por una causa justa y lo que menciona que hay injerencia de organismos internacionales no es verdad…. aquí el trabajo del proceso de cambio no es el trabajo del MAS o del presidente Evo Morales, es un trabajo de todos los sectores sociales especialmente de los pueblos indígenas”.
Ojalá esta marcha también ayude –a quienes sostienen que no existe sociedad civil, porque al acceder las organizaciones sociales a espacios de poder ya serían Estado- a comprender que la sociedad civil sí existe, se expresa, protesta, propone y marcha. Que al reivindicar sus demandas y propuesta no está contra el Estado, con afanes desestabilizadores o, peor aún, en “las filas de la oposición”.
2. ¿División de las organizaciones indígenas?
Cuando se supo que la APG y la CPESC negociaban con el gobierno y que no marcharían con la CIDOB, se mostraron sonrientes quienes quieren ver dividido al movimiento indígena. Sin embargo, la CPESC se incorporó a la VII Marcha Indígena y, en verdad, los temas negociados por la APG no son de beneficio sólo de ella sino de todas las TCOs de tierras bajas y altas. Y es que las TCOs, que son propiedad colectiva, al convertirse en Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) corrían el riesgo se convertirse en algo así como “territorio libre”, expuesta y a merced de intereses de particulares, no sólo campesinos sino una diversidad de sujetos que no tienen nada que ver con las comunidades indígenas que demandaron dicho territorio. Esto no sólo es un riesgo potencial sino ya es un hecho en algunos territorios indígenas o en tierras comunales tituladas colectivamente; advenedizos –muchos de ellos vinculados con empresas- través de diferentes mecanismos se van “haciendo comunarios” con el único propósito de aprovechar los recursos naturales como la tierra, los recursos no maderables del bosque –castaña, cacao, plantas medicinales, palmito, etc.-, maderas, recursos de caza y pesca, zonas de pastoreo, etc., sobre todo en tierras bajas y la amazonía. Por eso, a nuestro entender, el acuerdo de la APG con el gobierno para que sean las comunidades indígenas que las demandaron las únicas titulares del derecho propietario colectivo, es una salvaguarda para todas las TCOs y una contribución a las organizaciones indígenas.
Empero, no se puede desconocer que las tensiones generadas por posicionamientos en torno a la Marcha están afectando internamente a algunas de las organizaciones, como la CPIB.
Con todo, estas situaciones de tensión y cierta desarticulación de las organizaciones indígenas no es la primera vez que ocurre, ya en años anteriores la misma CIDOB tuvo crisis y riesgo de paralelismo, que lo supo manejar y superar. Consideramos que ahora también estará en condiciones de superar este eventual impasse.
3. Las demandas indígenas
Son varias las demandas que motivan la Marcha de los pueblos indígenas, nos referiremos a algunas de ellas:
El derecho a consulta, como se sabe, está incluido en el Convenio 169 de la OIT (Ley 1257) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley 3760). Consideramos que no tiene pertinencia siquiera el considerar o re-considerar este tema que en Bolivia está constitucionalizado. Entre los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos reconocidos por la Constitución, está el derecho a la consulta. El Art. 30, parágrafo II, punto 15 se indica que tienen el derecho: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. Asimismo, a participar de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
Igualmente en el Artículo 304, parágrafo I, la competencia exclusiva 21 indica “Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas [la Ley de Régimen Electoral, por ejemplo, les afecta], ejecutivas y administrativas que los afecten”.
Finalmente, en el Artículo 403. I. “Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios…”
Entonces, ¿qué más se requiere para proceder con la consulta en los temas y aspectos que afectan a los pueblos indígenas?
Antes que este tema esté constitucionalizado, ya hubo experiencias de pueblos indígenas que han logrado llegar a acuerdos por ejemplo con empresas privadas que tienen actividades económicas en territorios indígenas. Un caso conocido es el de las organizaciones guaraníes, que tuvieron que interrumpir en los años 2000-2005 la actividad petrolera en sus territorios y ejercer su derecho a la consulta y participación en las decisiones que afectan a sus territorios y en el monitoreo socio ambiental indígena (Heredia, 2004).
Entonces, no debiera haber duda para el ejercicio del derecho de consulta cuando se trate de actividades que comprometen los territorios indígenas o para tomar medidas legislativas que se pretenden aprobar en la Asamblea Legislativa; simplemente se debe cumplir con lo dispuesto por la Constitución.
No hay verdadera autonomía sin recursos económicos. Es también una demanda de las organizaciones indígenas que el Gobierno asegure recursos económicos para las autonomías, sobre todo las indígenas. Obviamente asignar competencias, roles y funciones implica la asignación o reasignación de recursos públicos para la implementación del proceso autonómico. Este tema no es nuevo, ya hace rato que se planteó la necesidad de llevar a cabo un nuevo pacto fiscal, pero no parece haber suficiente interés en ello porque es más fácil echar para adelante los problemas, que resolverlos ahora. En algún momento, será inevitable este nuevo pacto fiscal y es mejor trabajar en ello ahora que postergar para un futuro incierto, lo que podría dificultar la construcción de la institucionalidad de las nacientes autonomías.
Autonomías trascendiendo límites departamentales. Recuérdese que las demandas de autonomía regional (Norte amazónico, norte de Potosí, Chaco) se sustentaban precisamente en que la división político-administrativa no era adecuada ni funcional. Incluso con la Participación Popular se han constituido muchas mancomunidades y que funcionan hasta ahora (MANCHACO, MAMUNAB, El Caine, entre otros) como una respuesta a este problema de disfuncionalidad de la división político-administrativo en el país.
El Artículo 280 de la Constitución establece que las autonomías regionales no pueden trascender los límites departamentales, y no se dice nada explícito de la autonomía indígena sobre límites departamentales. Es más, el Artículo 290. I, indica: “La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley”. Por tanto si un pueblo indígena -como por ejemplo el pueblo guaraní que abarca espacios de tres departamentos-, pretende conformar una autonomía indígena originaria no parece estar yendo contra la Constitución. De todas maneras, si ese planteamiento estuviese al margen de la Constitución, seguiría siendo una demanda legítima; empero, no se lo debe plantear al Ministerio de Autonomías porque no tiene competencia para ello, sino a la Asamblea Plurinacional, y según los mecanismos de modificación que prevé la misma carta magna.
¿Estatutos por normas y procedimientos propios o por referéndum? Otra de las demandas de las organizaciones indígenas que marchan es que la aprobación de los estatutos autonómicos se realice por normas y procedimientos propios y no por referéndum. Este tema es más complejo y tiene varias aristas. Partimos de la constatación que la mayoría de los territorios indígenas y TCOs son multiculturales –ciertamente también con terceros ganaderos o grandes propietarios de la tierra en medio, en algunos casos- y más bien son pocos los que no son multiculturales. Incluso en algunas de ellas existen centros poblados. Entonces ¿cómo plantearse una autonomía indígena sin considerar esta composición multicultural? Pero por otro lado, la duda, incertidumbre o riesgo que los pueblos indígenas queden nuevamente relegados en su propio territorio, es real.
Probablemente este tema está planteando que los espacios territoriales indígenas multiculturales son espacios donde se pueden encontrar o colisionar las tres formas de democracia establecidas en la nueva Constitución: representativa, participativa o directa y comunitaria. El reto entonces es cómo combinar adecuadamente los derechos colectivos de unos con los derechos individuales de otros siempre en procura de fortalecer la democracia, la convivencia intercultural y evitando discriminaciones de todo tipo.
Estas dificultades y tensiones ratifican que la implementación de las autonomías en el país es, debe ser, un proceso de construcción colectiva y no de imposición de unos u otros. Por eso en unos casos podrá ser mediante normas y procedimientos propios y en otros mediante referéndum.
Escaños indígenas en la Ley Electoral. Siempre pueden presentarse argumentos en la Asamblea Legislativa para ampliar o restringir la cantidad de escaños a los pueblos indígenas en condición minoritaria. Como se sabe, la CIDOB demandó el año pasado 18 escaños indígenas en el marco de la Ley Transitoria Electoral, que fueron rechazados por el Parlamento de entonces; el partido de gobierno propuso 14 escaños, finalmente la tozudez de la oposición de entonces pudo más que el oficialismo y logró otorgarle 7 escaños para las elecciones de diciembre pasado. Hoy en un contexto totalmente distinto y con una mayoría de dos tercios el partido de gobierno -pese a que había comprometido revisar este número cuando se esté elaborando la Ley- ratifica los siete escaños; consideramos que por lo menos por coherencia con su propuesta del año pasado debiera abrir el debate acerca de este tema. El planteamiento de ampliar el número de escaños indígenas es pertinente y necesario. Se han sugerido varias alternativas: once, catorce… pero mantener el número actual es mezquino y discriminante.
Tierras fiscales para pueblos indígenas. Otra de las demandas de la marcha es “la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, que no tienen tierra y los que las tienen insuficientemente”.
Como ya dijimos en otro artículo (Cipcanotas, julio 2009), efectivamente se debe atender –como dice la Ley 3545, y se puede ratificar en la futura nueva Ley de Tierras- primero las necesidades de los pueblos indígenas y campesinos del lugar; pero también se debe atender la demanda y las necesidades de familias originarias, campesinas o indígenas de otras regiones del país.
Como establece el artículo 395 de la Constitución: “Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas...” Es más, según el artículo 402 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de “Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaría y producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente”. Obviamente, dichos asentamientos humanos deben garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica del medio.
Sin embargo, consideramos que las tierras fiscales y su distribución son una parte de la problemática, el tema principal es, o debiera ser, superar la persistencia del latifundio y la inequitativa distribución de la tierra en Bolivia, tema que seguirá presentando los mayores retos al actual gobierno.
(*) Lorenzo Soliz es Director General de CIPCA y Claudia Vedia es Comunicadora CIPCA y miembro del equipo de la Unidad de Acción Política (UAP)

Ley Electoral y minorías indígenas

Escrito por Xavier Albó (*)
El proyecto de Ley del Régimen Electoral ya tuvo el OK del Senado. Puede que antes de que se publique esta columna ya esté aprobada y promulgada. Pero reclamo que previamente se respete el derecho constitucional de las minorías indígena originarias a la consulta previa informada y mediante los procedimientos apropiados cuando una medida legislativa les afecte (CPE art. 30.15). Así ocurre con sus circunscripciones especiales.
Cuando la Ley Transitoria del 2009 rebajó sus escaños especiales de los 14 concertados a sólo 7, se les dijo que tuvieran paciencia, pues era lo único negociable con la oposición y urgía tener una Ley. Ahora se trata ya de la Ley fundamental y – sin previo diálogo con los más afectados – aparecen de nuevo sólo 7 (art. 57).
Reiterando mis cálculos de entonces, censo en mano, aquella decisión afectó a Beni (con un 25% de indígenas de 18 naciones o pueblos) y a Santa Cruz, con un 19% de 6 pueblos, pues, su único diputado especial indígena equivale a sólo el 11% de los diputados del Beni y al 4% de los de Santa Cruz (LR 3-V-2009). Era la discriminación negativa de siempre, contraria al espíritu del art. 146 de la CPE. Habría que añadir 1 para Chuquisaca, ahora con 0 escaños para sus 14.000 guaraníes, y quizás 2 a La Paz para asegurar siempre a un afroboliviano y otro para sus 5 minorías indígena originarias. Tal vez consciente de ello, el MAS incluyó a un plurinominal guaraní en Chuquisaca. Pero la Ley debería institucionalizar lo que esa vez sólo fue una decisión política coyuntural. En la consulta previa la CIDOB podría negociar entre 9 y 11; pedir más sí sería exagerado, pues cada escaño especial debe ser restado del número total de diputados del departamento.
La CPE habla sólo de circunscripciones rurales y entonces las proporciones son menores pero siguen insuficientes, sobre todo porque el criterio censal de “rural” (lugares con menos de 2000 habitantes) no coincide con el espíritu constitucional de incluir a aquellas minorías que siguen en su territorio originario pero no a los emigrados definitivos a las grandes urbes. Al menos dos de los indígenas que hoy ocupan tales escaños provienen de sus centros urbanos en el corazón de su territorio: San Ignacio de Moxos y Urubichá (con 8.893 y 3.224 habitantes en el 2001), por no hablar de los muchos con doble residencia, en su territorio y en la ciudad, algo que hasta ahora ningún censo ha medido.
Es explicable que se acelere la aprobación de las primeras y principales leyes para aplicar la CPE antes del 22 de julio sin perder el tiempo en detalles secundarios. Pero el cómo se aborda el asunto con los implicados respetando su derecho a ser consultados no es algo secundario.
Lo es aún menos en relación a quienes, con su IV Marcha de 2002, despertaron al país sobre la necesidad de una nueva Constitución y ahora están marchando de nuevo con esta y otras varias demandas muy legítimas vinculadas a su cumplimiento. Puede que algunas sean exageradas o ya resueltas. Tampoco descarto que en esta marcha se mezclen intereses personales de protagonismo. Pero descalificarla como un complot es una mala lectura y peor estrategia. Todo podría resolverse al tiro con un cordial acercamiento, como se hizo ya con la APG.
(*) Xavier Albó es antropólogo, lingüista y jesuita.

El peligro de la corona de frutas

Julio Peñaloza Bretel
http://juliopenalozabretel.blogspot.com/2010/06/el-peligro-de-la-corona-de-frutas.html


Luego de una larga trayectoria vigorosa y combativa que ha motivado un record para el registro cinematográfico documental (el último cineasta que se preocupó por su influencia fue nada menos que Oliver Stone), después de una primera gestión gubernamental a la que nadie podrá negarle la conquista de un revolucionario ensanchamiento de la banda de participación popular, algo le viene sucediendo al presidente Evo Morales que lo acerca más a la referencia pintoresca que a la del hombre de Estado. No sea que luego de decidir participar en la inauguración de la Copa del Mundo del Africa, reciba una corona de frutas en lugar de las llaves de visitante ilustre.
Estoy convencido que la cercanía de los despachos presidencial y vicepresidencial da lugar a que García Linera cuente con todas las condiciones para encimar exageradamente al "hermano Evo", y que su influencia en las últimas semanas haya sido perjudicial, si se tienen en cuenta las desmesuradas declaraciones del número dos acerca de las competencias, para él, ilimitadas del Estado en su intervención -y en su injerencia- en todos los compartimientos de la economía nacional.
A casi medio año de inaugurado el segundo período del MAS-IPSP, la contabilidad política nos dice que hay un indisimulable deterioro --y una ostensible diferencia-- en la calidad de la gestión pública a saber: Ministros con baja ejecución prespuestaria, empresa de hidrocarburos con rasgos más administrativos que innovadores, gestión minera errática en el tema de la explotación del Mutún, eliminación de la consulta a pueblos indígenas para la explotación de ciertas zonas del país con recursos naturales, innecesario arrinconamiento a opositores que de por sí no inciden en la institucionalidad, preeminencia de un sólo pueblo indígena por encima de los otros treinta y cinco en el diseño del Estado plurinacional, ostentación de poder y arrogancia de parlamentarios, ex líderes de movimientos sociales, ninguneo olímpico a referentes regionales de izquierda con proyección en el oriente y el sur del país, preocupantes señales de una pérdida de control de la lucha contra el narcotráfico y territorios autónomos de facto como Caranavi y Uncía en que se impone la barbarie.
Se nota en demasía la diferencia entre el primer y este segundo mandato de Evo Morales, y ahora que vuelver al ruedo Juan Ramón Quintana para convertirse en ministro de gobierno sin cartera, para el control y el contrapeso a las gobernaciones opositoras con el membrete de Macroregiones y Zonas Fronterizas, se espera que el Ejecutivo pueda encarar una reconducción proactiva en sus haceres, independientemente de lo muy mal que el ex ministro de la presidencia pueda caerles a los reelegidos líderes de la media luna y el extinto CONALDE.
Mucha ingratitud e inconsecuencia se ha notado en la jerarquía palaciega. Se dice, por ello, que esa sería una de las razones para que Ana María Romero de Campero no haya reasumido la presidencia del Senado. Que al haber quedado "abandonada" en un acto público se encontró con que su presencia podría resultarle tremendamente incómoda al Presidente de la Asamblea Legislativa.
Si Evo no hace como Paz Estenssoro que como jefe de Estado se puso muy por encima y por delante de los amenazantes y asfixiantes entornos, su gobierno está condenado a funcionar con la lógica camarillera que ha tumbado tantos proyectos en Bolivia. Nada más recordemos el más famoso, conformado por Félix Rospigliossi y Tamara Sánchez Peña que aislaron de la realidad al ya legendario Hernán Siles Zuazo durante el gobierno de la UDP.
El país que apostó por él, quiere al Evo que tuvo en las calles y las carreteras como su principal nexo para encarar sus acciones, y no al de un avión presidencial con sospecha de sobreprecio, o al de la sala de reuniones de la Plaza Murillo en la que seguramente se deciden soberanos disparates como el discurso de la Cumbre de Cochabamba sobre las propiedades nutritivas avícolas, o los peligros que contiene una gaseosa transnacional. Pintoreresco y omnipotente, o luchador social con esencia rural ¿cuál de los dos Evos le conviene a Bolivia? Será el propio Evo quien decidirá.